Agirre desmiente al Gobierno sobre la futura ley Municipal
Asegura que Zenarruzabeitia no consensuó el proyecto con él
El diputado general de Álava, el peneuvista Xabier Agirre, desmintió ayer a la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, y negó que el Gobierno vasco hubiera consensuado con la Diputación alavesa el proyecto de ley Municipal que el Ejecutivo aprobó y envió al Parlamento el 3 de junio pasado.
"La vicelehendakari dijo que era un tema consensuado con las tres diputaciones, pero sabe perfectamente que con este equipo foral, no", afirmó Aguirre en una rueda de prensa celebrada con motivo de su primer año al frente de la Diputación. Agirre añadió que no se da por aludido con la acusación de "grave deslealtad" realizada por fuentes de la Vicepresidencia del Gobierno, después de que tanto la diputación alavesa como la vizcaína recurrieran el texto a la Comisión Arbitral. En diez días ésta tiene que decidir si suspende la tramitación del proyecto de ley en el Parlamento.
"No hemos mantenido una sola reunión" sobre el asunto
Agirre dejó abierta la puerta a que el acuerdo se hubiera producido con el anterior gobierno de la Diputación, bajo el mandato del popular Ramón Rabanera. "No sé si se referiría al equipo foral anterior, con el que no sé si consensuó o no consensuó", sugirió. El gobierno provincial que preside, recalcó Agirre, no ha alcanzado ningún compromiso con Zenarruzabeitia. "No ha habido oportunidad de acordar nada: no hemos mantenido una sola reunión con el Gobierno vasco" sobre la cuestión, aseguró.
El anterior diputado general, el popular Ramón Rabanera, negó igualmente a este periódico que bajo su mandato se hubiera producido el consenso que la vicelehendakari reclama. "Ni siquiera se trató", precisó.
Agirre explicitó las cuestiones del proyecto que ofrecen reservas al gobierno foral y mostró su intención de defender sus intereses frente al planteamiento del Gobierno. "Hay aspectos importantes que debemos salvaguardar como institución foral", justificó. Como una discrepancia nuclear señaló la modificación en la distribución de los recursos destinados por las diputaciones a los ayuntamientos: hasta ahora era una "recomendación" del Consejo Vasco de Finanzas, mientras que, según el proyecto, sería un mandato fijado en su seno, cuya aplicación se atribuye además al Consejo Territorial de Finanzas, explicó. La segunda cuestión es el recorte de la autonomía foral en el ejercicio de sus competencias. La Diputación alavesa entiende que la nueva ley las somete todas a las directrices del Gobierno: no matiza que, como ahora, ese sometimiento sea sólo para competencias del Ejecutivo que la diputación ejecuta.
Todo anuncia un conflicto de alcance entre instituciones a cargo del mismo partido, el PNV. "Idoia es mi vicelehendakari, pero yo soy el diputado general de los alaveses y alavesas. Creo que lo tenía que hacer [recurrir el proyecto de ley] y lo he hecho", concluyó.
