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Tribuna:

En torno a la Educación para la Ciudadanía

El presidente del Gobierno, en el Congreso de las Juventudes Socialistas, ha contestado con contundencia a la posición de los obispos y de la jerarquía católica española contra la asignatura Educación para la Ciudadanía. Ha dicho que no se puede contraponer la fe a la ley en una sociedad democrática como la nuestra. Menos se pueden oponer las ideologías temporales sustentadas por esas jerarquías que asumen una cultura tradicional antimoderna y clerical que se opone a muchas conclusiones legales del Estado democrático, y que pretenden vender como la verdad que nos hace libres.

Ahora toca Educación para la Ciudadanía, antes fue el divorcio, el aborto, la enseñanza de la religión, el matrimonio entre homosexuales, la Ley de Educación e incluso dimensiones de la financiación que les parecen insuficientes.

Desde una arrogancia extrema, una sensación de impunidad y un insufrible sentido de superioridad, derivada de que administran "verdades superiores", llevan años desafiando a las autoridades legítimas, a la Constitución y a la ley intentando imponer sus criterios frente al interés general y a la soberanía popular residenciada en el Parlamento. Frente a esas actitudes, el Gobierno ha tenido una política de moderación. Ha evitado las confrontaciones y ha retirado los aspectos más delicados del programa de Educación para la Ciudadanía, aunque están aprobados por leyes del Parlamento. Ninguna de esas actitudes ha calmado la beligerancia de los cardenales y de los obispos, que siempre buscan nuevos conflictos para la confrontación. La inmediata contestación a las palabras del presidente, con un tono desafiante, es el último signo de su rebelión frente a la Constitución y a la legalidad. El cardenal Cañizares ha acusado al Gobierno de ir contra la sociedad y ha defendido el papel de la Iglesia como impulsora de los derechos humanos. (sic) La inocencia histórica basada en el olvido de todo lo que han hecho les permite esa buena conciencia, aunque esté construida desde la mentira histórica. Mantienen firme su arraigada idea de que son depositarios de verdades que están por encima de las coyunturales mayorías y de la soberanía popular, en un documento colectivo que publicaron en 1988.

En definitiva, sólo aceptan la democracia con la boca chica, y fundamentalmente para lo que les favorezca. Por su actitud ante muchas leyes que son expresión de la mayoría parlamentaria se ve que en el fondo permanecen con los principios anti-ilustrados, que se expresaron en los documentos pontificios del siglo XIX, desde la Mirari Vos de 1.832 a la Libertas de León XIII. Con este espíritu declararon Cruzada al levantamiento militar, legitimaron con sus gestos la idea de que Franco respondía ante Dios y ante la historia y respaldaron la represión terrible que se produjo contra los vencidos.

El paréntesis de aire fresco de Juan XXIII y de Pablo VI fue sólo eso, como lo fue la etapa del cardenal Tarancón. Desde entonces han vuelto a las andadas en la Iglesia universal con Juan Pablo II y Benedicto XVI, con especial repercusión en España frente a la mayor neutralidad de otras iglesias europeas, que están en su sitio y no fuera de toda contención como la actual Iglesia española.

Muy falta de rigor intelectual, la Iglesia jerárquica aplica continuamente la técnica de los dos raseros y de las dos medidas. Impulsa y apoya la formación del espíritu nacional, asignatura obligatoria durante el franquismo, que extendía la ideología corporativa y falangista de aquel régimen y aceptaba que la enseñanza de la religión fuera obligatoria para todos creyentes y no creyentes, y ahora exige la enseñanza de la religión en horario escolar y evaluable, y también rechaza que no tenga alternativa; en su confusión ataca al divorcio y al aborto y sigue sin condenar la pena de muerte. Parece, aunque no lo confiesen, que su modelo es Irán donde el islamismo, la religión manda sobre las autoridades y sobre el propio presidente de la República y donde la pena de muerte no sólo está vigente sino que se aplica con abundancia. Naturalmente sin aceptar el islamismo, es imposible seguir su modelo en los contenidos, aunque sí les gustaría poder aplicar sus formas.

