La mala suerte del románico catalán

En agosto de 1907, Josep Puig i Cadafalch, Josep Gudiol y el fotógrafo Adolf Mas viajaron al valle de Aran y la Alta Ribagorça para conocer la arquitectura románica de estas comarcas. La expedición regresó con más de 250 imágenes y la descripción de 30 edificios. Cien años después, Santiago Alcolea, director de la Fundación Instituto Amatller de Arte Hispánico, ha vuelto a los edificios descritos en 1907 y, con el cuaderno de Gudiol en la mano, ha comprobado que este patrimonio se ha esfumado casi por completo. Ni pinturas, ni retablos, ni objetos litúrgicos. Según Alcolea, el 82% de los objetos descritos hace un siglo ya no están en su lugar original. Y lo que es peor: el 60% de ellos no consta que hayan desaparecido -durante la Guerra Civil muchas obras religiosas fueron destruidas-, pero tampoco se sabe dónde están.

Campillo destaca que la venta era legal, "otra cosa es su aspecto moral"

La desaparición de estas obras empezó a producirse poco después de la expedición de 1907 y fue una práctica consentida e incentivada por la propia Iglesia durante décadas, lo que provocó más de una polémica. Lo analiza el historiador Jordi Campillo (Puigcerdà, 1967) en su libro On ès la calaixera? L'espoli del patrimoni historicoartístic altpirinenc al segle XX, que se presentará el 4 de diciembre en el Museo de Historia de Cataluña.

Campillo ha tenido acceso a los fondos del Archivo Diocesano del Obispado de Urgell. Allí se conservan los expedientes gubernativos de enajenación de bienes religiosos-artísticos que demuestran que la Iglesia se vio inmersa en la venta de su patrimonio y describen el procedimiento que se seguía: el obispado recibía la petición de una obra de un anticuario o coleccionista, acompañada de una oferta económica. Se transmitía al párroco del lugar donde estaba la pieza y se le preguntaba por el estado y la repercusión social que tendría su venta. Si el informe era favorable, se iniciaba un proceso de peritaje, tras lo cual dos comisiones, la del Capítulo Catedralicio y la del Consejo Diocesano, decidían sobre la conveniencia de la venta. En caso de que los bienes fueran de un valor excepcional, se pedía autorización a la Santa Sede.

Expediente a expediente, Campillo ha comprobado que, entre otros muchos objetos, se vendieron la puerta de Alòs d'Àneu (Pallars Sobirà), el retablo gótico y una Virgen de Arcavell (Alt Urgell), un frontal de altar de Bolvir (Cerdanya) y las pinturas murales de Santa Maria de Boí y Santa Maria y Sant Climent de Taüll (Alta Ribagorça), vendidas éstas por 12.000, 35.000 y 5.000 pesetas, respectivamente.

Sin embargo, Campillo considera que no se puede hablar de expolio, sino de venta legal, que se ajustaba a las normas que recogía el Código de Derecho Canónico de 1917. Otra cosa sería el "aspecto moral de estas ventas", según el historiador, realizadas debido a la fuerte necesidad económica de estas poblaciones, a la imposibilidad de conservarlas y a la presión de coleccionistas y museos, muchos de ellos extranjeros

Para colmo, durante la Guerra Civil ningún pueblo del Pirineo escapó de los disturbios que se produjeron al principio del conflicto. Según Campillo, sólo el 20% de los bienes que quedaban en el obispado de Urgell en aquel momento se salvaron de la quema y no sufrieron daños.

Pero la mala suerte del románico catalán no acaba aquí. El historiador explica que en los años sesenta, tras el Concilio Vaticano II, se ordenó la retirada de los altares de las piezas que no eran de culto. Los parroquianos, ante el temor de que las ventas continuaran, impidieron que estos ornamentos salieran de las iglesias, por lo que las sacristías, sin medidas de seguridad, se llenaron de objetos e incluso en muchos pueblos se escondieron en casas particulares, donde puede quedar alguno. Después, el despoblamiento rural ayudó a que los ladrones itinerantes expoliaran a su antojo la mayoría de estas iglesias.