El Cervantes y la Obra Pía

La sede del Instituto Cervantes en la plaza Navona es la envidia de los centros culturales de Roma. Situado a unos metros de la fuente de Los cuatro ríos de Bernini, por allí han pasado cientos de escritores y artistas, y miles de visitantes han asistido a exposiciones, conferencias, lecturas del Quijote. Ahora, el Cervantes está a punto de perder su sede, que ocupa desde hace 17 años. Su casero le pide 13.000 euros de renta y la crisis no le permite afrontar la estratosférica subida, pues hasta ahora pagaba 5.300 euros por ese local.

Lo extraño es que el casero del Cervantes, un organismo de Cultura y Exteriores, es una entidad gestionada también por el ministerio español de Exteriores: la Obra Pía-Establecimientos Españoles en Italia, anacrónica institución benéfica cuyos ingresos se destinan, entre otros píos fines, a mantener la Iglesia Nacional de España en Roma (dos millones de euros en 2008) y a pagar obras de caridad del Papa a través del Óbolo de San Pedro (20.000 euros el año pasado).

Embajador Vázquez: "Llevo el cheque dos veces al año. Me encanta escribir el talón: 'Páguese a Benedicto XVI"

La tricentenaria Obra Pía ha sido siempre fuente de roces e intercambio de favores entre el Estado y la Iglesia de los países a los que toca, España, Italia y Vaticano. Dueña de un ingente patrimonio inmobiliario en la zona más cara de Roma (cerca de 180 pisos y 80 locales comerciales), su falta de personalidad jurídica ha generado también arbitrariedades de todo tipo.

El embajador de España ante la Santa Sede, Francisco Vázquez, es por su cargo el gobernador de la junta que dirige la Obra española. El político gallego, católico y socialista preside -desde mayo de 2006- un patronato en el que figuran dos diplomáticos, subordinados suyos, y cuatro canónigos españoles destinados en Roma.

Hace siglo y medio, en la época de Garibaldi, la Iglesia española pidió al Estado que salvara el patrimonio de la Obra Pía, y la gestión pasó a la Administración. Hoy, el Gobierno español ha convertido la Obra en un instrumento más de la nueva política de acercamiento hacia el Vaticano y la Conferencia Episcopal. Sus ingresos (seis millones de euros en 2008) complementan con jugosas donaciones la subida del 34% en la recaudación fiscal obtenida a través del IRPF, gracias al aumento de la cuota para fines de la Iglesia Católica concedida por el Ejecutivo de Zapatero.

El caso del Cervantes refleja que Francia y España tienen dos formas muy distintas de entender la cultura. Mientras el Cervantes se dispone a irse, unos metros más allá, sobre la misma plaza, Francia ultima las obras de la nueva Escuela de Arqueología, que tendrá una sala polivalente y otra de exposiciones. El edificio fue comprado por el Ministerio de Educación francés en los años setenta a la Obra Pía francesa.

La Obra española ha sido abiertamente criticada por algunos diplomáticos de la otra embajada de nuestro país, la representación ante el Estado italiano. "No se entiende que Exteriores desaloje a un organismo suyo, y tan vinculado al interés general como el Cervantes, pidiendo una subida semejante", señala un miembro de esa otra sede diplomática.

Pero Vázquez, el embajador ante la Santa Sede, defiende que el criterio de pedir al Cervantes un precio de mercado está basado en la nueva política, decidida por el Gobierno en Madrid. "La prioridad de la Obra es cumplir con sus fines religiosos, benéficos y asistenciales", sostiene en su despacho de la romana plaza de España.

"Soy un embajador político, y hace tres años el Gobierno me pidió que mejorara las relaciones con el Vaticano y la Iglesia. Recibí ese encargo. Luego, la vicepresidenta (María Teresa Fernández de la Vega) me pidió ex profeso que dejara resuelto lo de la Obra, y lo he hecho. Ahora mando las cuentas a Moncloa, y están encantados. La Obra está saneada y se rige por criterios objetivos".

Vázquez ha ordenado la actividad arrendataria y constructora de la Obra con dos reglamentos, uno para obras y otro para alquileres, que sustituyen a las normas aprobadas en 2001, cuando Josep Piqué era el ministro de Exteriores. "Se trata de ser rentables, de evitar la discrecionalidad y de cumplir los fines", explica el actual embajador.

