El Gobierno recurre ante el Constitucional que Galicia pueda regular las adopciones

El Consejo de Ministros acordó ayer presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Derecho Civil de Galicia, promovida por el bipartito y aprobada por el Parlamento gallego por unanimidad. El Gobierno rechaza en concreto la regulación que hace la ley de la adopción y la autotutela, por entender que invade competencias estatales. El vicepresidente de la Xunta, el nacionalista Anxo Quintana, consideró el recurso un "grave error". El ministro Jordi Sevilla, en cambio, opinó que forma parte "de la relación de normalidad entre administraciones".

Por primera vez desde que socialistas y nacionalistas gobiernan en Galicia, el Ejecutivo central ha decidido llevar una ley autonómica al Tribunal Constitucional. Se trata de la Ley de Derecho Civil de Galicia, aprobada el año pasado por el Parlamento gallego con el apoyo de los tres grupos. Dos de sus títulos, el II y el III, regulan en 19 artículos las adopciones y la autotutela, a juicio del Consejo de Ministros, "con carácter general y de manera exhaustiva". El Gobierno considera que ambas instituciones "carecen de antecedentes en la legislación civil gallega y exceden las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma para la conservación, modificación y desarrollo del derecho civil gallego".

La decisión del Gobierno se produce tres días después de que el vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, negociara en la comisión bilateral Gobierno-Xunta con la secretaria de Estado de Cooperación Territorial, Ana Leiva, una alternativa al recurso, cuyo plazo de presentación vence el próximo 29 de marzo. El Ministerio de Administraciones Públicas venía advirtiendo de que la regulación sobre adopciones y autotutela "vulnera las competencias exclusivas del Estado sobre legislación civil", por lo que el Gobierno gallego remitió a Madrid tres propuestas alternativas a la que figura en la ley, la última de ellas el pasado miércoles, con el aval de todos los grupos parlamentarios. El esfuerzo fue en vano, ante la determinación del Gobierno de defender su ámbito de competencias.

El titular de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, restó trascendencia al recurso. "Hemos intentado llegar a un acuerdo con la Xunta incluso hasta última hora del jueves. No ha sido posible. Cada uno defiende sus posiciones", resumió el ministro. El conselleiro de Presidencia, José Luis Méndez Romeu, del PSOE, reivindicó en cambio que la regulación de las adopciones se realizó "en el uso estricto de las competencias autonómicas". El conselleiro defendió que las diferencias se resuelvan en el seno de la comisión bilateral, por lo que instó al Gobierno a seguir negociando en tanto se resuelve el recurso en el Tribunal Constitucional.

Un grave error

Más airadas fueron las reacciones de nacionalistas y populares. El vicepresidente Quintana consideró la decisión del Gobierno "un grave error", mientras que el PP la consideró "una demostración del escaso peso político" del presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño. Quintana aseguró que la Administración gallega dispone de "argumentos políticos y jurídicos suficientes" para defender que se trata de una norma "que está de acuerdo con el derecho y la Constitución".

El Estado, agregó el vicepresidente da Igualdade e do Benestar, "tiene que darse cuenta de que el Derecho Civil gallego es un derecho vivo y que evoluciona en el tiempo", y de que es "totalmente legítimo y normal que Galicia aspire a desarrollar tanto sus instituciones de gobierno como sus marcos legislativos". Quintana añadió que una de sus "misiones" consiste en "educar a Madrid en el respeto por Galicia".

El diputado del PP Jesús Palmou, que participó como ponente en la redacción de la Ley de Derecho Civil, expresó su "absoluta sorpresa y rechazo" al recurso ante el Tribunal Constitucional. Palmou descalificó el argumento de que la adopción no haya formado parte nunca del derecho civil propio de Galicia con el ejemplo de Cataluña, cuyo código civil sí regula las adopciones. "¿Por qué el Gobierno no recurre contra Cataluña? No hay argumentos razonables", acusó el parlamentario popular. Palmou consideró el recurso "una discriminación" y una prueba de la "absoluta falta de peso político" del presidente gallego.