¿Será usted un niño robado por el franquismo?

Cuando en el año 2006 publiqué mi novela Mala gente que camina, cuyo tema central es el de los niños robados por la dictadura a los vencidos de la Guerra Civil, muchos pensaron que la historia que contaba era inventada, o al menos que había exagerado las dimensiones de aquella tragedia. Ahora, la causa contra el franquismo iniciada por el juez Baltasar Garzón y abatida por el fuego amigo y enemigo del Gobierno y de los magistrados conservadores de la Audiencia Nacional les ha puesto un número a esos secuestros, al hablar de más de 30.000 niños segregados de sus familias y dados en adopción a personas afectas al Régimen o internados en centros del Auxilio Social, hospicios, conventos o seminarios, en donde se los reeducaba según los ideales del fantasmagórico Movimiento Nacional.

Más de 30.000 niños fueron separados de sus familias y dados en adopción a personas del régimen

Franco dictó dos leyes que daban la patria potestad de los niños al Estado

Como se ve, lo que se contaba en aquel libro era una recreación de la verdad, no un invento, ni mucho menos una suposición, pero esa certeza nos lleva a una pregunta que hoy día, tras más de 30 años de democracia, resulta hiriente: ¿cómo es posible que un drama de semejantes dimensiones se haya mantenido oculto tanto tiempo y que, aún hoy, se dificulte o prohíba su investigación desde las alturas del Estado de derecho? Tal vez sea porque esas alturas siempre están cubiertas por la nieve incontestable de la Transición, que con tanta eficacia decora, idealiza y cubre todo lo que está debajo de ella.

Garzón, que ha intentado salvar parte de su proceso inhibiéndose de él en favor de las salas de instrucción territoriales de toda España, ha remitido también la investigación sobre los niños perdidos a los juzgados decanos de Barcelona, Burgos, Valencia, Vizcaya, Madrid, Málaga y Zaragoza, que tendrán que decidir si los delitos que se pretende perseguir, y que el auto califica de "desapariciones legalizadas", son crímenes contra la humanidad, lo cual impediría que pudiesen prescribir. El juez sabe bien lo que dice y cómo decirlo, porque esa palabra, "legalizadas", es el centro del problema.

Los golpistas de 1936 no sólo pretendían exterminar a sus rivales, como demuestran las más de 150.000 personas enterradas en las fosas comunes que el Tribunal Supremo le impide abrir a Garzón, sino también erradicar su ideología. Para conseguirlo, pensaron en quitarles a los republicanos sus hijos para poder sembrar en ellos la doctrina nacionalsindicalista y el odio a las ideas de sus familiares. En esa ciénaga moral hicieron fortuna personajes como el militar y psiquiatra Antonio Vallejo Nájera, que había explicado en sus absurdos libros una teoría según la cual el marxismo es una enfermedad mental y contagiosa, por lo cual era necesario separar el grano de la paja, como les gustaba decir a los heraldos negros del Régimen. Cuando los hospicios del Auxilio Social, la organización caritativa fundada por Mercedes Sanz Bachiller, viuda del líder falangista Onésimo Redondo, se llenaron de huérfanos o hijos de presos, y las cárceles acogieron a cientos de mujeres embarazadas o con menores a su cargo, los ladrones de niños tuvieron lugares de sobra donde escoger su botín. Para que el asunto se revistiese de esa legitimidad de la que habla Garzón, al poco de acabar la guerra Franco dictó dos leyes, según las cuales la patria potestad de todos los niños que entraban en el Auxilio Social pasaba a manos del Estado, que de esa manera podía cambiarles el nombre y entregarlos a quien quisiese. A otros se los llevaban recién nacidos, horas antes de fusilar a sus madres, de centros como la Prisión de Madres Lactantes de Madrid, que habían montado junto al río Manzanares. Y a muchos los fue a raptar al extranjero el Servicio Exterior de la Falange, a menudo, a los campos de concentración donde habían ido a parar los exiliados. Según datos recopilados por el historiador Ricard Vinyes, de 32.037 niños enviados por sus padres al exterior fueron repatriados 20.266.

Con los años se han ido reuniendo numerosos testimonios de los supervivientes de aquel horror, unos esbozados en libros pioneros como los de la militante comunista Tomasa Cuevas, y otros debidos al trabajo de historiadores como Miguel Ángel Rodríguez Arias, reciente autor de El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad, o el propio Vinyes, que ha asesorado a Garzón y que fue el inspirador del documental Los niños perdidos del franquismo, realizado por Montse Armengou y Ricard Bellis, que puso sobre la mesa ese espanto que sigue entre nosotros, porque como señala Garzón, "las víctimas (los hijos y algunos progenitores) podrían estar vivas".

¿Cuántas personas de este país no son quienes creen ser ni vienen de donde creen venir? Según los datos que obran en el sumario, la cifra de hijos de presas tutelados por el Estado llegó en 1955 a casi 31.000, tal y como le comunicó al propio Franco el Patronato Central de Nuestra Señora de la Merced para la Redención de Penas. Algunas víctimas recuerdan haber sido entregadas en adopción y devueltas por quienes se los habían llevado hasta cuatro veces, y haber tenido, por tanto, cuatro apellidos diferentes. Y en un documento interno de Auxilio Social se reconoce que el asunto se les está yendo de las manos, porque muchos no se llevan a los niños para criarlos como hijos, sino para trabajar en sus tierras o sus casas prácticamente como esclavos.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica le ha pedido a Garzón que ordene de inmediato que se hagan pruebas de ADN a las víctimas, alegando su edad, porque esa urgencia justificaría que se ocupase del asunto la Audiencia Nacional, y argumenta que aunque la Sala de lo Penal declaró que Garzón no es competente para investigar el genocidio franquista, dejó abierta la puerta a la realización de pruebas inaplazables para averiguar el delito. Para demostrar que el tiempo se acaba, la ARMH recuerda a dos mujeres, Emilia Girón y Marina Álvarez, que murieron el año pasado sin llegar a encontrar a su hijo y a su hermana, y pide que se evite que eso ocurra en otros casos, los de Agustina Gómez, de 100 años, Julia Manzanal, de 93, y los hermanos José y María Setefilla Sánchez, de 75 y 73, que también buscan a sus familiares. Además, consideran clave el testimonio de Trinidad Gallego, de 95 años, que ejerció de matrona en varios penales, por lo que puede dar fe de cómo los niños eran robados a sus madres.

Será difícil que la iniciativa prospere, porque nuestro país se ha acostumbrado a considerar el abandono que sufren muchos represaliados por la dictadura una especie de mal necesario, cuando no a verlos a ellos como una presencia molesta que enturbia la imagen luminosa que la admirable democracia española quiere dar de sí misma, y olvidando en ocasiones que su meta no es parecer infalible, sino ser justa. ¿Seré yo una niña o un niño robado a mis padres por la dictadura? Esa pregunta se la podrían hacer muchas personas que tal vez sospechen de su pasado, hoy mismo, mientras se arreglan frente al espejo, y no es bueno que su país no quiera responderles.

Benjamín Prado es escritor.