Detenidos tres empresarios de La Rábita por contratar a irregulares

Tres empresarios granadinos han sido detenidos en La Rábita y Albuñol por contratar a cinco trabajadores que se encuentran irregularmente en España. Imputados por un delito contra el derecho de los trabajadores, los tres empresarios habían dado trabajo a tres jóvenes marroquíes, una mujer rusa y una joven ucraniana. En la zona malviven un grupo de más de 60 senegaleses refugiados en el Castillo de La Rábita.

Hace poco más de una semana, saltaba a la luz la historia de un grupo de más de 60 inmigrantes senegaleses que sobreviven como pueden en el castillo de La Rábita. Los jóvenes, que entraron en España en patera, vivían gracias a la ayuda de los vecinos, que se mostraban sorprendidos por el hecho de que en la localidad hubiera trabajo de sobra, pero que por su situación fuera imposible contratarlos.

Ante la repercusión social de la noticia, durante toda la semana patrullas de la Guardia Civil estuvo informando a los empresarios de Albuñol y La Rábita de que contratar a inmigrantes que se encuentran de forma irregular en España puede constituir un delito, y que se abstuvieran de hacerlo.

Fue la primera medida tomada por la Subdelegación del Gobierno y la Junta frente a la petición de ayuda realizada por el Ayuntamiento de Albuñol, que siempre ha abogado por ayudar a los inmigrantes, llegando a ceder de manera temporal el Castillo de la Rábita para que "no murieran de frío", ya que desde su llegada se encontraban en la playa y algunos llegaron a enfermar.

En un primer momento, la subdelegación dijo estar estudiando el caso. Ayer, tras las primeras patrullas informativas, se procedió a las detenciones de empresarios.

La Guardia Civil, el Grupo de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía de Motril e inspectores de trabajo de Granada realizaron una operación contra la contratación de mano de obra ilegal. La operación se inició a las nueve de la mañana y no finalizó hasta cuatro horas después. Durante ese tiempo, los agentes realizaron de manera coordinada hasta 23 inspecciones en otros tantos centros de trabajo y levantaron cinco actas por infracción a la legislación laboral, además de la detención e imputación de los empresarios.