249 millones de fraude en 'leche negra'

Industrias y cooperativas lácteas cometieron ente los años 1997 y 2005 un gigantesco fraude a la Unión Europea, que un informe oficial del Ministerio de Medio Rural acaba de cuantificar en 249 millones de euros. Durante esos ocho ejercicios, el sector lácteo puso en el mercado ilegalmente 1,2 millones de toneladas por encima de la cuota que la UE asigna a España, según la documentación entregada por el Gobierno al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para incorporar al sumario de la denominada leche negra.

Ese informe, elaborado por dos peritos del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), un organismo adscrito al ministerio, revela cómo una treintena de sociedades y cooperativas, grandes y pequeñas, repartidas por todo el país se sirvieron de tres sociedades fantasma (El Churtal, SL; Lácteos Lemos, SL, y Sumlac, SL) para camuflar el fraude con facturas falsas, colocar sus productos en las tiendas de forma clandestina y evitar así la multa de Bruselas.

Un centenar de imputados en la trama denunciada por Arias Cañete

El método utilizado lo describió con toda claridad, antes de morir, el principal imputado en esta trama, Pedro José Merediz Blanco, representante de las sociedades El Churtal y Lácteos Lemos, en su escrito de alegaciones al juzgado.

Explicó la doble contabilidad que sus dos empresas procuraron a las industrias a cambio de comisiones que rondaban los tres céntimos de euro más IVA por cada litro de leche blanqueado. Los albaranes de estas sociedades tapadera servían a las compañías lácteas para aglutinar en una sola factura, ya legal, sus compras declaradas a los productores y las que realizaban fuera de cuota.

Entre las empresas señaladas por el Ministerio de Medio Rural figuran importantes grupos lácteos como Puleva, Corporación Alimentaria Peñasanta (Capsa) o Comercial Láctea de la Selva, SL, las tres que más habrían defraudado, según los peritos oficiales. En el listado aparecen también cooperativas de productores como la Sociedad Nuestra Señora de Alcantarilla de Andalucía, y otras 28 firmas entre las que también están marcas muy conocidas como Leche Pascual y Clesa.

La prueba pericial incorporada al sumario que investiga esta multimillonaria estafa es en la práctica un juicio general a todo el sector -incluidas las autoridades que lo gestionaron entre 1997 y 2005- y, según fuentes cercanas al caso, derivará con toda seguridad en una sanción económica de la Unión Europea a España por la sobreproducción encubierta durante todo ese periodo. En 240 páginas, los técnicos del FEGA desentrañan un complejo entramado de sociedades interpuestas y las relaciones que productores e industrias transformadoras mantenían a través de tres compañías (El Churtal, Lácteos Lemos y Sumlac), sin experiencia en el sector y cuya "única actividad habría sido la emisión de facturas por ventas de leche no realizadas para eludir la relación personal con el hecho imponible de la tasa suplementaria exigida por la UE".

Y la misma conclusión ha extraído la Guardia Civil después de analizar los discos duros de los ordenadores que fueron incautados en varias sedes de los supuestos intermediarios. Tras analizar las hojas de cálculo de los ficheros informáticos, la unidad adscrita a la Fiscalía Anticorrupción del instituto armado, concluyó que tanto El Churtal como Lácteos Lemos "suministraban facturas a sus clientes y obtenían, descontados cobros y pagos, una comisión por litro expresado en la factura que oscilaba entre tres y cinco pesetas por litro más el 4% del IVA del volumen de leche cobrado a sus clientes".

Parte de ese dinero lo invertía Pedro José Merediz Blanco en las empresas inmobiliarias que controlaba su familia, mientras que el resto iba a parar a bancos suizos. La documentación en poder de la Guardia Civil acredita órdenes de transferencia de importantes sumas de dinero desde una sucursal de Marbella al Krediet Bank Suisse, con sede en Ginebra.

La trama, que fue denunciada en el año 2000 por el Ministerio de Agricultura que dirigía Miguel Arias Cañete, acumula un centenar de imputados, entre representantes de las compañías lácteas, de las cooperativas y de las sociedades que emitían las facturas. A petición de la Fiscalía Anticorrupción, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón llamó a declarar a directivos de la multinacional Danone y de otras empresas de la competencia como Puleva, Capsa, Prolaga y una veintena de cooperativas que operan en el sector. Sus testimonios constan ya en los miles de folios que acumulan las diligencias previas instruidas por la Audiencia Nacional.

El informe del equipo especializado de la Guardia Civil incorporado a las diligencias previas detalla con facturas, balances y movimientos de cuentas la magnitud del fraude operado por las sociedades investigadas. Pero el centenar de folios redactados por la brigada adscrita a la Fiscalía Anticorrupción es también un varapalo a la Administración por su incapacidad para denunciar una estafa que, según el instituto armado, se practicó durante años a la vista de todos.