Otro vendaval argentino
La nacionalización de las pensiones pone en evidencia las dificultades del Gobierno para manejar las cuentas públicas
Juan Domingo Perón irrumpió en el vendaval de la nacionalización del sistema privado de pensiones que anunció el martes -por sorpresa y en plena crisis internacional- la presidenta de Argentina, la peronista Cristina Fernández de Kirchner. En un vídeo disponible en YouTube, el entonces presidente decía en 1973 que los sistemas estatales de pensiones no eran "eficientes ni seguros". El vídeo fue repetido en la televisión y la prensa de Argentina a propósito de una reforma que no sólo elimina el cuestionado régimen privado, sino que pone en evidencia las dificultades del Gobierno para pagar su deuda, convierte al Estado en accionista de empresas y reduce la liquidez en un mercado de capitales que ya era pobre y ahora será indigente.
La iniciativa no busca proteger las pensiones, según los expertos
Si el Congreso rechaza la medida se teme una suspensión de pagos
El proyecto de Fernández ha producido fuertes caídas en las Bolsas de Buenos Aires y Madrid, preocupada por el futuro de las empresas españolas en Argentina, pero aún no son claras sus consecuencias porque falta que se debata en el Congreso y que la Justicia resuelva las demandas que afiliados a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) emprenderán contra el Estado por presunta violación de la propiedad privada. "El dinero del sistema privado no es de las AFJP ni del Estado, sino de la gente", alerta Aldo Abram, de la consultora Ex Ante. "Por eso la reacción adversa del mercado", añade.
Enrique Dentice, profesor de la Universidad de San Martín, discrepa: "No hay confiscación. Las AFJP tenían baja rentabilidad e invertían en títulos del Estado argentino, que nadie quería, y por eso peligraban las jubilaciones futuras".
Hasta ahora los afiliados a las AFJP aportaban el 11% de su salario a una cuenta personal de ahorro y sus empleadores contribuían con el 15% al sistema solidario del Estado. Al momento de jubilarse, el contribuyente recibía una prestación básica estatal y una renta de acuerdo con lo ahorrado. Ahora, todas las contribuciones irán al Estado, y con ellas pagará las pensiones, como sucede en la mayor parte del mundo.
El Gobierno promete una pensión entre el 10% y el 30% mayor a la que pagan las AFJP. Los analistas consideran que puede ser así a corto plazo, porque los fondos de pensiones están sufriendo la crisis financiera internacional, pero en el mediano y largo plazo dependerá de la disciplina del Estado. "Todos los sistemas de pensiones son inestables porque dependen de la economía y la demografía", opina Juan Massot, profesor de la Universidad del Salvador.
Buena parte de los expertos considera que la medida no busca proteger las pensiones, como aseguró la presidenta, sino fortalecer una caja fiscal cuya debilidad quedó en evidencia con el anuncio. Como las AFJP habían invertido el 55% de sus 23.000 millones de euros en títulos públicos, la nacionalización de los fondos privados implicará que el Tesoro pasará a deberle dinero a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Si el Congreso aprueba la reforma, Argentina contará con el flujo del sistema privado -unos 4.500 millones de dólares anuales- para afrontar los vencimientos de capital e intereses por 11.000 millones en 2009.
Si el Parlamento rechaza la medida, algunos analistas temen que se produzca una suspensión de pagos, sólo evitable si se sacrifican reservas del Banco Central y ahorros del sector público.
La crisis financiera y económica internacional de los últimos meses ha depreciado las materias primas, incluida la soja, y el Gobierno busca alternativas para reemplazar la pérdida de ingresos del impuesto a la exportación de esa oleaginosa, clave para sostener el superávit fiscal, según Ramiro Castiñeira, de la consultora Econométrica. El Gobierno intentó atraer capitales anunciando que abonaría las deudas impagadas desde 2001 con el Club de París (grupo de 19 países acreedores, incluida España) y los tenedores de bonos que no aceptaron la quita de 2005, pero ambas medidas se postergaron por la crisis mundial. Una opción era recortar gasto, pero con el riesgo de desacelerar más la economía en 2009, año de elecciones legislativas. La alternativa fue la nacionalización de las pensiones.
