El juez imputa cinco delitos al concejal de Alhendín y le deja en libertad bajo fianza

El concejal de Urbanismo de la localidad granadina de Alhendín, Manuel Fernández (PP), quedó ayer en libertad con cargos tras declarar durante siete horas y media ante el juez que ordenó su detención el pasado lunes. Fernández dispone de siete días para abonar una fianza de 18.000 euros. El juez le imputa cinco delitos: prevaricación, prevaricación urbanística, cohecho, fraude y exacciones ilegales y alteración de precios en concurso público. El edil se declaró inocente y defendió la legalidad de sus actuaciones en el polígono industrial Marchalhendín y en la urbanización residencial Novosur.

Manuel Fernández abandonó el Juzgado de Instrucción 2 de Santa Fe, que instruye la causa, pasadas las 20.00 en un furgón policial. Según su abogado, Rafael López Guarnido, el concejal de Urbanismo de Alhendín estaba "tranquilo y cansado, pero bien". El edil había llegado a los juzgados a las 9.45 desde la Jefatura Superior de Policía de Granada, donde pasó la noche del lunes y donde prestó una primera declaración ante la policía.

El interrogatorio del juez instructor, Miguel Ángel Gómez Torres, duró siete horas y media y se desarrolló en dos sesiones: cuatro horas por la mañana y tres y media por la tarde. Tras escuchar las explicaciones del edil, el juez le imputó cinco cargos: prevaricación, prevaricación urbanística, cohecho, fraude y exacciones ilegales y alteración del precio en concurso público. No obstante, el instructor decretó la libertad bajo fianza de 18.000 euros, que el edil podrá abonar en los próximos siete días. El concejal tendrá además que presentarse en el Juzgado los días 1 y 15 de cada mes. El castigo impuesto por el magistrado coincide con el solicitado por el fiscal.

Los investigadores han bautizado la operación que ha llevado a detener a Fernández como caso Marchelo, en referencia al polígono industrial Marchalhendín, uno de los grandes proyectos del edil y en el que se centró buena parte del interrogatorio de ayer. Según las denuncias formuladas por el PSOE granadino, el Ayuntamiento vendió por 9 millones de euros los aprovechamientos urbanísticos que le correspondían en los suelos de este polígono una semana después de que los técnicos municipales tasaran estos terrenos en 24 millones.

Además, según la denuncia presentada por el PSOE, la empresa promotora del proyecto, perteneciente al grupo sevillano Tarje, inició las obras sin contar con la licencia y ha seguido trabajando en el terreno incluso después de que el alcalde, José Guerrero (PP), ordenara que parasen. Los socialistas aseguran también que el Ayuntamiento obvió la titularidad pública de los caminos que atraviesan el futuro polígono, valorados en 750.000 euros, para "regalárselos" al promotor.

La actuación judicial y policial se ha centrado también en la gestión de Fernández en la promoción Novosur, un conjunto de 1.390 viviendas en bloques de seis plantas más ático a las afueras del municipio. El PSOE denunció que el Ayuntamiento vendió a la promotora Frai los terrenos por 1,2 millones de euros, a pesar de que los técnicos municipales los valoraron en 3,5. El grupo Frai emitió ayer un comunicado en el que asegura que está cumpliendo con todas las obligaciones derivadas del convenio suscrito con este Ayuntamiento.

La causa sigue bajo secreto de sumario, pero fuentes del caso señalaron que previsiblemente el secreto se levante en los próximos días.

La detención del concejal de Urbanismo de Alhendín centró ayer gran parte del debate político en Andalucía. A este caso aludió incluso el ministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla, quien lamentó que el PP haya puesto en duda la actuación judicial y policial en el municipio granadino. Según Sevilla, los populares valoran a los jueces en función de sus intereses políticos: "Si la investigación de la Policía o Fiscalía favorece a sus intereses, es lo correcto, y si no, lanzan sombras de sospecha", añadió el ministro.

En el mismo sentido se expresó el secretario de Organización del PSOE andaluz, Luis Pizarro, quien criticó "el cinismo" y "la poca catadura moral" del PP, al que acusó de "no respetar las reglas del juego".

El alcalde de Alhendín, José Guerrero (PP), mostró su "sorpresa" por la detención del edil y defendió la legalidad de las actuaciones del Ayuntamiento, a pesar de que reconoció que él no tiene "ni idea" de urbanismo. El PSOE provincial exigió la dimisión del alcalde, el concejal detenido y de dirigentes del PP provincial, a los que reprochó haber descartado la existencia de ilegalidades urbanísticas en Alhendín tras abrir una investigación interna.