Izquierdas, derechas y problemas territoriales

"¿Es una política progresista tener superávit presupuestario?", me interpela a voces un periodista cuando no estoy de humor para explicarme. "Sitúese por un momento en Estados Unidos", le contesto, "y mire cómo dejó las cuentas públicas Clinton y cómo las tiene Bush, y después me lo vuelve a preguntar".

Los equilibrios presupuestarios, sin fundamentalismos trasnochados que defienden en cualquier circunstancia el déficit cero o la virtualidad del endeudamiento, no son de izquierdas ni de derechas, sino de buen gobierno. Lo que diferencia a las opciones políticas en las cuentas públicas es la mezcla de ingresos y gastos. En definitiva, quién debe pagar más o menos o quién recibe más o menos, porque de ello depende uno de los elementos esenciales de la cohesión social: las posibilidades de redistribución de la renta disponible para disminuir o aumentar la igualdad de oportunidades.

Más allá de eso, desde los bíblicos tiempos de las vacas gordas y las vacas flacas, lo razonable es que en periodos de bonanza se ahorre y en los de crisis se tengan reservas para responder a las necesidades que de forma inevitable surgirán por la disminución de ingresos y las necesidades de gasto equivalentes o superiores. Este criterio, de buen sentido, debe tener en cuenta la sostenibilidad de los gastos que se propongan con carácter recurrente.

En nuestro país, los que más gritan contra las negociaciones presupuestarias, sobre todo en periodos previos a las confrontaciones electorales, son los que antes se callaban cuando los suyos estaban al mando, al tiempo que lo aprovechan para pedir más que todos los demás.

Pero también lo hacen los que, con una evaluación errónea, piensan llegado el momento de hacerse pagar el apoyo al Gobierno para quedar bien ante sus minoritarias huestes, con exigencias que poco o nada tienen que ver con los intereses generales que éste tiene que preservar. Todos coinciden en pedir más de lo razonable o de lo posible incluso, ante un ejercicio que siempre será de administración de recursos insuficientes.

Con acierto o con error en su interpretación, al Gobierno de España le corresponde presupuestar con la vista puesta en los intereses generales, que en la perspectiva de un Gobierno progresista debe enfatizar la cohesión social, sin dejarse arrastrar por demandas de oportunismo explicable pero no razonables como las que estamos contemplando. Este ejercicio es tanto más difícil cuanto mejor se han llevado las cuentas en el periodo de bonanza que hemos vivido. Si hubiera dificultades para cuadrar las cuentas, paradójicamente, sería más fácil, y la demagogia, algo más limitada.

El debate, áspero y falso, sobre el destino y reparto de las inversiones no responde a ese criterio de intereses generales que utilizan los dirigentes nacionales y autonómicos del PP, ni a los agravios comparativos que estos y los grupos minoritarios territoriales esgrimen.

Las inversiones en infraestructuras no pueden ser igualadas por raseros territoriales ni poblacionales, aunque pueda haber acuerdos temporales con cada autonomía. Dependen de factores múltiples que obligan al poder central a orientarlas para producir riqueza de la manera más eficiente, incluyendo la recuperación de los retrasos históricos, que en última instancia persiguen la misma finalidad.

Si fuera tan fácil como repartir con criterios objetivables de población, territorio o renta, por separado o combinados, la decisión dependería para siempre de una fórmula matemática que nos libraría de la necesidad de decidir, de priori

zar, año a año o por periodos determinados de tiempo.

Sin duda, en el terreno de los servicios que afectan a derechos reconocidos como universales a los ciudadanos, y transferidos en su totalidad, el criterio de reparto por población es determinante, aunque otros factores deban ser tenidos en cuenta en el coste, como la dispersión o concentración de la población en el territorio. El interés general y la cohesión social nos llevarán a corregir desajustes históricos en los lugares en que existan porque estos afectan a los ciudadanos, que son el objetivo determinante de la política.

Por esta razón, en las competencias cedidas en este terreno, es más fácil llegar a un acuerdo con las autonomías. No digo fácil, sino más fácil que en las decisiones sobre las políticas inversoras en infraestructuras.

A este Gobierno se le pueden reprochar cosas, como a todos, pero no que no haya sido coherente con sus compromisos programáticos en los campos de lo social, de la ampliación de libertades cívicas o en el redoblado esfuerzo inversor respecto de la etapa precedente. Por eso, probablemente, el debate en estos años ha ocultado las mejoras en estos campos tratando de enterrarlas con temas transversales que afectan más a los sentimientos de pertenencia o a los agravios comparativos, hasta provocar, de manera irresponsable, tensiones entre los ciudadanos de los distintos territorios.

Me atrevería a decir que en el actual debate presupuestario importan poco las cifras reales y menos aún las comparativas con los años del gobierno del PP, y mucho estas politiquerías de fondo que pretendidamente defienden la unidad y la igualdad entre los españoles, aunque en la desgraciada realidad fomentan la confrontación y la crispación.

Por eso, el Gobierno debería insistir en las cifras reales y en las comparativas con los años precedentes, y hacerlo con pedagogía frente a la demagogia y con transparencia frente a la confusión. Pero también debería dejar claro que no se dejará arrastrar por unos o por otros en este tironeo preelectoral, porque, a fin de cuentas, y de cuentas hablamos, si no hubiera acuerdo presupuestario, la tragedia no sería mayor. Con una prórroga de lo que hay y la decisión de los ciudadanos a las puertas del próximo año, asunto arreglado.

Negociar los presupuestos es bueno, deseable para una acción de gobierno en democracia y en un Estado complejo como el nuestro. Incluso cuando se dispone de mayoría absoluta hay que hacer este ejercicio de responsabilidad negociadora. Pero si los excesos se acumulan y todos se sienten con derecho a abusar de sus supuestas (que no reales) posiciones de fuerza, más vale contárselo a los ciudadanos para que decidan en marzo lo que quieren.

Felipe González es ex presidente del Gobierno español.