El Superior aplica la doctrina europea y falla a favor de la autonomía fiscal vasca
La resolución favorable a la autonomía fiscal de la cuestión prejudicial (consulta) que el Tribunal Superior vasco planteó al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ya ha tenido un efecto directo en 17 casos que estaban pendientes. En todos ellos, el Superior ha fallado conforme a la sentencia europea de septiembre pasado. Euskadi cumple los tres requisitos establecidos en el caso Azores, que garantizaban la autonomía fiscal a una entidad infraestatal. El Superior ha rechazado así recursos de los gobiernos de La Rioja y Castilla y León y de la UGT riojana contra diversas normas forales.
Todas las decisiones tienen que ver con recursos presentados por la existencia en Euskadi de un Impuesto de Sociedades más ventajoso que el de territorio común. Entre los fallos se encuentran los relacionados con el tipo del impuesto.
La Rioja y UGT recurrirán la decisión ante el Tribunal Supremo
La resolución del Superior cumple con la salvedad que fijó la corte europea de determinar si en el caso concreto que se juzga se pueden aplicar los tres criterios del caso Azores: autonomía de procedimiento, económica e institucional. Ahora sólo cabe el recurso de casación ante el Tribunal Supremo. El Superior vasco señaló ayer que aún queda un caso pendiente de ser fallado.
Las sentencias motivaron una sucesión de reacciones políticas y empresariales. La más virulentas son probablemente las del Gobierno riojano y de la UGT de esta comunidad, que ya han anunciado que presentarán recurso ante el Supremo. Ambas se amparan en la sentencia del alto tribunal de 2004 que anuló buena parte del Impuesto de Sociedades vasco al ser considerado ayuda de Estado contrario a las normas de competencia de la UE. Sin embargo, la decisión posterior del máximo interprete de la normativa europea prevalece.
La vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, tildó la decisión judicial de "buena noticia" y pidió a socialistas, por su conexión con UGT, y a populares, en el gobierno de las comunidades de La Rioja y Castilla León, que no cuestionen más la fiscalidad vasca. Las tres diputaciones y la patronal Confebask se sumaron al entusiasmo generalizado. Todavía el Tribunal de la UE debe dictar sentencia sobre la devolución o no de las ayudas a la inversión fruto de los incentivos fiscales de los años noventa (vacaciones, minivaciones y crédito fiscal del 45% a las inversiones de más de 15 millones de euros).
