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Columna
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Noticia de la inmigración

Josep Ramoneda

En los 10 últimos años, España ha pasado de 14 millones de empleos a 20 millones. A este salto han contribuido decisivamente la incorporación de la mujer al mercado laboral y la llegada de inmigrantes. Hace tiempo que se ha hecho ya insoportable el monopolio de la actualidad que tiene la cuestión vasca. Casi toda la dialéctica Gobierno-oposición pasa por aquí. Es tan absurdo que uno empieza ya a sospechar que tanto el PSOE como el PP se sienten cómodos en esta querella, cada vez más burocratizada. Al que gobierna le va bien tener encerrada a la oposición en un solo problema. Lo cual no significa que España no tenga que lidiar con otras cuestiones mucho más importantes. Por ejemplo, la inmigración.

Últimamente, la inmigración sólo es noticia por las tragedias de los mares del sur peninsular. De los problemas cotidianos de la inserción de los inmigrantes en la sociedad se habla poco. Por la propia definición de noticia, cuando algún tema que ha ocupado portadas durante mucho tiempo pierde visibilidad mediática es, por lo general, síntoma de que va por buen camino. Cierto que, según las encuestas, todavía figura en lugar destacado de las preocupaciones de la gente. Pero el breve tiempo en que ha llegado un número muy importante de ciudadanos extranjeros -más de cuatro millones- podía hacer pensar en conflictos mayores. Y, sin embargo, la recepción de la inmigración -con inevitables problemas puntuales- se ha hecho razonablemente. Y se han evitado incluso reacciones de xenofobia y rechazo, tomando justos por pecadores, que podían haberse derivado del 11-M.

Tanto es así que ni siquiera el PP está utilizando ahora la inmigración como material demagógico para su campaña de acoso y derribo al Gobierno, a pesar de que meses atrás lo tuvo entre sus prioridades como oposición. Me gustaría atribuirlo a un acto de responsabilidad del PP, consciente de que la inmigración es materia sensible para la convivencia y que, por tanto, hay que ser prudente con ella. Pero los antecedentes no son garantía de prudencia por parte del PP. El debate sobre la inmigración en España tuvo un momento muy duro, allá por el año 2000, cuando el PP lo aprovechó -conflicto de El Ejido- para subirse a la mayoría absoluta. Y ya hemos visto que a la hora de hacer oposición el PP tiene pocos escrúpulos en la elección de los temas. Ahí está el terrorismo, como ejemplo. Más bien cabe pensar que la obcecación en cargarse al Gobierno a costa del proceso de fin de la violencia en Euskadi hace que el PP olvide otro de sus frentes favoritos.

La política de inmigración es siempre compleja porque es una cuestión que interviene en infinidad de frentes: en convivencia, en sanidad, en educación, en trabajo, en cultura y en derechos fundamentales. Y, por tanto, es una plataforma extraordinaria para la demagogia construida sobre la protección de la gente normal, el concepto desde el que casi siempre la derecha conservadora elabora los mecanismos de exclusión.

Hay tres criterios básicos para las políticas de inmigración: leyes generales pocas y realistas, que partan del principio de que en cualquier situación siempre es mejor que el inmigrante sea legal; recursos para los municipios, que son los mejor situados para resolver problemas concretos en situaciones concretas; e información objetiva sobre por qué España atrae inmigración, que es la mejor manera de disipar miedos y fantasmas.

El Gobierno ha cumplido un principio básico: por razones de dignidad y de derechos elementales, pero también prácticas, el objetivo debe ser que todos los inmigrantes sean legales. Puesto que de nada sirve poner puertas al campo, hay que favorecer las legalizaciones en vez de hacer bandera de evitarlas. El efecto llamada, como ha quedado acreditado, es demagogia populista. Las políticas de regularización masiva, que ahora la UE parece asumir, son positivas: sólo se puede exigir deberes a quien se le reconocen derechos. El Gobierno está aumentando los recursos para las políticas de inmigración a nivel local y tiene que seguir por esta senda. Pero el Gobierno tiene un punto negro: las vallas de la vergüenza. Las vallas de Ceuta y Melilla, que colocan a España en la triste lista de los constructores de muros. Muros perfectamente inútiles que sólo sirven para que haya más muertos en el mar.

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