El hijo pródigo vuelve
La prisión incondicional dictada por Baltasar Garzón contra 17 dirigentes de la disuelta Batasuna, reunidos ilegalmente el fin de semana pasado en un pueblo guipuzcoano, ha sido recibida con irritación mal contenida por algunos medios de comunicación afines al PP. Aunque de manera más comedida, los dirigentes populares también han tomado distancias frente a la noticia. Ninguna relación guarda, por supuesto, esa reticente actitud con las airadas condenas lanzadas contra el auto de 7 de octubre por el nacionalismo moderado o radical. Al igual que su peña de periodistas y tertulianos, el PP venía pidiendo al Gobierno y a los jueces mano dura con el brazo político de ETA: ahora sólo lamenta el tiempo perdido y culpa a los responsables del retraso. Nada hay nuevo bajo el sol: la parábola evangélica del hijo pródigo, festejado por su padre al regresar a casa con el sacrificio de un novillo cebado, incluye las manifestaciones de rencor del hermano que había permanecido siempre en el hogar (Lucas, 15, 11-31).
El latiguillo ya lo había dicho yo -utilizado en los debates por los sabihondos para reivindicar la autoría de un argumento o de un pronóstico- difícilmente podría ser aducido en este caso por los políticos y los periodistas del PP para atacar a Garzón, ejemplar en su lucha incansable contra el terrorismo etarra, islamista o de Estado. La trabajosa investigación emprendida desde mediados de la década de los noventa por el juez instructor de la Audiencia Nacional fue la ganzúa que permitió abrir la caja negra del organigrama de ETA; el aparato clandestino encargado de los asesinatos y atentados no es sino la parte sumergida de una amplísima red desplegada en la superficie a través de asociaciones legales, alegales o ilegales que cubren un amplio territorio: las instituciones representativas, las empresas mercantiles, el trabajo sindical, la ayuda a los presos, las herriko tabernas, las campañas por la amnistía, el encuadramiento de los jóvenes, la lucha callejera, las actividades deportivas, las empresas culturales o las relaciones internacionales. La teoría del velo aplicada por Garzón al entramado de ETA ha permitido acusar de integración en banda armada a miembros de Batasuna, Jarrai, Segi, Gestoras Pro-Amnistía y Askatasuna, organizaciones en teoría independientes del núcleo duro de la banda.
El llamado proceso de paz iniciado en mayo de 2005 y roto en junio de 2007 planteó el problema -al igual que sucedió en 1998 bajo mandato popular- de hacer compatibles la defensa del Estado de derecho con las negociaciones en curso. Algunos órganos judiciales salieron por peteneras; el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco abrió nada menos que un procedimiento contra el lehendakari y dos dirigentes socialistas vascos por entrevistarse en público con dirigentes de la disuelta Batasuna. Pero Garzón optó prudentemente por caminar sobre el filo de la navaja. La bizantina diferenciación entre la organización ilegalizada Batasuna y la realidad social Izquierda Abertzale le sirvió de instrumento conceptual para presentar a los jefes de la primera como representantes de la segunda. Y la sutil distinción entre la expresión de la voluntad de un partido a través de las personas que lo dirigen y el ejercicio de sus derechos a título individual le abrió un espacio para prohibir o autorizar actos. El corolario de ambos criterios -resume el auto de 7 de octubre- es que "la búsqueda del final de la violencia", aunque sea "equivocada o interesadamente", no puede considerarse "un acto delictivo".
Una vez rota la tregua, sin embargo, la calificación penal cambia necesariamente: existirá intencionalidad delictiva cuando el propósito de las conductas no sea "acabar con la violencia terrorista" sino coadyuvar a la consecución de sus fines. Más allá de las discrepancias técnico-jurídicas que pueda legítimamente suscitar el auto de 7 de octubre, las maliciosas sospechas vertidas por los medios del PP sobre las decisiones judiciales dictadas por Garzón durante el proceso de paz carecen de consistencia. Se diría que el propósito de esa campaña de desprestigio retroactivo contra los jueces y el Gobierno es el más procaz electoralismo: el temor a que el PP pierda el monopolio de la bandera de la lucha antiterrorista y el miedo a que la falsedad de sus calumnias contra el presidente Zapatero -acusado de haber pactado con ETA la capitulación del Estado de derecho, la entrega de Navarra, la autodeterminación y la ruptura de España- quede al descubierto.
