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Tribuna:OPINIÓN

Quien contamina paga

Con la reciente aprobación de la esperada Ley de Responsabilidad Ambiental, apoyada en el principio de que "quien contamina paga", España se dota por primera vez en su historia de una normativa que pondrá precio al deterioro del medio ambiente y obligará al infractor a pagar por los daños ocasionados al entorno con el fin de repararlo.

Se trata, sin duda, de uno de los grandes logros de la legislatura en materia de protección del medio ambiente. La pena, la rabia incluso, es que hayan tenido que pasar casi 30 años y casos tan graves como los de Aznalcóllar, el Prestige o Flix, entre muchos otros, sin escarmiento.

Porque lo que acaba de aprobar el Parlamento obedece a lo recogido ya en el artículo 45 de nuestra Constitución, donde se establece que "los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente" y que "se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado" para quienes incumplan lo dispuesto.

La ley obliga a disponer de los recursos para hacer frente a posibles daños ecológicos

Insisto, 30 años para poner fin a la barra libre con la que se han venido manejando los especuladores del desarrollismo insostenible. Tres décadas de discusiones para decretar por ley que contaminar no es progresar y que no podemos expropiar a las generaciones futuras del entorno. Muy triste. Pero en cualquier caso, ya la tenemos aprobada y ya podemos recurrir a ella en contra del bandolerismo medioambiental.

Con la nueva ley en vigor, las empresas cuya actividad industrial pueda alterar el equilibrio o la calidad ambiental del entorno, aunque cumplan con la normativa vigente en materia de prevención, deberán demostrar que disponen de los recursos económicos necesarios para hacer frente a los daños ecológicos que pudieran ocasionar. Una responsabilidad que será, además, ilimitada.

¿Se imaginan la utilidad de esta ley en casos como el de la rotura de la balsa de lodos de la mina de Aznalcóllar en 1998? Aquel accidente, calificado como uno de los mayores desastres ecológicos de la historia de España, provocó unos daños ambientales incalculables al liberar toneladas de ponzoña tóxica en el entorno del Parque Nacional de Doñana. La empresa, que estaba avisada y que actuó con una total falta de previsión, se declaró insolvente tras el accidente y los costes de restauración fueron finalmente cubiertos con los presupuestos del Estado. Es decir, con su dinero y el mío.

Y es que los desembolsos por reparación de daños ambientales generan una de las partidas más elevadas del Gobierno en los presupuestos destinados al Ministerio de Medio Ambiente. Estamos hablando de casi 200 millones de euros, a los que deberíamos añadir la "factura" de Aznalcóllar (75 millones de euros) y la de la descontaminación de Flix (155 millones más).

Las compañías responsables y con vocación de futuro hace tiempo que han incorporado los valores ambientales a su estrategia de desarrollo. La producción limpia está convirtiéndose, no ya en una oportunidad de modernización empresarial (que también), sino en un factor de competitividad. Y no hablo sólo de la obtención de certificados, sino de auténticos compromisos de desarrollo sostenible.

Pero existen todavía algunos dinosaurios mercantiles que, desde diferentes sectores, siguen entendiendo su relación con el medio ambiente como una carrera de obstáculos que hay que salvar. Son aquellos empresarios que han pervertido el mensaje pasando del "quien contamina paga" al "como pago, contamino" y que recurren en último término a la deslocalización cuando se sienten acosados.

Por eso algunas entidades como Ecologistas en Acción advierten del riesgo que puede suponer ahora que esas empresas decidan desplazarse fuera del Estado para perpetrar sus actividades en territorio ajeno y, liberadas de esta nueva Ley de Responsabilidad Ambiental, seguir creciendo a costa del entorno, esta vez de los otros.

En todo caso, y a pesar de los vacíos que pueda dejar, la mayor parte de los agentes sociales que trabajan a favor del medio ambiente consideran la aprobación de esta nueva ley como un paso positivo en el camino hacia un desarrollo industrial más limpio y sostenible. Lástima que hayamos tardado tantos años en obtenerla.

José Luis Gallego es periodista ambiental y escritor

* Este articulo apareció en la edición impresa del Jueves, 25 de octubre de 2007