_
_
_
_
_
Nuevo Estatuto
Columna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Las urnas no muerden

El pasado viernes la Junta Electoral Central requirió al Gobierno andaluz la "inmediata supresión" del lema Muy nuestro de la campaña sobre el referéndum de ratificación del Estatuto. Este órgano regulador entiende que el eslogan rompía el criterio de neutralidad que debe regir en la campaña. Salvo quitar el lema, la Junta no tendrá que hacer muchos más cambios, ya que en su despliegue institucional decidió descartar cualquier elemento, frase o imagen, que incitara a la participación, después de que este mismo órgano regulador lo prohibiera con motivo de la campaña del referéndum de Cataluña.

Cualquiera juraría que el valor básico de la democracia es la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Incluso me atrevo a pronosticar que la mayoría había llegado a pensar que, en democracia, es además un deber de cualquier gobierno fomentar que los ciudadanos acudan a votar. Pero, como se demostró en Cataluña y ahora se repite en Andalucía, estamos equivocados. En su día, La Junta Electoral Central prohibió cualquier iniciativa de la Generalitat que favoreciera la participación ciudadana en el referéndum. Y esta cuestionable decisión parece haber sido asumida sin rechistar por todos los gobiernos autonómicos, incluido ahora el de Andalucía.

No tendrá mayores consecuencias para el referéndum andaluz el cambio del eslogan de la campaña institucional, pero sí debería preocupar la interpretación que de la Ley Electoral está realizando este órgano regulador cada vez que se convoca en España un referéndum. Resulta intragable que en democracia se prohíban iniciativas para favorecer la participación de los ciudadanos en las urnas. Y el hecho de que exista esta posibilidad de interpretación de la Ley Electoral es un auténtico contrasentido, ya que parece negar la propia esencia de la democracia. En un referéndum se llama a los ciudadanos a manifestarse, a decidir sobre un proyecto o a pronunciarse sobre una decisión política. Por lo tanto, resulta a todas luces incoherente prohibir al Gobierno que lo convoca que fomente la participación.

En el sistema electoral español la clase política marca el rumbo de la opinión pública y las grandes decisiones se toman desde un Parlamento donde los ciudadanos están representados a través de listas cerradas y con partidos sujetos a la disciplina de voto. Por eso, de todo lo anterior se obtiene una democracia tutelada. En ella, los ciudadanos acudimos cada cuatro años a ejercitar nuestro derecho al voto y elegimos a las personas que lo gestionarán durante toda una legislatura. Más que un voto a una opción política determinada, los ciudadanos entregamos un cheque en blanco a los dirigentes del partido elegido, con la única opción de esperar otros cuatros años para quitárselo si la gestión de ese voto no ha sido de nuestro agrado. El problema de esta democracia indirecta se agrava cuando, en demasiados casos, la decisión del voto no se toma desde el convencimiento hacia la opción política elegida, sino como consecuencia del rechazo que provocan las demás.

Por todo esto adquiere tanta importancia la convocatoria de un referéndum, ya que se trata del único mecanismo de democracia directa que establece la Constitución. A los ciudadanos se les plantea una pregunta y, sin intermediario alguno, dan su respuesta. Apañados estamos, si a estas alturas aún es interpretable en España el hecho de que a mayor participación más democracia, y a menor participación, menos democracia. La cosa puede complicarse aún más, ya que a veces resulta difícil desligar algunas decisiones judiciales de las refriegas políticas. No es baladí que la decisión de prohibir a la Generalitat incentivar la participación en aquel referéndum, estuviera precedida de un largo debate sobre la necesidad misma de las reformas estatutarias. Por tanto, una escasa participación no era una cuestión neutral. Y así hasta que uno llega a preguntarse si para interpretar leyes en democracia no habrá que ser primero un convencido demócrata. En democracia las urnas nunca muerden. Y partiendo de esa premisa incuestionable, no caben ni complicadas explicaciones ni tantos miedos democráticos.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_