Cuestiones seudoambientales
Ecologistas en Acción y la Asociación de Amigos del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar han sido condenados por el Juzgado de lo Penal 1 de los de Almería al pago de las costas en el procedimiento que instaron contra tres altos cargos de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
La sentencia, que pone fin a un proceso que ha durado más de ocho años, ha estimado que los querellantes -las referidas asociaciones- han actuado con temeridad y mala fe; que los delitos de los que acusaban en solitario, sin apoyo del ministerio fiscal, eran delitos imposibles; la especie protegida, la llamada androcymbium, no sólo no estaba en peligro de extinción sino que ni siquiera estaba protegida; había sido descatalogada por existir más de doce millones de ejemplares y, por tanto, no ha podido existir nunca delito contra el medio ambiente. Esta sentencia, al igual que otras resoluciones que se han dictado en esto últimos años, vienen a poner de manifiesto que en algunas ocasiones -no son pocas- se utiliza la Administración de Justicia como instrumento que sirve a fines bien distintos para los que está destinada. También, por mucho que cueste aceptarlo, que las respuestas ante un uso indebido de la misma, no van más allá del costo del proceso, obligando a las partes, que han sufrido la pena de banquillo, a soportar los gastos del proceso, la más de las veces muy superiores al importe de las costas que no siempre se cobran, amén del desgaste en su honestidad personal y profesional que, en el caso de personas públicas, trasciende al gobierno que las nombró y al grupo político al que pertenecen.
Es uno de los aspectos que pone de relieve esta sentencia y, ahora que de tantas y cuantas reformas se habla, no estaría nada mal, incluso puede que estuviera bien, que se empleara algo de tiempo en reflexionar sobre ésta y otras cuestiones similares. Es posible que, corporativismos aparte, pudiera aliviarse alguna carga en los juzgados, tan necesitados de alejar de la litigiosidad aquellos asuntos que sólo interesan, y no por razones de justicia, a quienes los plantean. Claro que para ello sería imprescindible que se aceptara en general que los delitos, cuando se cometen, afectan a sus autores; no se extienden ni a su familia ni a los grupos políticos a los que pertenecen o que les han nombrado. Es, como decía, una de las caras de esta sentencia.
La otra, que es de igual interés aunque diferente, es la que afecta a la defensa del medio ambiente y la actuación de esta defensa por organizaciones, como las que han planteado la querella de la que ha conocido este juzgado de Almería. En este sentido no creo que haya duda alguna que las asociaciones dedicadas a la protección del medio ambiente han venido y vienen realizando un trabajo de protección que ni la Justicia ni otros poderes públicos, por unas u otras razones, han venido atendiendo con generosidad y eficacia, pese a la gravedad y frecuencia de los atentados contra la naturaleza.
Al mismo tiempo, y éste ha sido otro de sus trabajos, han ido generando una mayor sensibilización en los ciudadanos y, como efecto mediato, en los grupos políticos mediante la incorporación generalizada de la defensa del medio ambiente en sus programas electorales. También en los poderes públicos, promulgándose leyes para una mayor protección penal y con la creación de una Fiscalía de Coordinación de Medio Ambiente y Urbanismo. No es poco. Tal vez, por esta razón, y sin olvidar el daño que se hace a personas concretas que se han visto sometidas durante años a un proceso sin razón y temerario, es necesario recordar el buen hacer en general de estas asociaciones. Su trabajo, y aún cuando desde el año 2006 la protección ambiental está especialmente encargada a un órgano del Estado, debe seguir en la línea que determinó su nacimiento. No puede caer en actuaciones, como las que han dado lugar a este proceso, que enturbien este objetivo. Lo contrario podría llevar a su desprestigio en general y no servirían de avanzadilla para intentar frenar el deterioro de una naturaleza cada vez más necesitada de protección.
