_
_
_
_
_
OPINIÓN
Columna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

El consenso del 77

Joaquín Estefanía

Un día como hoy, hace 30 años, se daban los últimos retoques al que con el tiempo sería considerado uno de los documentos de política económica más importantes para nuestro país: los Pactos de la Moncloa. Dos hombres se afanaban por convencer al presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, y al resto de las fuerzas políticas de que para acabar con la gigantesca crisis económica que se padecía en aquel tiempo -durante los meses de junio y julio de 1977, la inflación se había situado en el 40%- era necesaria la anuencia de todo el arco parlamentario: los vicepresidentes político y económico, Fernando Abril Martorell y Enrique Fuentes Quintana, hoy desgraciadamente desaparecidos. Abril y Fuentes serán dos de los personajes centrales del tiempo de la transición desde el tardofranquismo a una sociedad abierta.

Los Pactos de la Moncloa pretendieron evitar la confluencia de una crisis económica y una crisis política

El 25 de octubre de 1977, representantes del centro, la derecha, la izquierda socialista y comunista, y los nacionalistas firmaron los Pactos de la Moncloa, bajo tres premisas centrales: la primera, la necesidad de una política económica de consenso a pesar de que la coalición gobernante, Unión de Centro Democrático (UCD), tenía la fuerza parlamentaria imprescindible para imponer su programa; para ello hubo que convencer incluso a algunos de los cuadros de esa coalición.

Segunda premisa: los acuerdos que se tomasen debían caracterizarse por un equilibrio de sacrificios compartidos; unos renunciaban a indiciar sus salarios, mientras que los otros empezarían a pagar impuestos; medidas de ajuste y saneamiento, pero también reformas modernizadoras, etcétera.

La tercera premisa era implícita: tenía menos importancia la letra pequeña de lo que se firmase que el hecho mismo de la firma. Se trataba sobre todo de ganar tiempo (y paz social), mientras las fuerzas políticas se ponían de acuerdo en la partida mayor: llegar al consenso sobre las reglas de juego a largo plazo, una Constitución que al revés que las anteriores no se inclinase ideológicamente más de un lado que de otro, y tuviese larga vida. Los firmantes de los Pactos de la Moncloa pretendieron -y lograron- que no se repitiese la experiencia frustrante de la II República: que la confluencia de una crisis política y otra económica diesen al traste con el proyecto modernizador de los años 1931 a 1936.

Los Pactos de la Moncloa fueron un rotundo éxito: se redujo la inflación, disminuyeron los desequilibrios macroeconómicos, y un año y pico después se conseguía la Constitución que más tiempo ha durado en la historia de España. El juego político ordinario y la convocatoria de elecciones generales anticipadas en 1979 acabaron con la política de consenso. Sólo un lustro más tarde, con la primera victoria del PSOE por mayoría absoluta, los Pactos de la Moncloa tuvieron continuidad con el Programa a Medio Plazo para la Economía Española, de Felipe González. Y ambos documentos nos llevaron a Europa. -

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_