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Educación no logra desactivar las movilizaciones contra Ciudadanía

Camps ordena mantener el sistema en inglés y no ceder a las protestas

El pulso se mantiene. El Consell que preside Francisco Camps persiste en obligar a que los profesores impartan Educación para la Ciudadanía en inglés. Los portavoces de la enseñanza pública, a su vez, no retroceden en su reivindicación de que se retire esa orden. La reunión entre los sindicatos de la enseñanza y los responsables de la Consejería de Educación acabó ayer sin acuerdo. El departamento que dirige Alejandro Font de Mora intentó desactivar las protestas convocadas a partir de esta semana mediante el anuncio de que modificará sus instrucciones para que no haga falta que estén presentes dos profesores en cada aula (el de Filosofía y el de inglés, cuya misión es traducirlo). En realidad, la modificación intenta sortear la última citación del Tribunal Superior de Justicia, que hace 7 días pidió "aclaraciones" sobre las "instrucciones para impartir Ciudadanía en inglés", basándose en que la suspensión cautelar parcial de la orden dictada por el propio TSJ afecta a este punto.

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De todas maneras, la consejería insistió en que la materia debe impartirse en inglés, pese al rechazo mayoritario de los institutos, y reiteró que se abrirá expediente a quienes se resistan a la Education for Citizenship.

Así, la respuesta del Consell al envite lanzado por la Plataforma per l'Ensenyament Públic, integrada por CC OO, STEPV y UGT, los directores de Primaria y de Secundaria, la confederación de padres, la federación de alumnos y Escola Valenciana que reclamaron el lunes libertad para impartir Ciudadanía en valenciano o en castellano, llevó a los sindicatos a abandonar la reunión y anunciar que se mantiene el calendario de protestas. Un calendario que incluso se recrudece con nuevas medidas, como la convocatoria de encierros nocturnos en todos los institutos hoy mismo. La iniciativa de las protestas surgió de las asambleas de profesores de Ciudadanía que el 2 de octubre advirtieron de que paralizarán la enseñanza pública si se expedienta a cualquier docente.

En definitiva, el presidente Francisco Camps, que se ha manifestado contrario a la implantación de Educación para la Ciudadanía como la mayoría del PP, ha ordenado mantener el inglés y "reforzar" la figura del traductor, pese a que esta fórmula ha sido rechazada por motivos "pedagógicos" por el 90% de los directores de los 363 institutos valencianos. Precisamente ayer, representantes de la permanente de los directores se entrevistaron de nuevo con la secretaria autonómica de Educación, Concha Gómez.La reiterada advertencia de la secretaria autonómica, Concha Gómez, de que los directores tienen que cumplir el Estatuto de la Función Pública y, en calidad de parte de la Administración educativa, deben acatar la ley o atenerse a las consecuencias de un expediente fue la gota que colmó el vaso. En ese momento, los portavoces de los sindicatos de la enseñanza pública, con la excepción de ANPE, decidieron abandonar la reunión que mantenían en la consejería.

Las tres centrales sindicales mayoritarias, STEPV, CC OO y UGT, justificaron su decisión ante la falta de "una respuesta positiva de la consejería para resolver el conflicto de Educación para la Ciudadanía". En la ruptura de las negociaciones pesó el hecho de que la Administración no se comprometiera a no iniciar ningún expediente contra el profesorado que imparta la asignatura en castellano o en valenciano, como ha pedido el 90% de los padres de 2º curso de ESO a través de recursos individuales.

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Los directores de los institutos de secundaria y lo sindicatos reaccionaron, ante lo que calificaron de "insensibilidad" por parte de Gómez y del director general de Personal, convocando para hoy mismo encierros en todos los centros, lo que supone un paso más en las convocatorias que de manera aislada habían aprobado algunos claustros en los últimos días

Vicent Baguetto, portavoz de los directores, calificó la reunión de "decepcionante", señalando que "la consejería entiende que no está claro cómo se tiene que dar la clase con un traductor y ha anunciado que va a detallarlo más". Baguetto subrayó el malestar existente entre los directores de instituto por el caos existente y "la falta de condiciones" para impartir Ciudadanía en inglés.

"La Consejería de Educación se ha enrocado y nadie se atreve a decirle al presidente Camps que se ha equivocado", señaló Vicent Mauri, del STEPV, que actuó de portavoz de los tres sindicatos firmantes del Manifiesto. Pero advirtió de que "si las nuevas instrucciones alteran las condiciones laborales de los docentes, no las firmarán".

Los directores, añadió, están "capeando el temporal como pueden" y "tragando sapos", por arriba (de los inspectores y la Administración), y por abajo, de los propios profesores de los centros, hartos de que por tercera vez desde que inició el curso el 16 de septiembre les cambien las instrucciones.

En la misma línea, CC OO también anunció que no entrará "a negociar ninguna instrucción que desarrolle una orden que está sub judice" y cuya anulación ha sido pedida ante el Tribunal Superior de Justicia. Y difundió la petición del TSJ a la consejería, el pasado 6 de octubre, a requerimiento de este sindicato, para que aclare si se está violentando la suspensión cautelar en lo referido al inglés.

Los encierros que ayer convocaron los sindicatos significan el pistoletazo de salida del mes de protestas y movilizaciones que comenzarán mañana con una "cadena humana" que rodeará el Palau de la Generalitat en Valencia y las sedes del Consell en Castellón y Alicante. Los manifestantes de Valencia quieren entregarle en mano al presidente Camps un Manifiesto sobre los retos de la enseñanza pública, firmado por directores, padres, alumnos y entidades culturales.

Detrás de la convocatoria celebrada ayer en la sede de la Consejería de Educación se halla la inquietud de la Administración ante la imagen que pueden representar 300 directores y miembros de los equipos directivos de los institutos asistiendo mañana a las diferentes movilizaciones frente a las sedes del Gobierno valenciano.

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