El chavismo responde con ira al levantamiento de sanciones de la Unión Europea a cuatro funcionarios

El levantamiento de sanciones individuales impuestas por la UE a cuatro funcionarios electorales encargados de organizar los comicios presidenciales del 28 de julio no ha sido bien recibido en el Gobierno venezolano. “Hoy vemos cómo la Unión Europea saca de la lista de sancionados a algunos miembros del Consejo Nacional Electoral para enviar supuestamente una señal de buena fe o de alivio”, manifestó el canciller venezolano, Yván Gil. “No se puede decir: ‘Sanciono a estos funcionarios y estos no”, expresó Gil durante una reunión del Grupo de Amigos de la Carta de las Naciones Unidas celebrada en Caracas.

Bruselas anunció el levantamiento de las sanciones contra Elvis Eduardo Amoroso Hidrobo, presidente del Consejo Nacional Electora (CNE), y tres exfuncionarios del mismo organismo: Socorro Hernández, Leonardo Morales y Xavier Moreno. Lo que para la UE ha sido un gesto de apoyo a las elecciones presidenciales, ha sido interpretado por la autoridad electoral venezolana como un intento de coacción parte de las “prácticas neocoloniales” de la comunidad de países.

La reacción del Gobierno amenaza con complicar el camino para una misión de observación electoral europea en las presidenciales, una de las garantías acordadas con la oposición en Barbados para que esos comicios sean considerados como libres y competitivos. Justamente este lunes el chavismo se ha movilizado en las calles en contra de las sanciones. “Mientras la Unión Europea persista en su política de hostilidad contra nuestro país, resultará imposible entablar un diálogo sincero, respetuoso y productivo con el poder electoral venezolano”, advirtió Amoroso en una rueda de prensa ofrecida por la tarde.

El mes pasado, una comisión de exploración visitó el país para evaluar las condiciones sobre el terreno para la instalación de una misión de observación. El memorándum de ese viaje debería discutirse próximamente para concretar el envío de los expertos desde al menos un mes antes de los comicios.

En 2021, la UE participó en las elecciones regionales y locales. La jefa de la misión, la portuguesa Isabel Santos, y los observadores fueron expulsados por Maduro luego de presentar su informe preliminar de críticas al proceso en el que arbitrariamente se inhabilitó al ganador opositor de una gobernación controlada por años por el chavismo y se ordenó repetir los comicios en ese territorio. Después de esa salida por la puerta trasera, las relaciones diplomáticas se han ido recomponiendo poco a poco. En marzo, el CNE hizo invitaciones formales a ser “veedores” electorales a la Unión Europea, el panel de expertos de las Naciones Unidas, la Unión Interamericana de Organismos Electorales, el Centro Carter, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), la Comunidad del Caribe (Caricom) y la Unión Africana.

Amoroso ha insistido en que rechaza la medida de Bruselas —que en la práctica a él le permitiría viajar a Europa sin restricciones— por no incluir a todos los funcionarios afectados con sanciones individuales. “Rechazo categóricamente las pretensiones de la Unión Europea de coaccionarme al igual que al poder electoral, tratando de aparentar ante la opinión pública internacional que están procediendo al levantamiento de las sanciones coercitivas y unilaterales impuestas a la República Bolivariana de Venezuela”, dijo.

Como el resto del chavismo, el rector del CNE ha recurrido a la narrativa de que la causa de la grave crisis económica y sanitaria que vive el país tiene su origen en las sanciones, aunque la precariedad de los centros asistenciales, la escasez de medicamentos y las fallas en las coberturas de vacunación y el cierre de laboratorios médicos viene de mucho antes.

Amoroso ha aprovechado a su comunicado para hacer una petición a Estados Unidos y al Reino Unido para que levanten los vetos que hay sobre actividades económicas y reservas de oro y a que “cese la persecución que pesa contra los empresarios que están realizando un esfuerzo importante para garantizar junto al Estado Venezolano las medicinas y alimentos para el bienestar de los habitantes Venezuela”. Para el funcionario, la Unión Europea “persiste en sus prácticas neocoloniales, sin aplicar ninguna corrección a su errado intervencionismo contra Venezuela”.

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