El Valencia CF recurrirá la orden del TSJ de paralizar el plan de Porxinos

El Valencia CF recurrirá la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de paralizar cautelarmente el plan parcial de Porxinos en Riba-roja, que incluye la futura ciudad deportiva del equipo, por carecer del informe sobre abastecimiento de agua de la Confederación Hidrográfica del Júcar. El alcalde de Riba-roja, Francisco Tarazona, del PP, aseguró ayer que hay agua para el proyecto que contempla también 2.800 viviendas. El consejero de Territorio, Esteban González Pons, dijo que no hay igualdad en la justicia, y el dirigente popular Juan Costa, que la culpa es de Zapatero.

La oposición culpa al Consell de permitir urbanizar sin garantías

"No hay ningún problema" de agua, "a pesar de la alarma que se ha creado. Habrá ciudad deportiva", afirmaron fuentes del Valencia CF, citadas por Europa Press. Tras señalar que no conocía bien el auto, el alcalde Francisco Tarazona incidió en que "hay agua suficiente para garantizar todo el complejo" porque incluso hay pozos abandonados e infrautilizados por la menor actividad agrícola. Tarazona se preguntó por qué no han paralizado proyecto urbanísticos en municipios "próximos" gobernados por los socialistas como Olocau o Cheste.

El PAI de Porxinos fue aprobado por la Consejería de Territorio. Ayer, el actual consejero, Esteban González Pons, denunció que sólo se ha comunicado a una de las partes la suspensión cautelar del Plan parcial de Porxinos, con lo que se ha roto "el sagrado principio de igualdad procesal entre las partes". González Pons lamentó que se haya conocido a través de algún medio de comunicación que el TSJCV ha notificado a la Abogacía General del Estado el auto de suspensión cautelar, mientras que a la Generalitat, parte denunciada, "no le ha sido comunicado todavía, y al Valencia CF aún no se le ha dejado personarse en el proceso".

A su juicio, es "sospechoso" que precisamente sea "un viernes a última hora" cuando se notifique la decisión a la Delegación de Gobierno, "y hasta el lunes no se haga lo mismo con la Generalitat, dejándonos mudos el sábado y domingo". Además, afirmó que la Confederación Hidrográfica del Júcar "se mueve por intereses políticos a la hora de emitir sus informes sobre suficiencia hídrica, puesto que en los últimos meses sólo se los concede afirmativamente a los socialistas". El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Antoni Bernabé, alegó ayer que "cualquier actuación urbanística que carezca del informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar será impugnada por el Estado".

El vicesecretario regional del PPCV, Ricardo Costa, señaló que la paralización supone una "nueva injerencia" y "otro intento" del Gobierno de Zapatero y del PSPV-PSOE "de frenar los proyectos estratégicos para el progreso y desarrollo de nuestro territorio".

El secretario general de los socialistas valencianos, Joan Ignasi Pla, indicó que la decisión del TSJ confirma la "mala política urbanística" del Consell, la cual "pone en peligro a uno de los sectores más importantes" para el crecimiento económico de la Comunidad. "No sólo son incapaces de seguir un procedimiento establecido que ofrezca garantías a los inversores y compradores, sino que además son los responsables directos de la incertidumbre sobre la garantía de agua suficiente para nuestro desarrollo", agregó.

La coordinadora de Esquerra Unida, Glòria Marcos, manifestó que la suspensión cautelar demuestra que el Consell "actúa con negligencia de manera premeditada en la concesión de autorizaciones urbanísticas". "El PP está dispuesto a dejarnos en herencia un gran erial sin recursos hídricos", agregó. Desde EU de Alicante se indicó que la decisión deja "en clara evidencia" al PAI de Rabassa de Alicante, donde se prevé construir 15.000 viviendas.

La activa plataforma Salvem Porxinos manifestó que el auto "era de esperar", porque "ha habido muchas irregularidades". El portavoz de Salvem Porxinos, Rubén Ferrer, calificó de "irresponsable" la actuación de la Consejería y del Ayuntamiento de Riba-roja, ya que "continuaron con el procedimiento a pesar de no tener la confirmación del organismo competente sobre la existencia de recursos hídricos en la zona". Además, consideró "inaudito" que la Administración autonómica y la local "estén hipotecando el futuro del municipio para favorecer a una empresa privada", en alusión al Valencia CF.