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EL PAÍS REVELA LAS INTERVENCIONES DE LOS CANDIDATOS A PRESIDIR LA AUDIENCIA NACIONAL | Los exámenes ante el Poder Judicial

Bermúdez: "El derecho de defensa no está garantizado por falta de medios"

Los aspirantes relatan al Poder Judicial las carencias y problemas del tribunal

El sector progresista del Consejo General del Poder Judicial resolvió ayer su división interna y apostará en el pleno del próximo jueves por el magistrado de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo Ángel Juanes para presidir la Audiencia Nacional. Juanes parece contar con votos suficientes para resultar elegido, aunque existen dudas jurídicas sobre si puede optar al puesto y su nombramiento, previsiblemente, será recurrido.

El Consejo añadió ayer dos nombres más a la terna de aspirantes aprobada por su comisión de calificación y de entre los cuales el pleno del órgano de gobierno de los jueces seleccionará al nuevo presidente. Los repescados a última hora son el presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, e Ignacio Espinosa, presidente del Tribunal Superior de la Justicia de La Rioja. Compiten por el puesto con Juanes; la magistrada de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Elisa Veiga, y el presidente en funciones de ese tribunal, Carlos Lesmes.

Los 11 candidatos al puesto expusieron ante los vocales su proyecto de gestión para el tribunal. Lo que sigue es un resumen de las principales intervenciones, que se celebraron a puerta cerrada y se grabaron "para dar transparencia al proceso", según el presidente de la comisión de calificación Manuel Torres Vela.

BALTASAR GARZÓN Juzgados especializados y un centro de formación

Doble revolución: organizativa e informática. Son las principales apuestas del proyecto de gestión con el que se presentó ante el Consejo Baltasar Garzón. El titular del Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia expuso su programa durante 49 minutos. Previamente entregó a cada uno de los asistentes un informe y un CD con su currículo y sus propuestas, pero no le bastó para superar la criba.

La apuesta más importante fue la especialización no sólo del personal, sino del organigrama del tribunal. Además de la creación de tres nuevos juzgados centrales de instrucción y tres nuevas secciones de la Sala de lo Penal -lo que entraría dentro de las competencias del Gobierno- el juez planteó la especialización de cada uno de ellos en las distintas materias que atribuye la ley a la Audiencia, lo que implicaría una reforma legal.

Así, tres de los nueve juzgados se dedicarían sólo a temas de terrorismo y justicia universal (genocidios y otros crímenes de lesa humanidad), otros tres sólo llevarían casos relacionados con la criminalidad organizada, mientras que los tres restantes se especializarían en delitos económicos y crímenes cometidos en el extranjero. Esa estructura se reproduciría en la Sala de lo Penal (dos secciones por cada una de esas materias). La séptima, que el juez llama "sección de garantías", tendría como cometido resolver los recursos provenientes de los juzgados "para evitar nulidades posteriores".

Esta nueva estructura ayudaría, según el magistrado, a acabar con los retrasos, "inaceptables en muchos casos", que provoca la complejidad de los asuntos, y que no sólo afecta a jueces, magistrados y fiscales, sino también "a todos los que participan en la investigación de los delitos": peritos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado...

El juez también propuso la creación del "Centro de Estudios de la Audiencia Nacional", un aula de formación por la que pasarían todas las personas que trabajen en el tribunal, "desde jueces y magistrados hasta personal de tramitación y gestión". Ese nuevo centro se dedicaría "al desarrollo de cursos, al intercambio con otros tribunales y con la fiscalía y a la formación de un fondo documental vivo" para esas actividades, según Garzón.

El otro eje de su programa fue la modernización informática, basada en la creación de "un repositorio centralizado" que contenga todos los procedimientos almacenados electrónicamente. Ese nuevo "sistema de gestión inteligente" facilitaría el acceso a la información y la coordinación con otros organismos fundamentales en el trabajo diario como la fiscalía, los ministerios de Justicia o Interior, Interpol y Europol, la Agencia Tributaria...

