La jubilación anticipada como patología
Hay momentos en que tengo la impresión de que padecemos algún tipo de enfermedad económica que, aun cuando no presenta síntomas alarmantes, puede intuirse su existencia en algunos comportamientos de nuestra vida laboral que van alcanzando rasgos de patología. Se trata de una enfermedad asintomática, pero por eso mismo más peligrosa, dado que no hay nada en el presente que nos impulse a adoptar medidas preventivas.
Una de esas patologías es el bajísimo número de personas que trabajan a partir de los 55 años. A finales de los años setenta, en los inicios de la transición democrática, 30 de cada 100 personas de más de 55 años estaban empleadas. En el año 2000 ese porcentaje había caído casi a la mitad, algo realmente sorprendente tanto por la magnitud de la caída como por el hecho de que la salud ha mejorado y la esperanza de vida se ha alargado. Aunque se ha producido una tendencia similar en otros países, España se lleva la palma.
La otra cara de esa realidad es el elevado número de personas mayores de 55 años que se han jubilado antes de los 65 años, o que están acogidas a programas sociales como el subsidio de paro o los subsidios de incapacidad laboral, que de hecho son utilizados por muchas personas como vía intermedia y sustitutiva de la jubilación.
Este comportamiento significa una pérdida de capital humano que en otras circunstancias estaría aportando sus capacidades al progreso económico. Pero tiene también consecuencias morales, dado que traslada hacia las generaciones más jóvenes la carga de financiar esas mayores prestaciones sociales, mediante mayores impuestos y contribuciones a la seguridad social de los que trabajan; por cierto, jóvenes con empleos más precarios y salarios en muchos casos más bajos que las pensiones de los prejubilados.
Si se mantiene en el futuro la utilización que hoy hacen los mayores del sistema de pensiones, de los subsidios de incapacidad, así como de las pautas actuales de consumo sanitario, el porcentaje de los beneficios atribuibles a las personas mayores en España se incrementará del 12% del PIB del año 2000 al 33% en el año 2040, un aumento muy superior al estimado para otros países, de acuerdo con estimaciones del Center for Strategic International Studies (2004).
En la actualidad, aproximadamente la mitad del gasto público va destinado a gasto social: de éste, el 10% del PIB va a pensiones, el 6% a sanidad, el 2,4% a desempleo, el 1,5% a invalidez, el 0,5% a familia, el 4,5% a educación y el 0,3% a vivienda. Probablemente, en el balance global, los mayores resultan mucho más beneficiados que las generaciones jóvenes.
En un estudio reciente, Guillem López-Casasnovas y Ana Mosterín (Nota d'economía 86, tercer cuatrimestre de 2006, páginas 9-27) han calculado para Cataluña el rendimiento que obtienen las personas mayores de esos gastos sociales (sus tasas internas de rendimiento o TIR). Todo apunta a que en las circunstancias actuales los jóvenes conseguirán unos balances del Estado de bienestar peores que los que han obtenido las personas mayores. Ese balance puede agravarse en el futuro, dado el diferente grado de flexibilidad que tienen los gastos sociales para mayores y para jóvenes, y el mayor peso político que tienen los mayores como consecuencia del cambio demográfico y del aumento de la esperanza de vida.
Como señalan los autores, esto no justifica ningún cambio radical de las políticas públicas (entre otras razones porque eso depende del análisis de cargas y beneficios a lo largo del ciclo vital de las personas: jóvenes de ayer y mayores de hoy, y jóvenes de hoy cuando sean mayores). Pero sí exige modificaciones año a año de las actuales políticas sociales que corrijan las patologías que están detrás de algunos de esos gastos, como las jubilaciones anticipadas o los subsidios por incapacidad laboral.
¿Por qué trabajan tan pocas personas de más de 55 años? ¿Quiénes son los que se jubilan anticipadamente? ¿A qué responde la decisión de jubilarse? ¿Qué efectos han tenido las hasta ahora escasas reformas orientadas a retrasar la edad de jubilación? Estas cuestiones han sido abordadas por María Gutiérrez-Giménez, economista del servicio de estudios de La Caixa, en una publicación reciente (El empleo a partir de los 55 años, www.estudios.lacaixa.es). Los principales resultados de este estudio son los siguientes:
En primer lugar, las personas con menores tasas de empleo son las que tienen algún tipo de incapacidad, seguidas de las que tienen bajos niveles de educación y las de sexo femenino. La falta de flexibilidad de nuestro mercado laboral incentiva a estas personas a aprovechar las prestaciones sociales para jubilarse anticipadamente, o para acogerse a subsidios de desempleo o incapacidad. Se podrían lograr incrementos importantes de empleo aumentando la posibilidad de estos colectivos de trabajar a tiempo parcial, porque sus opciones actuales son trabajar a tiempo completo o no trabajar.
En segundo lugar, el estudio muestra que, en igualdad de condiciones, las mujeres tienden a jubilarse antes que los hombres, y existen diferencias destacables según el nivel de estudios. Cuanta más formación, más tardía es la jubilación. Ocurre lo mismo cuando la decisión es pasar de estar empleado a desempleado o a abandonar la situación activa, en muchos casos acogiéndose a prestaciones por incapacidad. Las implicaciones de política son claras: hay que evitar que las políticas sociales incentiven este tipo de decisiones y, a la vez, incentivar la reincorporación de estos grupos a un puesto de trabajo, especialmente en el caso de personas con algún tipo de incapacidad.
El estudio confirma además que las reformas de 2002 (que modificaron el sistema de incentivos para jubilarse anticipadamente e introdujeron bonificaciones fiscales para los empresarios que retengan a trabajadores de 60 años o más) han ayudado a reducir las jubilaciones y han dado lugar a un incremento significativo del empleo de las personas de 60 años o más.
Sabemos algo más de las causas de la patológica tendencia a prejubilarse. Sabemos el tipo de medidas que pueden corregirla de forma gradual y no traumática. Hay que avanzar por este camino para evitar el conflicto entre mayores y jóvenes por los gastos sociales y para corregir esta tendencia patológica a jubilarse anticipadamente.
Antón Costas es catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona.
