El fiscal pide seis años para los ex presidentes de Ferrocarrils
Cuatro años y 10 meses de cárcel para Albert Vilalta y sendas penas de seis años de prisión para Enric Roig y Antoni Herce. Éstas son las penas que solicita el fiscal Fernando Rodríguez Rey para quienes fueron presidentes de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya durante la época de CiU. Se les acusa de los delitos continuados de prevaricación y malversación por el caso de las pensiones supuestamente ilegales que aprobaron y cobraron de espaldas al Consejo de Administración. La cifra total defraudada supera los 3,5 millones de euros.
El fiscal pide que los tres acusados devuelvan con intereses al erario público los 2.718.035 euros que percibieron, y en el caso de Roig, otros 39.306 euros en concepto de dietas cobradas indebidamente. Las primas beneficiaron a otros 13 cargos de la empresa, a los que el fiscal califica de partícipes del delito a título lucrativo y por eso también les pide que devuelvan el dinero a la compañía ferroviaria. Entre ellos figuran Albert Tortajada, Josep Lluís Arqués y Josep Verdaguer, que todavía continúan en nómina y que percibieron 105.240, 289.264 y 110.910 euros, respectivamente. Verdaguer es abogado y quedó excluido de sentarse en el banquillo al final de la instrucción judicial porque era quien debía haber advertido de la ilegalidad del cobro de las pensiones.
El plan fue suscrito el 10 de abril de 1991 con la aseguradora Winterthur y fue anulado en 2000. El fiscal explica que Vilalta no percibió ninguna cantidad cuando abandonó la compañía en 1991, pero precisa que era "sabedor de la improcedencia e ilegalidad" del plan, ya que "contravenía frontalmente la normativa presupuestaria en materia de retribuciones del personal de las empresas públicas". El fiscal recuerda que ese plan se diseñó "sin los preceptivos informes y autorizaciones" y que los tres altos directivos, "abusando de los cargos (...), decidieron aumentar injustificada e ilegalmente las retribuciones dinerarias". Roig fue el que más cobró (1,07 millones de euros en total). Herce le sustituyó en el cargo y se adjudicó 278.391 euros.
El fiscal expone que los tres formaban parte del comité de dirección de la compañía, un órgano no estatutario. Los tres acusados, prosigue el fiscal en su escrito de conclusiones provisionales, actuaron "con una incuestionable intención de ocultación", por no comunicar su acuerdo al Consejo de Administración. Cuando los ex presidentes testificaron ante el juez, invocaron la legalidad del plan y dijeron que formaba parte de una estrategia para cohesionar y fidelizar al equipo directivo.
El fiscal también solicita sendas penas de 27 años de inhabilitación para Herce y Roig, y una de 24 para Vilalta, que después sería consejero de Medio Ambiente en un Gobierno de Jordi Pujol y más tarde secretario de Estado de Infraestructuras en un Ejecutivo de José María Aznar.
Tras el escrito del fiscal, las defensas presentarán sus conclusiones y el caso será remitido a la Audiencia de Barcelona para celebrar el juicio.La denuncia inicial que ha motivado este proceso fue presentada ante la fiscalía por ICV cuando el tripartito llegó al poder. El fiscal creyó que había indicios de delito y se querelló en 2006 contra todos los beneficiarios del plan. Joaquim Nadal, consejero de Política Territorial, remitió el caso a la Sindicatura de Cuentas, que no se ha pronunciado.
