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Reportaje:

Libertad o esclavitud

Partidarios de la regulación legal de la prostitución y de su abolición debaten en Bilbao sus diferentes propuestas

La situación de la prostitución se encuentra sobre la mesa de debate sin que se pueda vislumbrar en un futuro cercano una solución adecuada. De la misma forma en que la ponencia de la comisión mixta Congreso-Senado que desde el pasado mes de mayo lleva escuchando la opinión de expertos en la materia concluirá sus trabajos el próximo día 13 sin decidir si regular el ejercicio de la prostitución o prohibir la compra de servicios sexuales, la jornada organizada ayer al respecto por la Fundación Sabino Arana no halló una vía de encuentro entre quienes defienden una u otra postura.

La jornada de trabajo Prostitución: un negocio sin regulación, que se desarrolló en Bilbao, analizó experiencias como la de Suecia, que en 1999 declaró ilegal esa actividad o la de Cataluña, donde la Generalitat ha elaborado un proyecto para regular la prostitución como un contrato de arrendamiento de servicios.

Sólo uno de cada ocho hombres sigue contratando servicios sexuales en Suecia desde su prohibición

Lo que está claro es el rechazo unánime a la actividad como explotación de la mujer y ligada al tráfico de personas. Sin embargo, colectivos de prostitutas piden que se regularice su situación, en una profesión que ejercen "libremente".

En esa misma línea se expresó Josep María Tamarit, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Lleida, quien afirmó que "el conjunto de reformas normativas" para abordar el problema de la prostitución "debe tener como base el reconocimiento legal de la validez de la relación sexual comercial". "Por supuesto que existe una prostitución libre y otra no libre, que es la que hay que combatir. Para la otra, hay que escuchar a los colectivos de prostitutas asociadas, que tienen mucho que decir", añadió.

Para Tamarit resulta importante evaluar otros modelos que se están aplicando en países europeos como Holanda y Alemania, que han regulado esta actividad. El catedrático considera que el caso sueco de prohibición "está consiguiendo pocos resultados", según apuntan varios informes, ya que, aunque se ha conseguido erradicar la prostitución de las calles, no se ha logrado que desaparezca de otros lugares, como los barcos.

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Eva Engman, representante de la Cooperación Báltica Contra el Tráfico de Mujeres y presidenta de un refugio para mujeres, opinó que la prostitución constituye "un tipo de violencia hacia la mujer". En su país "no es considerada como algo a lo que se pueden dedicar las mujeres como libre decisión". Engman resaltó que en Suecia el 80% de los ciudadanos respalda la ley que ha declarado ilegal la prostitución y castiga al cliente. Quien solicita los servicios de una prostituta puede ser desde multado con cierta cantidad de dinero a condenado a seis meses de cárcel. En 2005, un total de 32 clientes fueron condenados, aunque luego se les cambió la pena por el pago de multas.

Engman agregó que desde la prohibición, en Suecia "sólo uno de cada ocho hombres sigue contratando estos servicios". Sin embargo, reconoció que "no se puede erradicar la prostitución, pero sí acabar con la violencia hacia las mujeres". "Es importante centrarnos en los hombres, que son los que consumen la prostitución y los que, en general, ejercen la violencia contra las mujeres", destacó.

Tamarit consideró que ese modelo abolicionista peca de "falta de realismo" y recalcó que la peor de las situaciones que se pueden tener "es la alegalidad". Es así como se encuentran actualmente estas mujeres en España, abundó, "porque no hay abolicionismo ni tampoco se legaliza ni se regula", lo que deja a las prostitutas en un limbo legal y expuestas a la explotación.

El catedrático catalán explicó el proyecto de la Generalitat, que trata de regular "hasta donde las competencias de una comunidad autónoma permiten" y de manera "realista", la actividad de quienes venden servicios sexuales dentro de pisos o locales. Tamarit, quien fue asesor del Gobierno catalán en la elaboración de esta ley, indicó que esta regulación establece que hay una parte débil del contrato, la prostituta, que debe ser protegida. Agregó que, regulando la prostitución dentro de pisos, las trabajadoras del sexo tienen mayores garantías sanitarias y de seguridad.

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