Astapa, un nombre erróneo para un gran caso

El último, o seguramente penúltimo, caso de corrupción destapado en la provincia de Málaga tuvo un bautizo erróneo. A la operación centrada en el Ayuntamiento de Estepona la Policía la denominó Astapa, creyendo que ese era el nombre fenicio de la localidad. En realidad, Astapa es la denominación romana de Estepa (Sevilla) y el topónimo original de Estepona es Astabbuna. Sin embargo, al margen de debates terminológicos, la Operación Astapa, como pasará a la historia, no deja de crecer. Tras la detención en junio de 25 personas, entre ellas el ex alcalde socialista Antonio Barrientos y otros siete concejales del PSOE y del Partido Estepona (PES, posgilista), además de técnicos municipales y empresarios de distintos sectores, la Policía ha reactivado el caso. En septiembre fueron citados a declarar tanto en Estepona como en Madrid al menos 17 personas más, casi todos empresarios y familiares de los arrestados en la primera fase. Todos ellos deberán prestar declaración en las próximas semanas ante la juez instructora del caso, Isabel Conejo, titular del juzgado de Instrucción número 2 de Estepona.

Barrientos sigue en prisión, al igual que los concejales posgilistas Juan Ignacio Crespo y Manuel Reina, y el ex jefe de gabinete de Alcaldía, José Flores. Durante estos meses, el nuevo alcalde, David Valadez (PSOE), quien puso a la juez sobre la pista de los casos de corrupción, ha entregado a la instructora numerosa documentación que permitirá ahondar en la investigación.

En los cajones del Ayuntamiento se guardan facturas sin reflejo en los presupuestos municipales por valor de 16 millones de euros. Una cantidad similar constituye el desfase encontrado por Hacienda en los ingresos urbanísticos previstos y los finalmente declarados. Las irregularidades han dejado de ser un rumor en el pueblo para convertirse en materia de investigación y en titulares de prensa. En estos días se ha conocido que el Ayuntamiento contrataba como empleados de "alta dirección" a jardineros y secretarias, que ediles ahora imputados alquilaban al Ayuntamiento locales de su propiedad, que un técnico de Urbanismo cobraba 2.000 euros por cada tasación falsa que certificaba en los convenios urbanísticos o que el ex alcalde Barrientos autorizó el pago de obras irregulares por valor de 1,2 millones de euros. Y, como dijo Juan Simón, un abogado imputado, "hay Astapa para rato".