Una juez del 'caso Alovera' pidió ayuda nueve meses antes del crimen machista
Los funcionarios decidieron pedir el traslado al enterarse de que el juzgado asumiría las competencias de violencia sobre la mujer en 2005. Y si lo que buscaban era trabajar menos, acertaron. El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Torrejón de Ardoz (Madrid) -el que no pudo evitar la muerte de la argentina Sylvina Bassani a manos de su ex marido, sargento del Ejército, el pasado 10 de abril- sufrió a partir de entonces (2005) una importante sobrecarga que llevó a pedir ayuda a su anterior titular, Gemma Fernández Díaz, nueve meses antes del asesinato machista. Lo hizo en dos ocasiones. Primero ante la junta de jueces de Torrejón (el órgano de gobierno de los juzgados de esa ciudad, del que Fernández formaba parte) y después ante el pleno del Consejo General del Poder Judicial.
Ante ambos organismos la magistrada desgranó los defectos de funcionamiento de su juzgado: su exceso de trabajo, la falta de medios y la inexperiencia de su personal. El órgano registró en 2006 más de 2.800 casos penales, de los que unos 200 tenían que ver con la violencia de género. En los seis primeros meses de 2007, los asuntos de maltrato iban ya por 211. "Sufrimos la tensión diaria de hallarse en funciones de guardia hasta las 13.30 horas debido a la necesidad de atender casi diariamente detenidos y solicitudes de órdenes de protección", avisó Fernández a la junta de jueces.
La juez, que se trasladó de juzgado en diciembre de 2007, reclamaba que la eximieran del resto de asuntos penales y civiles para poder concentrarse en los de violencia. Pero sus compañeros en la junta de jueces rechazaron la petición alegando que no podían asumir más trabajo y que sus juzgados también se encontraban atascados. Incluso insinuaron que los procesos de los que pretendía quedar exenta -querellas, intervenciones telefónicas, entradas y registros, juicios por accidentes de tráfico y procesos civiles de poca importancia- eran más complejos que los de violencia sobre la mujer. Pero la titular del Juzgado número 5 no se rindió y recurrió la decisión ante el pleno del Consejo General del Poder Judicial.
En su escrito, Fernández recordaba que contaba únicamente con nueve funcionarios, de los que seis eran eventuales, y por tanto inexpertos, debido a la huida de los demás titulares cuando el juzgado asumió las competencias de violencia. "La sobrecarga de asuntos que conlleva la violencia sobre la mujer impide que la tramitación sea todo lo eficaz que debiera", avisaba la juez. "En la mañana de hoy, por ejemplo, cuatro detenidos pasaran a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer", añadía la juez en su recurso, redactado el pasado 6 de julio.
Pero el Consejo, previsiblemente, también rechazará su petición. El vocal que estudió el recurso, Alfons López Tena (propuesto por CiU) así lo propondrá al pleno sin entrar en el fondo del asunto y basándose en un defecto formal: los miembros de las juntas de jueces no pueden impugnar los acuerdos de los órganos de los que forman parte.
Fernández estuvo al frente del Juzgado de Violencia de Torrejón entre el 7 de octubre de 2005 y el 9 de diciembre de 2007. A pesar de ser la titular, no fue la única que tramitó la orden de protección de Sylvina. Otros dos jueces la sustituyeron durante ocho meses debido a una baja por enfermedad y a su posterior maternidad.
