Una mujer que se mueve en silla de ruedas recibe de las administraciones un piso que no está adaptado
Helena Martínez Mur tiene 51 años y una discapacidad del 97%. Se mueve en silla de ruedas y, tras no pocos avatares, algunos verdaderamente curiosos, ha conseguido que Adigsa (empresa de la Generalitat que administra el parque público de viviendas) le conceda un piso de alquiler protegido en el barrio barcelonés de la Verneda. Para eso ha servido la mediación del Ayuntamiento de Barcelona. A partir de aquí vienen los peros: el piso no está adaptado para una persona con su situación. Tiene ascensor, pero también algunos escalones para llegar hasta él.
Los ingresos de esta mujer, que no puede trabajar porque además de la discapacidad es diabética y tiene insuficiencia renal, no alcanzan los 700 euros mensuales. Cuando le concedieron el piso le dijeron que el alquiler sería de acorde a estos ingresos. Su sorpresa es que es más alto que el de algunos vecinos. Para ser preciso, asciende a 452,50 euros al mes. Le queda poco para comer ella y su hijo, de 18 años, que estudia el bachillerato tecnológico con una beca del colegio donde cursa los estudios. "En verano el chiquillo consigue algún trabajo, pero durante el curso es imposible compaginar estos estudios con un trabajo de verdad". El resultado es que lleva ya dos meses sin poder pagar el alquiler.
La mujer tenía algunos ahorros, pero los ha invertido en unas mínimas obras. "Cuando entré en el piso y vi que no estaba adaptado lo comenté y me dijeron que hiciera yo misma los obras y que luego pasara la factura. Lo hice, pero luego me han dicho que lo del pago de las obras no está previsto ni en el Patronato Municipal de la Vivienda ni en Adigsa, de modo que no me han pagado nada", explica.
Antes de estar en este piso, vivía en una residencia del Ayuntamiento de Barcelona. Pero, explica: "Presentaba algunas deficiencias, de modo que hablé con la directora y me quejé de la situación". Empezó a ser tratada de una forma poco amable. Tanto, que se fue a la Fiscalía a denunciar la situación. "Yo había pedido un piso de protección, pero la solicitud no progresaba. Fue poner la denuncia y darme un piso casi de inmediato", asegura.
Ni el Ayuntamiento de Barcelona ni Adigsa pudieron ayer comentar esta situación. En Adigsa no hay nadie por la tarde, dijo un portavoz del Departamento de Medio y Ambiente y Vivienda, de quien depende. En el consistorio, el gerente del patronato no tenía acceso informático, dijo un portavoz oficial por toda explicación.
