La fiscal acusa a Intervida de desviar fondos por casi 200 millones de euros

Una estafa millonaria. Eso es lo que considera la fiscalía que ha venido cometiendo durante años la ONG Intervida y su entramado de empresas y asociaciones, que desde 1999 hasta la actualidad han desviado al cambio actual un total de 193,7 millones de euros procedentes de las aportaciones realizadas para el apadrinamiento internacional de niños a bancos y sociedades en América Latina. El destino lucrativo de esas cantidades se detalla en la querella presentad por la fiscalía contra los responsables de esas sociedades y a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

"La única actividad real que ha realizado y realiza la Fundación Privada Intervida es la de captar dinero de los padrinos y transferir los dineros captados a esas asociaciones creadas en los países del Tercer Mundo", se asegura en la querella de la fiscal Carmen Martín Aragón. Según su relato, no se conoce el alcance exacto de la estafa, pero sí se tiene la certeza de que se utilizó para invertir en negocios inmobiliarios y en banca.

Nada de eso se dijo a los más de 300.000 padrinos que realizaron sus aportaciones pensando que ayudaban a mejorar la vida de los niños de aquellos países latinoamericanos. "Actuaron guiados por el deseo de obtener pingües beneficios, compitiendo en estos sectores con empresas privadas con ánimo de lucro y máximo beneficio con el menor coste y riesgo", afirma la querella de la fiscal.

Así, entre 1999 y 2003, se relata que se enviaron transferencias a "países del Sur" por importe de 84,78 millones de euros. También entre 2001 y 2003 se retiraron de una cuenta del BBVA Banco Central de Perú otros 11,58 millones de dólares (8,38 millones de euros). La fiscalía afirma que quien ordenó la operación fue Eduardo Castellón, presidente de Intervida hasta 2002 y uno de los seis querellados a los que investiga el Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona por estafa, apropiación indebida, asociación ilícita y delito societario.

Quienes retiraron esa última cantidad fueron Francesc Violan González y Braulio Alberto Gómez Taracena, residentes en Perú y Guatemala y también querellados. Por aquellos años, una de las sociedades instrumentales utilizadas en la trama, Edpyme Raiz SA, recibió otros 26,32 millones de dólares de Intervida. Lo mismo ocurrió con la Asociación Raíz Guatemala, que recibió otros 22,44 millones de euros y 2,70 millones de dólares. El dinero se destinó, explica la fiscal, a conceder créditos hipotecarios con el mismo interés que aplicaba la banca.

Entre 2005 y 2006, la entidad Occidente Internacional Corporations en San Juan de Puerto Rico también tuvo un depósito 5,13 millones de dólares con la única firma autorizada de Eduardo Castellón. También entre 2004 y el pasado abril varias de las fundaciones relacionadas con Intervida tuvieron depósitos a plazo por importe de 13,02 millones de dólares en las Indias occidentales, un conjunto de islas caribeñas pertenecientes a Montserrat, un paraíso fiscal según la legislación española. La única persona con firma autorizada para disponer de esos fondos también era Castellón.

La querella, que ocupa 113 páginas, relata igualmente que en otras entidades bancarias de Guatemala existieron entre 2005 y 2006 tres depósitos bancarios por un importe total de de 16,94 millones de dólares a nombre de la Asociación para la Ayuda al Tercer Mundo Intervida Guatemala. En Perú también se abrieron dos depósitos en 2004 que tuvieron hasta 15 y 28,64 millones de dólares.

Recuerda la fiscal que en "toda esta superestructura impera un modelo empresarial" en el que el único objetivo es lucrarse, sin ninguna contraprestación benéfica. Es un hecho, añade, que se ha venido produciendo desde la creación de Intervida, en 1994. De las personas que figuran en los cargos de dirección de las sociedades se asegura que son "simples testaferros que se limitan a cumplir las órdenes dadas por los querellados".