Touriño pide a los conselleiros "rebajar la tensión" sobre el concurso eólico

El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, evitó añadir ayer más leña al conflicto abierto en el seno de su Gobierno por la adjudicación de 2.325 megavatios de energía eólica y que ha enfrentado a varios conselleiros de PSOE y Bloque. "Hay que rebajar tensiones y entender el procedimiento", reclamó el jefe del Ejecutivo, partidario de no verse "envuelto como presidente" en el cruce de declaraciones de los últimos días que llevó al titular de Medio Ambiente, el socialista Manuel Vázquez, a denunciar públicamente que la Consellería de Industria había bordeado la legalidad con el concurso público.

En su afán por poner paz, Touriño avaló las gestiones realizadas por el departamento nacionalista que dirige Fernando Blanco "cubierta de manera bien eficaz por Industria". A renglón seguido, matizó la importancia de esa tramitación y volvió a insistir en que él mismo tendrá la última palabra sobre la instalación de cada parque. "Conviene entender el procedimiento y ahora se abre otra fase en la que las empresas presentarán sus proyectos a la Administración que deben ser informados por Medio Ambiente, Economía [departamentos ambos que gestiona el PSOE] y Medio Rural. Al final, el Consello de la Xunta de manera colegiada como es su obligación autorizará o no y en qué condiciones porque este es un país reglado en el que la ley funciona". El jefe del Ejecutivo no quiso hacer sangre con la decisión de sus socios de repartir los parques antes de trazar un nuevo plan sectorial. Se limitó a subrayar que en todo caso, también el futuro marco normativo deberá ser avalado por su Gobierno.

Unións Agrarias insiste en que el beneficio revierta en los vecinos

"Lo que me sorprende es tener que insistir con tanta frecuencia en esto porque el procedimiento ya se aplicó en el plan acuícola y tantos otros proyectos sectoriales y esta fase no se la inventa el presidente es así porque lo manda la ley", volvió a advertir Touriño, apenas unas horas después de que el propio Fernando Blanco pusiese en duda la capacidad del Consello de la Xunta para enmendar las adjudicaciones energéticas.

Con todo, el jefe del Ejecutivo circunscribió la crisis a un intercambio de opiniones "como sucede en cualquier gobierno en el que el responsable medioambiental no tiene por qué coincidir con lo que opina el responsable empresarial".

Pese al toque de atención, socialistas y nacionalistas están lejos de acordar una posición conjunta en el reparto de los megavatios. Después de que el portavoz parlamentario del BNG, Carlos Aymerich y el conselleiro de Medio Ambiente intercambiasen durísimas acusaciones en los micrófonos de la radio pública a última hora del lunes, ayer terció en el debate el sindicato Unións Agrarias, vinculado ideológicamente al PSOE.

En rueda de prensa, Roberto García, secretario general de la organización, lamentó que Industria haya desperdiciado una "oportunidad única" para que la economía del viento revierta en el desarrollo rural y sobre todo en los vecinos. Unións Agrarias enumeró los beneficios de las concesiones de cuya facturación total el Instituto Enerxético de Galicia se lleva "por nada" el 14,5%, otro 5,8% recae en los ayuntamientos que alberguen parques, a través de la Federación Galega de Municipios e Provincias, y sólo un 1,4% se destina a las comunidades de los montes que soportarán los perjuicios de los molinos.

El sindicato defiende un reparto distinto que otorgue a los propietarios de los suelos el 10% de los ingresos de la energía eólica de forma que se equiparen a los propietarios de solares en otros países de Europa.

Además, Roberto García abogó por introducir en la legislación un nuevo concepto denominado "solar eólico" que prime el valor de los terrenos con buenas condiciones de viento para que las administraciones valoren "su capacidad para generar electricidad y no simplemente una superficie rústica".

Unións Agrarias avanzó que persistirá en defensa de los derechos del rural en el plano jurídico e incluso con manifestaciones "en el caso de que persista esta situación de abuso". Sus críticas llegan después de que otra organización afín al PSOE, el colectivo ecologista Fegama, tildara de "aberración jurídica" la tramitación del reparto eólico.