La paradoja es que los píos fundadores de la Obra establecieron, a principios del siglo XVIII, que esos fines serían tres: "Dotar a doncellas en apuros, socorrer a los peregrinos y ejercer el cuidado espiritual de las almas difuntas". Románticos ideales, poco o nada practicables hoy, que se recogen de forma genérica en los preámbulos de las normativas, vigentes desde otoño de 2008.

Antes, instituciones, diplomáticos y trabajadores desplazados a Roma tenían prioridad para alquilar los pisos de la Obra y pagaban precios casi simbólicos. El método era oscuro y producía agravios, pero reflejaba un espíritu más o menos laico: se pagaban las caridades, se ayudaba al Estado y a las empresas, y el bajo precio se justificaba porque la especulación nunca figuró entre los fines de la Obra. Ahora, el reglamento afirma que la prioridad del alquiler la tienen "las instituciones vinculadas a la Iglesia española" y "las instituciones y personas vinculadas a la propia Obra Pía". Para los demás casos, se establece un criterio basado en los precios de mercado. La norma incluye una referencia a las instituciones y trabajadores muy ambigua: "Se les podrá dar prioridad".

El embajador defiende que "los bienes de la Obra son de la Iglesia", y agrega: "Muchos diplomáticos creen tener derecho de pernada en la Obra. Pero, de eso, nada".

Según el Tribunal de Cuentas, que fiscaliza las cifras de la Obra, en 2003 España tenía la propiedad de 24 edificios históricos, con 191 pisos, 66 locales y 6 estudios. En 2008, afirma el embajador, "teníamos 78 locales y 180 viviendas alquiladas", y un tercio de los seis millones de ingresos fueron para la Iglesia: "Dos millones para la Iglesia Nacional de Santiago y Monserrat; 1,5 millones para gastos generales; 1,5 millones para conservación y obras; un millón para reservas para afrontar posibles indemnizaciones, 250.000 euros para obras extraordinarias", detalla Vázquez.

Choca la donación a Monserrat. En 2002, tiempos del PP, recibía sólo 39.000 euros. Vázquez apunta que el sueldo del rector -monseñor González Novalín- lo paga la Obra, "que además es quien le nombra", y agrega que la dotación incluye los gastos del Centro de Estudios Eclesiásticos, que beca y forma a curas españoles: "El 90% de los obispos españoles ha pasado por Monserrat".

Otra parte del dinero financia los gastos que generan el Panteón Español, las Hermanas de la Cruz y las Ancianitas Desamparadas. Y las dos iglesias españolas de Palermo. "Teníamos tres, pero una de ellas se la donamos, por cierto, al Cervantes", recuerda Vázquez. Sobre el Óbolo de San Pedro, cuenta que fue él mismo quien decidió colaborar con las obras de caridad del Papa. "Llevo el cheque dos veces al año. Me encanta escribir el talón: 'Páguese a Benedicto XVI". Otra curiosidad: la Obra tiene su cuenta corriente en el IOR, el Banco del Vaticano. "¿Dónde iba estar mejor el dinero?", se pregunta Vázquez.

Algunos diplomáticos se sienten maltratados por Eugenio Ruggeri, el director de la Obra. El cónsul, por ejemplo, vio atónito cómo le pedían 10.000 euros por un piso en la plaza Navona por el que el inquilino anterior pagaba un precio inferior a 2.000.

Ruggeri es un personaje cuasi mítico. Habita en una de las casas más bellas de la ciudad, donde vivió Italo Calvino. Yolanda, su esposa española, es la "directora artística" de la Obra, la mujer que ha definido el estilo de las reformas (siete millones de euros gastados entre 2002 y 2004). "Eso se ha acabado", afirma el embajador. "Ahora tenemos gran parte del patrimonio restaurado, y ya no hay obras ni claveles benditos".

En 2003, Exteriores pensó en dar otra personalidad jurídica a la Obra, como hizo con la Obra Pía de los Santos Lugares de Jerusalén. Se arrepintió y, seis años después, el sistema sigue siendo un híbrido. Gestión teóricamente pública, propiedad de la Iglesia. . "No conviene darle a la Obra personalidad jurídica", enfatiza Vázquez, "porque nos podrían quitar el patrimonio".