La Haya revisa la frontera marítima entre Honduras y Nicaragua

Honduras y Nicaragua cuentan desde ayer con una nueva frontera marítima en el Caribe, en una zona rica en pesca y donde podría haber reservas de gas y de petróleo. La línea divisoria entre ambos países, delimitada en un fallo vinculante y sin apelación posible por el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ), deberá trazarse a 15 grados de latitud norte y 83 grados de latitud oeste, una decisión que no se ajusta a ninguna de las dos pretensiones. La frontera es única y divide las aguas territoriales y la plataforma continental, así como la zona económica exclusiva. Los jueces, reunidos en La Haya, sede del TIJ, también adjudicaron a Honduras la soberanía sobre cuatro islas caribeñas llamadas Cayo Bobel, Cayo Savanna, Cayo Port Royal y Cayo del Sur.

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, y su homólogo de Honduras, Manuel Zelaya, se habían comprometido a acatar el fallo y tenían pensado reunirse poco después de hacerse público en el puesto fronterizo de Las Manos. Muy contento con la decisión judicial, Zelaya la saludó como "uno de los capítulos más importantes en la delimitación de nuestras fronteras". A pesar de sus diferencias en este contencioso, tanto Managua como Tegucigalpa esperan que la sentencia facilite la explotación pacífica de los recursos naturales de la zona. La postura es alentadora para las buenas relaciones entre las dos capitales. Cuando Nicaragua presentó en 1999 ante el TIJ la demanda ahora resuelta contra Honduras, los dos países enviaron tropas a la frontera terrestre, y buques a las aguas en litigio. Poco después, sin embargo, establecieron una zona de exclusión militar en espera del fallo.

La demanda de Nicaragua fue su respuesta a la ratificación, por parte hondureña, de un tratado que señalaba la frontera marítima nicaragüense en el paralelo 15. Tegucigalpa apoyó su decisión aduciendo que dicha delimitación caribeña con sus vecinos fue establecida en 1906 mediante un arbitraje realizado por España. El mismo fue ratificado luego en 1960 por el propio Tribunal. El Gobierno de Managua, que señalaba el paralelo 17 como posible línea divisoria en el Caribe, aseguró que la frontera no había sido nunca trazada. También sostuvo que la decisión de sus vecinos atentaba contra su soberanía al privarle de unos 130.000 kilómetros cuadrados de mar con grandes recursos.