JAVIER GÓMEZ BERMÚDEZ Hacia el proceso digital sin papel

Javier Gómez Bermúdez, presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y ponente de la sentencia del 11-M, desgranó durante 50 minutos sus planes. Se centró en una revolución tecnológica de la Audiencia para suprimir el papel de todos los procesos y sustituirlo por el "soporte digital". Bermúdez llegó a decir que el "ejercicio efectivo del derecho a la defensa no está garantizado" con los sumarios en papel, lo que exige una modernización para permitir incluso que los abogados puedan acceder desde sus despachos, mediante una clave, a los documentos procesales. "En el 11-M, con este sistema, se produjo un ahorro de seis millones de copias y muchísimas horas de trabajo".

Respecto a la situación de los edificios que albergan la Audiencia (hay cinco sedes distintas) defendió la necesidad de una modernización para lo que no era imprescindible un inmueble único. Bermúdez relató que la situación de la sede principal de la Audiencia va camino del desastre con archivadores por los pasillos, cableados que cruzan los despachos, blindajes anticuados o armarios no están anclados. "La seguridad interior en la sede de Génova es nefasta. Hay un mismo acceso para el público y para abogados o procuradores. Debería haber accesos distintos para los profesionales", señaló.

Respecto a la formación de profesionales del Derecho, Bermúdez defendió la retransmisión de los juicios en directo para que se pudieran ver desde los colegios de abogados, las universidades y otros centros de enseñanza. Y planteó un reproche a la existencia de jueces suplentes o en comisión de servicios, como él estuvo cuando llegó por primera vez a esa institución. "No debería haber magistrados suplentes en la Sala de lo Penal", señaló. "Lo idóneo es que todos los jueces de la Audiencia fueran titulares de plantilla".

El presidente de la Sala Penal apostó por crear un protocolo de gestión de crisis donde un gabinete formado por el propio presidente de la Audiencia, otros magistrados e incluso vocales del Consejo del Poder Judicial definieran la estrategia de comunicación ante procesos judiciales que provoquen gran controversia. Y abogó por unas relaciones con la prensa basadas en la transparencia y la neutralidad.

También defendió el uso de las lenguas cooficiales por parte de los acusados que se defienden en un juicio y la necesidad de una mayor especialización e impulso del área de la Audiencia dedicada a los delitos económicos. "Hay 50 que están a punto de prescribir", señaló al finalizar su intervención. Antes había alertado sobre las plantillas de funcionarios en la Audiencia Nacional. "Cada año se nos van entre el 50% y el 70% en los distintos concursos que se convocan".

ÁNGEL JUANES "Acercar la Audiencia a la realidad social"

El candidato con más posibilidades de convertirse en presidente, Ángel Juanes, desgranó su proyecto durante 20 minutos y sólo fue preguntado por uno de los vocales. Tras detallar su currículo, el magistrado progresista de la Sala Militar del Supremo comenzó su exposición apostando por dotar de medios el tribunal para luchar de forma eficaz contra el crimen organizado y el terrorismo y potenciar la proyección internacional del órgano que aspira a presidir con la presencia de magistrados en foros internacionales, pero "respondiendo a criterios de transparencia" y no a "amiguismos de ninguna clase".

El magistrado centró buena parte de su intervención en la política informativa de la Audiencia y señaló como uno de sus retos la potenciación de este aspecto: "Se trata de acercar a la Audiencia Nacional a la realidad social, darle una imagen de cercanía, de mayor proyección social y por tanto habría que potenciar al máximo la labor informativa y de transparencia y de acercamiento a la sociedad por parte de un organismo vital para el funcionamiento del Estado", dijo. Juanes indicó, no obstante, que entre sus principales ocupaciones estaría evitar las filtraciones "que tanto daño hacen a la imagen de la justicia y que producen perjuicios irreparables hacia las personas que aparecen reflejadas".