La reforma golpea al mercado de capitales argentino porque las AFJP eran uno de sus protagonistas. El director de la Anses, Amado Boudou, prometió que ese organismo estatal financiará al sector privado. Criticadas por prestar poco a la inversión de largo plazo, las AFJP suscribían obligaciones negociables de grandes empresas y apostaban por fideicomisos que iban a financiar el consumo de electrodomésticos. Dentice coincide con Fernández en que el mundo se mueve hacia las nacionalizaciones del sector financiero, pero reconoce que en Estados Unidos, Europa o Brasil los Gobiernos han inyectado liquidez y Argentina hará lo contrario.
El Estado argentino ingresará dinero como accionista de empresas (incluidas filiales de firmas españolas) cuyas acciones habían comprado en Bolsa las AFJP. Tendrá participaciones en Gas Natural BAN (24,4%); Grupo Concesionario del Oeste (20,1%), de Abertis
; Central Costanera (12,7%), de Endesa; Metrogas (6,8%), participada por
Repsol YPF, y BBVA Banco Francés (6,6%).
Se tensa mientras tanto la relación entre Argentina y España, reconoce Dentice. Para empezar, desaparecen todas las AFJP (que emplean a 12.000 trabajadores), incluida la de BBVA, Consolidar.
La decisión de la presidenta argentina puede despertar desconfianza en los ahorradores que pese al corralito de 2001 volvieron a depositar pesos en los bancos. "Si se produce pánico", observa Massot, "la gente retirará sus depósitos y comprará dólares [tradicional refugio del ahorrador argentino], y el Banco Central no está en condiciones de sostener el dólar a 3,25 pesos, a no ser que esté dispuesto a perder todas sus reservas". Altas fuentes de la entidad confiesan que pueden soportar una demanda de dólares diez veces superior a la que sufrió en mayo (3.000 millones), en plena crisis rural.
Si la gente atesora dólares, consume menos, se profundiza la desaceleración del crecimiento económico y se estanca la creación de empleo, advierte Massot. Después de cinco años de crecer más del 9%, Argentina se expandirá en 2008 alrededor del 7%. En cambio, el crecimiento rondará entre el 3% y el 5% en 2009.
Ningún sistema funciona
Durante décadas los argentinos se quejaron de las magras jubilaciones que les pagaba el Estado y debieron demandarlo ante los tribunales para ganar algo más. En 1994, otro presidente peronista, Carlos Menem, creó el sistema privado de jubilaciones, pero poco a poco los fondos de pensiones fueron invirtiendo más y más en títulos públicos, por codicia u obligados, hasta que en 2001 Argentina suspendió pagos y cuatro años más tarde aplicó una fuerte quita sobre aquellos bonos. Y así el Estado volvió a intervenir en el sistema de pensiones, aunque fuera privado.
Como si no hubiese posibilidad de escapar de los malos manejos de los Gobiernos, los fondos de pensiones comenzaron a sufrir el año pasado la depreciación de los bonos en pesos ajustados por el índice de inflación, que el Gobierno de Néstor Kirchner empezó a rebajar. Y en 2008 los títulos argentinos siguieron perdiendo valor por el conflicto entre el Gobierno de Fernández y las principales entidades rurales, pero sobre todo por la tormenta financiera internacional. La crisis también perjudicó a las acciones argentinas, segunda mayor inversión de las AFJP, con el 11% de sus recursos. La rentabilidad del sistema de las AFJP fue en los últimos 12 meses negativa en un 2,25% en pesos, en un país donde la inflación supera el 20% anual. En el sistema financiero alegan que en el largo plazo son rentables.
Algunos argentinos que vieron perder en estos meses parte de los ahorros para la jubilación temen que ahora les siga yendo mal en manos del Estado. En 2007 se había dado a los afiliados a las AFJP la libertad de regresar al sistema estatal, de acuerdo con una ley impulsada por Kirchner. De los 11 millones de afiliados, se pasaron al Estado apenas 1,5 millones. Ahora los otros 9,5 millones, de los cuales sólo 3,5 millones pagan sus aportes, pasarán en forma compulsiva al sistema estatal. -
