Selecciona Edición
Iniciar sesión
DOS NOTAS OFICIALES DEMUESTRAN QUE EL GOBIERNO DECIDIÓ MENTIR A LA OPINIÓN PÚBLICA | La guerra sucia contra el terrorismo

Aznar dio vía libre al paso por España de presos hacia Guantánamo y lo ocultó

El presidente del Comité Permanente Hispano-Norteamericano propuso que las escalas se realizaran en la base de Morón "por ser el aeropuerto más discreto"

"Se estima que el aeropuerto más discreto es el de la base de Morón y alternativo, Rota". El vicealmirante Manuel Calvo, presidente de la Sección Española del Comité Permanente Hispano-Norteamericano, no tuvo ninguna duda cuando, el 11 de junio de 2002, recibió con carácter urgente una consulta sobre la petición de Estados Unidos para que los aviones que trasladaban a prisioneros talibanes y supuestos miembros de Al Qaeda a Guantánamo hicieran escala en España.

El consejero político-militar de la Embajada de EE UU en Madrid, en su visita de la tarde anterior al director general de Política Exterior para América del Norte, Miguel Aguirre de Cárcer, se había mostrado indiferente sobre la conveniencia de que las escalas se realizaran en aeropuertos civiles o militares. Pero Aguirre de Cárcer le dijo, según hizo constar en su informe, que "sería preferible utilizar aeropuertos en bases militares, como Morón o Rota, en vez de aeropuertos civiles".

Hubo consultas urgentes de altos cargos de Exteriores, Defensa y Moncloa

El Ejecutivo sopesó las "consecuencias legales" de que algún preso fuera europeo

Se decidió que se daría una versión tergiversada si la prensa preguntaba

La Embajada de EE UU tuvo el 'sí' del Gobierno en menos de 24 horas

Para el vicealmirante Calvo, "el aeropuerto más discreto" era la base de Morón, a 56 kilómetros de Sevilla. La misma base donde, en la Guerra del Golfo de 1991, se desplegaron los B-52 que bombardearon Irak; y en la guerra de 2003, los bombarderos invisibles F-117. Se quería que los prisioneros trasladados a Guantánamo también se volvieran invisibles para los españoles.

Había motivos para evitar la publicidad. El Gobierno era plenamente consciente de la ilegalidad de estos traslados. "Considero [que] debe tenerse en cuenta la posibilidad de que alguna de las personas transportadas tengan nacionalidad europea y sopesar las consecuencias legales", escribió Calvo en sus comentarios a la solicitud del Pentágono. Tan escuetos como cargados de advertencias.

Además, no le fallaba la intuición. Uno de los 23 prisioneros que el 11 de enero de 2002 inauguraron el penal de Guantánamo, tras casi 24 horas de vuelo sedados y encadenados desde Kandahar (Afganistán), era un ciudadano británico, Feroz Ali Abbasi, y en ese momento España ocupaba la presidencia rotativa de la UE, lo que le ponía en una posición muy delicada.

Abbasi fue liberado en enero de 2005 y su abogado denunció que había sufrido torturas durante su reclusión en el penal de la isla caribeña.

Una de las principales preocupaciones del Gobierno de José María Aznar cuando recibió la solicitud del Pentágono fue evitar que pudiese trascender a la opinión pública.

El mismo 11 de junio por la mañana, Aguirre de Cárcer escribió al secretario general de Política de Defensa y mano derecha del ministro Federico Trillo, Javier Jiménez-Ugarte, para exponerle la situación. "La línea de información pública, en respuesta a posibles preguntas de los periodistas, podría ser que no está previsto que estos vuelos realicen escalas en territorio español, pero en caso de que solicitasen aterrizar por razones de emergencia, de conformidad con las normas de aviación internacional, se les autorizaría", escribió el director general de Política Exterior para América del Norte en una carta encabezada con el anagrama de la presidencia española de la UE (un toro).

Aguirre de Cárcer proponía escudarse en la confusión, inducida por la propia Embajada de EE UU en Madrid, entre un aterrizaje de emergencia (que nunca puede ser denegado) y una decisión de carácter político.

Pero lo que el Gobierno de José María Aznar debía tomar, en un plazo perentorio de menos de 24 horas, era una decisión política. La prueba de ello es que el Pentágono obvió el procedimiento ordinario previsto en el convenio bilateral de Defensa. En vez presentar la solicitud a través del Comité Permanente Hispano-Norteamericano, un organismo de carácter técnico, acudió a un cargo político: el director general de Política Exterior para América del Norte.

Tan consciente era Aguirre de Cárcer de la trascendencia del asunto que se traía entre manos que no se limitó a elevar un informe, clasificado como "muy secreto", al ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué. En su carta al secretario general de Política de Defensa, Aguirre de Cárcer le daba cuenta de otras gestiones que ya había realizado. "Sin perjuicio de que posiblemente el Ministro Piqué comente el tema esta mañana con el Ministro Trillo-Figueroa aprovechando el Consejo de Ministros [el 11 de enero de 2002 era viernes], tanto el secretario de Estado [Miquel] Nadal como Ramón Gil-Casares, con quienes despaché el tema anoche, eran lógicamente partidarios de contestar afirmativamente hoy a las autoridades norteamericanas".

Miquel Nadal era secretario de Estado de Asuntos Exteriores; Javier Jiménez-Ugarte, como ya se ha dicho, secretario general de Política de Defensa, y Ramón Gil-Casares, director del departamento de Internacional y Seguridad del Gabinete del Presidente del Gobierno y, en consecuencia, principal consejero de José María Aznar en asuntos de política exterior.

Así pues, en las frenéticas consultas que se efectuaron para contestar a la solicitud de la Embajada de EE UU para que los aviones que trasladaban a prisioneros de Guantánamo pudieran hacer escala en España intervinieron los más cercanos colaboradores del ministro de Asuntos Exteriores, del ministro de Defensa y del propio presidente.

La carta de Aguirre de Cárcer al secretario general de Política de Defensa concluía con una nota manuscrita que insistía en lo perentorio del asunto: "Convendría que habláramos antes del final de la mañana".

Al mediodía del 11 de enero, el Ministerio de Asuntos Exteriores transmitió su respuesta a la Embajada de EE UU en Madrid y ésta fue, como había vaticinado Aguirre de Cárcer, "lógicamente" positiva.

Atendiendo a las indicaciones del vicealmirante Manuel Calvo, se hizo saber que el aeropuerto designado para realizar esas escalas sería el "más discreto", la base aérea de Morón, y Rota como alternativo.

No parece que esta respuesta pillase por sorpresa al Pentágono. Según hizo notar el presidente de la Sección Española del Comité Permanente Hispano-Norteamericano, cuatro aviones de transporte C-17 de la Fuerza Aérea de EE UU estaban desplegados desde el 6 de enero en la base de Morón sin que tuvieran atribuida ninguna misión concreta ni tampoco hubieran reportado avería alguna.

Como sugirió el consejero político-militar de la Embajada de EE UU, su función sería servir como reserva en caso de que alguno de los aviones que transportaba a los talibanes y presos de Al Qaeda tuviera problemas.

Según los registros de control de tráfico aéreo de Portugal, el primer avión recaló en Morón el mismo 11 de enero de 2002. Según la documentación remitida por Defensa a la Audiencia Nacional, la primera escala se produjo el 2 de mayo. En tres años, 13 aeronaves sobrevolaron España camino de Guantánamo.

* Este articulo apareció en la edición impresa del Lunes, 1 de diciembre de 2008