En este tema de la Educación para la Ciudadanía tienen el seguidismo inexplicable del Partido Popular, que está haciendo de fuerza de choque de esta cruzada contra la recta formación democrática de los ciudadanos. Están tirando piedras contra su propio tejado para favorecer una mentalidad clerical que les dificultará mucho gobernar cuando los ciudadanos les reclamen. Es tal su ceguera y su decisión para expulsar al Gobierno socialista y para ocupar el poder que apuestan por este escenario con hegemonía de la Iglesia-institución sin pensar el daño que hacen así a la España civil. Está visto que los que se llaman liberales como la Esperanza Aguirre apoyan estas campañas que Stuart Mill, el granliberal, repudiaría si viviese. Una mezcla de ignorancia y de inconsciencia respecto al daño que producen y de rencor hacia las actuales autoridades les llevan a este peligroso seguidismo, que ninguna derecha europea seria puede apoyar.

Además de la falta de fundamentos intelectuales para justificar el rechazo de la Educación para la Ciudadanía, con posturas que contradicen la evolución de la modernidad, con la secularización de la moralidad, con la tolerancia, con el pluralismo y con la idea de la persona centro del mundo y centrada en el mundo, su oportunismo y su falta de rigor desmerecen su postura ante los sectores ilustrados y libres que son mayoritarios en la sociedad española. Se aprovechan de su inmunidad, que es impunidad, y juegan sucio ante un poder político que no quiere enfrentarse con la jerarquía. En su insensatez están alentando un imposible movimiento de objeción de conciencia que carece de cualquier posibilidad de prosperar, ocultando que realmente propugnan la desobediencia civil, que puede conducir a quienes les sigan, entre los padres de familia, a un muy grave perjuicio puesto que sus hijos no podrán acabar el nivel de enseñanza correspondiente sin Educación para la Ciudadanía ni obtener el grado.

Me dicen que un sacerdote de Toledo está haciendo una tesis doctoral sobre mi obra, que se titularía, según las buenas fuentes que me han informado, "De la destrucción de la verdad al totalitarismo. El pensamiento de Gregorio Peces-Barba". Me cuesta creer que sea cierto, pero me aseguran que lo es. Prefiero discutir de ideas y no interferir en temas personales, pero me parece que están volviendo a las andadas de condenar a quienes les llevan la contraria. Ya otros españoles anteriores, como Fernando de los Ríos o Manuel Azaña, entre muchos más, sufrieron en su tiempo las embestidas de una jerarquía montaraz. En un discurso pronunciado en enero de 1850 en la Asamblea Legislativa sobre la libertad de enseñanza, Victor Hugo identificó con precisión a esta Iglesia que rechaza la modernidad: "Impide a la ciencia y al genio ir más allá del misal y quiere enclaustrar el pensamiento en el dogma. Todos los pasos que ha dado la inteligencia en Europa, los ha hecho a su pesar. Su historia está escrita en el reverso de la historia del progreso humano. Se ha opuesto a todo... no hay un poeta, un escrito, un filósofo, un pensador, que acepten. Y todo lo que ha sido escrito, descubierto, soñado, deducido, ilusionado, enajenado, inventado por los genios, el tesoro de la civilización, la herencia común de las inteligencias, lo rechazan...".

No pueden ni deben seguir por ese camino ni tensar tanto la cuerda. Son responsables de la agitación que impide la paz social y beligerantes contra la política del Gobierno y contra cualquier progreso. Deben sosegarse y permitir el desarrollo normal de la sociedad civil, sin sus constantes interferencias, sin hostigar a los heterodoxos ni despreciar a las conciencias individuales que no coinciden con sus planteamientos. Deben tener más respeto a los disidentes y evitar maldecir y condenar todo el tiempo. Si este nuevo clima no se consigue en la próxima legislatura, habrá que abordar el tema de la acción y de la situación de la Iglesia y establecer un nuevo estatus, que les sitúe en su sitio y que respete la autonomía de la autoridad civil.

Gregorio Peces-Barba Martínez es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 7 de agosto de 2007