La CEA acusa de deslealtad a la Junta por la promulgación de las últimas leyes urbanísticas

El presidente de la patronal andaluza, Santiago Herrero, acusó ayer a la Junta de Andalucía de deslealtad en la promulgación de las últimas leyes urbanísticas, en especial el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). Herrero acusó a la Junta de no llevar a las mesas de la concertación diversas leyes de planificación y que otras, consensuadas y aprobadas por el Consejo Económico y Social, como la Ley de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, fueron reformadas posteriomente en el Parlamento. "Es una falta de lealtad, que no puede ser admitida en el seno del diálogo social", dijo Herrero.

Herrero comenzó su discurso ante la Asamblea General de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) trasladando la preocupación de los empresarios andaluces por la "profunda distancia" que mantienen los partidos mayoritarios sobre temas esenciales para la estabilidad económica y social de España, y realizando un llamamiento al consenso y al diálogo.

Tras reiterar que el proceso de reforma del Estatuto de Autonomía vivido en Andalucía fue considerado inicialmente por la CEA como "un asunto no prioritario", Herrero pidió a los políticos que ahora "no paralicen las administraciones locales a causa del periodo electoral" que se avecina, y requirió afrontar con urgencia la reforma de la financiación de los municipios "para que sea estable y no tengan que recurrir constantemente a financiaciones extraordinarias mediante la gestión del suelo".

Herrero repasó los buenos resultados obtenidos por Andalucía en el último ejercicio en materia tanto de crecimiento económico como de empleo, y pasó a lanzar una dura crítica a la política legislativa sobre planeamiento urbanístico de la Junta de Andalucía. El presidente de la patronal comenzó ironizando sobre el concepto de "sostenibilidad", al que calificó de "gran mito", y del que dijo que se "ha convertido en un paradigma de la modernidad, sin que nadie profundice en su verdadero contenido". Herrero criticó que nadie "fija el límite de la sostenibilidad", y afirmó que "no debe ser un dogma proteccionista, inmovilista y ralentizador de la actividad económica".

A partir de ahí, el presidente de la CEA denunció que "se ha puesto a la iniciativa privada ante un futuro incierto debido a la aprobación de normas cuyos efectos sobre las empresas y el empleo no se han calculado ni sopesado". Herrero puso como ejemplo el POTA y los planes subregionales de la Costa del Sol y de la Costa Occidental de Huelva, y señaló que "son numerosos los promotores de importantes proyectos empresariales que están sufriendo retrasos en la tramitación, paralizaciones e incluso revocaciones de autorizaciones provocados por las contradicciones y los vaivenes de las normativas urbanísticas que se han llegado a modificar hasta tres veces en tres años".

Herrero reclamó mayor lealtad a los participantes en la concertación social andaluza, de la que dijo "en sus aspectos formales, más o menos se desarrolla con normalidad, pero hay un aspecto cualitativo, que es el de las normas de ordenación del territorio y de desarrollo urbanístico que no han pasado por las mesas de concertación". "Esta falta de lealtad obliga a un esfuerzo adicional como ha ocurrido en materias tan importantes como la Ordenación del Territorio y la Vivienda", dijo Herrero, quien advirtió de que a partir de la aprobación del nuevo estatuto de autonomía la concertación social "ya no dependerá de la voluntad política del Gobierno que cuente con el respaldo de las urnas, sino que se convierte en un mandato que el ejecutivo debe poner en marcha".

El presidente de los empresarios andaluces también criticó en "afán intervencionista del Estado", del que dijo "se cimenta en trasladar obligaciones a las empresas", para lo que ejemplarizó con el debate sobre el tabaco, del que dijo ha trasladado al empresario "el ejercicio de una función de policía en sus instalaciones". Asimismo, añadió que "este intervencionismo es claramente perjudicial para las empresa pues les obliga a dedicar energía y recursos a asuntos que no les atañe, entorpecen su actividad y perjudica claramente a la creación de riqueza".