El Gobierno destinará más de 1.000 millones a la lucha contra la pobreza hasta el año 2009
El II Plan Vasco de Inserción también contará con la aportación de diputaciones y municipios
El Gobierno tiene previsto destinar alrededor de 1.053 millones de euros para luchar contra la pobreza dentro del II Plan Vasco de Inserción para el periodo 2007-09. Este plan, que será continuación del que se desarrolló entre 2003 y 2005, también contará con las aportaciones de diputaciones y ayuntamientos, lo que hará aumentar de una manera significativa la cantidad final. El Gobierno está ultimando el proyecto cuyo objetivo es promover la incorporación al mercado laboral de las personas en riesgo de exclusión, además de dotarles de recursos económicos para que hagan frente a su situación.
El 60% del dinero del Plan de Inserción se destina a perceptores de la renta básica
El 60% del dinero que aporta el Gobierno es para cubrir la renta básica. Por el momento, el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, que es el que se encarga de elaborar y gestionar el Plan, ya cuenta con el apoyo del PSE, que garantizó su apoyo dentro de un acuerdo más amplio sobre política social. Con este respaldo, el proyecto saldrá adelante en el Parlamento.
El borrador, al que ha tenido acceso este periódico y que se encuentra en una fase inicial, recoge la aportación únicamente del departamento y cuenta con importantes novedades con relación al primer plan, especialmente por lo que se refiere a la inserción laboral. El desarrollo de estas medidas es especialmente apropiado en la comunidad autónoma, dado que cada vez hay menos diferencia entre la cuantía de la renta básica y el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que asciende a 570 euros. La renta básica supone este año ya el 88% del SMI, con lo que se pueden generar distorsiones en la demanda de estas prestaciones y en el funcionamiento del mercado laboral. Se trata de que el perceptor de la renta básica no pierda el estímulo por buscar un empleo, ya que lo que percibe es casi equiparable al salario mínimo de un trabajador.
El objetivo final del Plan es situar los índices de pobreza por debajo del 3% de la población (3,5% en la actualidad). Como objetivos intermedios figuran los de mejorar la calidad y universalidad del sistema de prestaciones económicas (renta básica y Ayudas de Emergencia Social) y completar los servicios de inserción laboral, creando una red unificada con los centros de empleo de Lanbide e INEM. El Gobierno también pretende generalizar y unificar la gestión de los procesos de inserción por medio de la implementación de un programa informático en todos los ayuntamientos que ayuda a realizar el seguimiento de los perceptores de la renta básica y comprobar si cumplen sus obligaciones.
Diagnóstico de situación
El Plan parte de un diagnóstico de situación. A partir de aquí, se estructuran las medidas. Los datos más recientes, correspondientes a los años 2004 y 2005, muestran una evolución favorable de las tasas de pobreza, aunque dentro de una tendencia a la estabilización. Un 4,9% de los hogares se ve afectado por la pobreza de mantenimiento, que a su vez incide en un 3,5% de la población. En cuanto a pobreza grave, la incidencia es del 3,7%. Por lo que se refiere a las situaciones de bajos ingresos, un 16,5% de la población está afectada. Otra tendencia relevante es que la pobreza es muy superior en los hogares monoparentales que dependen de una mujer.
Por otra parte, las tres capitales pasaron de concentrar el 42% de la pobreza en el año 2000 al 62% en 2004. Estas tendencias se han ido incrementando en un contexto en el que se ha producido una espectacular reducción de las tasas de desempleo, un crecimiento en el precio de la vivienda (aunque los precios se han estabilizado en 2006) y un goteo incesante de inmigrantes (la cuarta parte de los perceptores de la renta básica son extranjeros). Es decir, la economía vasca marcha bien, el nivel de paro ha caído a mínimos históricos y, sin embargo, el número de perceptores de la renta básica ha crecido sin parar en los últimos años.
La renta básica constituye, en términos de gasto y de cobertura, la principal herramienta de las administraciones vascas en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. El número de perceptores ha ido subiendo en los últimos años, pasando de los 18.423 registrados en 2002 a los 33.675 de 2006, lo que representa una cobertura de 16 beneficiarios por cada 1.000 habitantes. Del total de perceptores, cerca de la mitad no están en condiciones de buscar trabajo debido a que son discapacitados o jubilados que cobran pensiones mínimas.
El II Plan de Inserción contempla algunos cambios en la renta básica también conocida como salario social. Por un lado, se va a redefinir lo que se entiende por unidad de convivencia, de manera que los pensionistas tendrán esa consideración, aunque vivan en la misma casa con hijos o familiares suyos. De esta manera, todos aquellos que cobren una pensión que no llegue al SMI recibirán un complemento asistencial para equipararse. Antes se computaba los ingresos del pensionista con el resto de personas que vivían en la casa, con lo que superaba el límite para solicitar la renta básica.
La equiparación con el SMI se hará siempre y cuando el pensionista cobre menos del SMI, pero no tenga otro tipo de patrimonio que haga aumentar su solvencia económica. También se van a incluir nuevas excepciones de acceso a la renta básica para personas menores de 23 años, edad a la que oficialmente se puede solicitar. El plan incluirá un subsidio complementario a la renta básica dirigido al cuidado de los hijos de familias monoparentales.
Las Ayudas de Emergencia Social (AES) constituyen otro componente fundamental de las políticas públicas contra la pobreza. Por la fuerza de los hechos, las AES no se están destinando a fines puntuales, como la compra de un electrodoméstico básico, sino a la cobertura de situaciones estables (el pago de alquileres, fundamentalmente). Esta circunstancia hace que se desvirtúe la finalidad de las AES. Su readecuación será uno de los objetivos del II Plan de Inserción. En 2006, los beneficiarios se han elevado a 27.400, con un presupuesto de 35 millones de euros, un 57% más que en 2002.
Esta readecuación pasa por establecer una prestación complementaria de vivienda, de manera que asuma todo el dinero de las AES que ahora se iba en pago de alquileres. Esta prestación tendrá carácter de derecho subjetivo y garantizado por ley. Así se refuerza el carácter asistencial y temporal de las AES.
