Ciudadanos y creyentes

La tensión entre la jerarquía eclesiástica y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no es una reedición inevitable del secular problema religioso en España. Los obispos que han izado la bandera del integrismo no tienen su problema principal con el Estado, sino con su propio ascendiente moral sobre los fieles. Hace tiempo que la sociedad española ha vuelto la espalda a los códigos de conducta que tratan de imponer algunos administradores de la fe, y la reacción de éstos resulta incongruente. En lugar de actuar de acuerdo con la radicalidad de su discurso y apartar de la Iglesia a los creyentes que recurren al divorcio, el aborto o el matrimonio homosexual, pretenden que el Estado les evite el trabajo derogando esas leyes para todos los ciudadanos, sean creyentes o no.

La radicalización de un sector de la Conferencia Episcopal Española ha encontrado respaldo en las directrices que emanan del Vaticano. El papa Ratzinger no ha sabido compatibilizar su condición de ideólogo con la de jefe de Estado, al que, entre otras cosas, cabe exigirle un escrupuloso respeto a los demás miembros de la comunidad internacional. Basta remitirse a los hechos: los encontronazos de Ratzinger no se limitan a España, sino que también se extienden a Italia. Incluso a otros credos, como sucedió con la fe musulmana después de su discurso de Ratisbona. Es inútil, por tanto, quejarse ante la Santa Sede por aquello que ella misma está alentando.

Frente a los planteamientos de los obispos más radicales, y del propio Vaticano, un Estado democrático como el que establece la Constitución de 1978 debe reaccionar reafirmando la libertad religiosa, de manera que los españoles que profesan la fe católica no se sientan bajo ninguna circunstancia en la tesitura de escoger entre su condición de creyentes y la de ciudadanos. Las instituciones les amparan en la profesión de su fe tanto como en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Pero un Estado democrático debe reaccionar, al mismo tiempo, con una estrategia inequívoca, acorde a la exigencia de aconfesionalidad y no sujeta a conveniencias electorales.

Ahí es donde se observa una falta de rumbo en el Gobierno, al haber mantenido los Acuerdos de 1979, por un lado, y subir el tono de las declaraciones al final de una legislatura de concesiones, por otro. O al haber aprobado un discutible sistema de financiación de la Iglesia para, después, amagar con que puede ser revisado si gana las elecciones. Tampoco el nebuloso silencio del Partido Popular es admisible. Mariano Rajoy ha dicho que no se peleará con los obispos si gobierna. Nadie desea la confrontación, pero lo que está en juego es si ese objetivo se logra por la vía de defender la aconfesionalidad constitucional o por el de ceder a las pretensiones integristas de algunos obispos. Como aspirante a la presidencia del Gobierno, Rajoy no puede declinar el uso de la palabra en este asunto.