En su proyecto, el magistrado del Supremo también incluyó las normas de reparto de los casos entre los jueces de la Audiencia "para evitar cierta literatura falsa" que se puede dar actualmente. En su opinión, "sería positivo dar transparencia a estas normas de reparto para que la sociedad supiera realmente en virtud de qué criterios" se atribuye un asunto a un juez y por qué no a otro.

Juanes se refirió también de forma amplia al problema del incumplimiento de las ejecutorias de las sentencias, que "preocupan no sólo al Consejo sino también a la sociedad (...) no solamente por los sucesos acaecidos", dijo en relación al caso Mariluz, "sino porque responde a un proyecto vital de entendimiento de la justicia". También planteó que en caso de ser elegido abordaría la informatización y la falta de espacio de la Audiencia. "Hay que ir a la Sala de lo Penal para ver en qué condiciones está", subrayó.

ELISA VEIGA Control de la información a los medios

Elisa Veiga no le mencionó directamente, pero su contrincante Baltasar Garzón estuvo muy presente en la presentación de su candidatura. La magistrada insistió varias veces en la fuerte "repercusión mediática" de la Audiencia Nacional, un "tribunal estratégico" a través del cual los ciudadanos se forman su opinión sobre el funcionamiento de la justicia en general. Destacó como cualidad más importante del futuro presidente de la Audiencia "la prudencia" y propuso que "con independencia de la libertad de expresión de los jueces", se potencie el gabinete de prensa para "canalizar" es decir, controlar, toda la información que sale de sus cuatro paredes.

La magistrada recordó que los jueces de la Audiencia no siempre habían dado respuestas judiciales en tiempos razonables, llegando, en casos, a prescribir algunos delitos, y prometió que como presidenta haría todo lo posible para que quienes ejercen la jurisdicción se dediquen "exclusivamente a la jurisdicción". Era otra alusión encubierta a Garzón, cuyos conferencias en el extranjero han acaparado portadas desde que presentó su candidatura.

Veiga propuso, además, que se reforzara la formación específica de los magistrados, especialmente los del área Contencioso-Administrativa en continua relación con organismos reguladores (Comisión Nacional de la Energía, Comisión Nacional de Telecomunicaciones) para que los jueces, que tienen que hacer las veces de "ingenieros y economistas", "puedan entender a los peritos". Cuando un vocal le preguntó si la fórmula podía ser establecer una relación de colaboración con esos organismos, Veiga opinó que es la Audiencia quien los controla por lo que era delicado establecer ese vínculo.

Veiga también destacó la importancia de crear "protocolos de alarma múltiples" para reforzar el control de los presos preventivos y evitar "determinados incidentes muy comentados" y recordó las "dificultades" de algunos jueces en las peticiones de extradición para lo cual propuso crear un servicio especial en la Sala de lo Penal. La magistrada propuso promocionar los plenos no jurisdiccionales para unificar los criterios de los jueces de la Audiencia y la digitalización de todas las actuaciones judiciales -actualmente, en fase de proyecto piloto en la Sala de lo Penal- para que los jueces puedan manejar todos los expedientes, algo que hoy es "casi imposible".

CARLOS LESMES Auditoría permanente al tribunal

La Audiencia Nacional es el escaparate de la justicia española, porque está todos los días en los medios de comunicación. Buscar la excelencia de ese tribunal es dar una imagen de "modernidad y calidad" del sistema judicial español. Así lo manifestó ante los vocales Carlos Lesmes, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este órgano que ahora opta a la presidencia del tribunal (ahora la ocupa en funciones). Su discurso, por el momento, ha tenido éxito, ya que ha logrado entrar en la terna de la que el pleno del Consejo tendrá que seleccionar un nombre.

Para Lesmes, el presidente debe estar en continuo contacto con los jueces y magistrados del tribunal porque su papel es "auditar permanentemente el órgano para prevenir situaciones inadecuadas". El presidente de lo Contencioso también insistió en la formación del personal y en la modernización. El objetivo, según Lesmes, debe ser "el expediente digital" que permita tender a "la supresión del papel" y que permitiría a jueces y magistrados "trabajar en red" como otras administraciones.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 24 de marzo de 2009