Protestas políticas
Algunos jueces y magistrados de Sevilla y provincia, pertenecientes tanto a juzgados unipersonales como a órganos colegiados, han anunciado que este próximo jueves se van a constituir en asamblea de trabajadores para decidir si van o no a la huelga el próximo 18 de febrero. Al parecer es una decisión que comparten con algunos titulares de juzgados de otras comunidades. Una decisión, faltaría más, que el Partido Popular en Andalucía, por boca de Javier Arenas, aprueba. No es mi intención en este momento dar una opinión sobre la legalidad o no del paro de unas autoridades que, al sonido de no sé qué flauta, deciden asimilarse a los trabajadores por cuenta ajena, como si además de contar con sus privilegios, contarán estos nuevos huelguistas con las notas de dependencia y ajeneidad que caracterizan el contrato de trabajo. Sí, en cambio, desearía hacer algunas reflexiones por cuanto me cuesta un esfuerzo extraordinario entender, desde cualquier punto de vista, que algunos jueces vayan a la huelga y que un grupo político, como es el PP-A, apoye el paro.
Así, la primera pregunta que me hago es qué sucedería si estos jueces fueran al paro y, ante determinadas reclamaciones o ejercicio de acciones frente a su decisión, otros jueces dictaran resolución declarando ilegal el paro. Puede ocurrir. Nunca han hecho los jueces huelga en España ni con Franco ni con Francisco Hernando de presidente, por lo que no sabemos. Si se declarara ilegal, pregunto, se actuaría contra los huelguistas como contra los trabajadores que participan en uno de estos paros, en los que estos mismos jueces les ponen de patitas en la calle o, por el contrario, se atenuaría la sanción por aquello de que todos van juntos de excursión. Se consideraría, al igual que en el caso de los trabajadores por cuenta ajena, que hay que distinguir entre cabecillas como el juez Velasco de la Audiencia Nacional, que en lugar de defender intereses profesionales ataca al Gobierno; o, por el contrario, como los jueces si saben de algo es de leyes se entendería que ninguno iba engañado, que la sanción por participar en un acto ilegal sería el mismo para todos sin la eximente de padre perdónalos porque no saben lo que hacen.
En cualquier caso, sea legal o ilegal, lo que más me preocupa, como a cualquier ciudadano salvo a Arenas, es que el equilibrio entre los distintos poderes del Estado pueda quebrar y cause indefensión a los ciudadanos. Después de todo el sistema político que hemos construido, éste se mantiene porque existe un equilibrio de fuerzas y una colaboración entre los distintos poderes. Equilibrio de fuerzas y colaboración que desaparece si uno de los que lo integran se sale del cauce establecido constitucional y legalmente, y ejerce a sus espaldas. No se puede ignorar que la actuación del Gobierno, cuyo control en general se realiza en sede parlamentaria, y la de las Cortes, en orden a la formación de las leyes y toma de decisiones, como poderes públicos, están sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (art.9.1 CE), siempre bajo la vigilancia de un poder judicial administrado por jueces y magistrados independientes, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Un sometimiento que, sin duda, caería en entredicho y con grave daño para el sistema democrático si parte de sus integrantes actuaran con la impunidad que les da su poder y la huelga, el paro, fueran ilegales.
A partir de este momento no sería posible confiar en el control de la legalidad de unas autoridades que no se aplican las mismas leyes que aplican frente al resto de la sociedad.
En cuanto a lo de Javier Arenas no hay mucho que decir conociendo al personaje en política. Su afán de arañar y desgastar al Gobierno andaluz le hace olvidar que en democracia la política la realizan fundamentalmente los partidos políticos, incluida la oposición mediante su labor de control, y no las asambleas de jueces. Sigue con esa visión de estrategia inmediata y mendaz que le autoriza a anteponer sus intereses -no los de su partido a nivel del Estado, que no apoya el paro- a los generales del Estado.
