La Generalitat ha desviado a hospitales privados 225.000 operaciones desde 1996

Casi 225.000 pacientes de la sanidad pública han sido desviados a clínicas privadas desde 1996 y hasta el primer semestre de 2006, con un coste para el erario público, según un cálculo del PSPV, de 200 millones de euros. La iniciativa, acordada por el PP al año de instalarse en el Consell como medida excepcional contra las listas de espera quirúrgicas, sigue vigente 11 años después. Oposición, sindicatos y entidades sociales cuestionan por qué, a la vista de estas extraordinarias cifras, el PP mantiene su apuesta por la red privada y no refuerza los medios del sistema público.

CC OO y el PSPV dicen que el fin del Consell es "beneficiar" a los centros privados

Los consejos de salud ignoran los datos reales de la lista de espera y el tiempo de demora

Durante los años 2004 y 2005, un total de 50.059 personas fueron intervenida en los centros adscritos al plan de choque; y 16.000 sólo en el primer semestre del año pasado. De enero a junio de 2006, la cifra de pacientes intervenidos en clínicas privadas representaba ya el 65% del total de personas operadas en estos mismos centros en todo el año 2005. Un indicador que revela que el número de pacientes desviados a la red privada no deja de aumentar. Y todo ello, a pesar de que el PP presentó, un año después de su llegada al Gobierno de la Generalitat, el plan choque para rebajar las listas de espera quirúrgicas como una medida excepcional.

A tenor de estos datos, las áreas sanitarias de la Comunidad Valenciana de mayor desvío de usuarios en los últimos tres años [2004, 2005 y primer semestre de 2006] son, ordenadas por volumen: la correspondiente al hospital La Fe de Valencia (con 16.468 de enfermos derivados), Orihuela (6.384), el hospital Clínico de Valencia (6.229), el Doctor Peset de la misma ciudad (5.592) y el hospital General de Alicante (5.003). Aún así, son muchos los enfermos que, tras 60 días de espera, rechazan la solución ofertada por la Consejería de Sanidad de acudir a un centro privado y optan por seguir en la lista hasta ser intervenidos en uno de los hospitales de la red pública. Los usuarios que rechazan esta opción pasan a engrosar una segunda lista, denominada no estructural, de manera que el contador del tiempo en espera se vuelve a situar en cero.

El pasado domingo, este periódico publicó, con datos facilitados por la propia consejería, que la media de espera para ser operado se situaba entre las más cortas del panorama nacional sanitario con tan sólo 31 días de demora. Sin embargo, esta media facilitada por el departamento de Rafael Blasco ha sido rotundamente rechazada por oposición y sindicatos, quienes coinciden en señalar que se trata de "una burda manipulación de las cifras". De hecho, el Consejo Económico y Social (CES), máximo órgano consultivo del Ejecutivo valenciano, el Consejo de Salud de la Comunidad Valenciana -en el que están representados profesionales del sector, sindicatos, ayuntamientos, empresarios y consumidores- y los propios consejos de salud de cada departamento sanitario ignoran los datos reales sobre la lista de espera y el tiempo de demora.

Los datos utilizados para elaborar esta información han sido facilitados por la responsable de Sanidad del PSPV, Encarna Llinares, a partir de las respuestas parlamentarias del PP a este partido y de los datos recogidos en los diferentes informes del CES. Hasta 2003, el PP facilitó las cifras referidas a pacientes desviados (158.899), las clínicas receptoras (15), así como la deuda anual contraída por Sanidad con los diferentes centros participantes en el plan de choque (un total de 121,7 millones de euros). Sin embargo, a partir de ese año, el gobierno popular de la Generalitat dejó de detallar la información y se limita a apuntar exclusivamente el dato sobre personas tratadas en centros privados. La secretaria socialista de Políticas de Salud estima que la Generalitat se ha gastado un mínimo de 80 millones en los últimos tres años en financiar el plan de choque. Esta estimación la realiza sobre la base del dinero presupuestado por Sanidad para estos tres años.

En opinión del presidente de la Unión de Consumidores (UCE) en L'Alacantí, Pedro Hernández, la escasa transparencia de Sanidad vulnera el derecho de información de los usuarios. Una opinión que también es compartida por CC OO. Su responsable de comunicación, Salvador Roig, afirma: "Los pacientes deben conocer cuántas personas tienen por delante y cuánto tiempo han de esperar".

Para el PSPV, el silencio de la Consejería de Sanidad en torno a estos indicadores no hace más que reforzar que su "prioridad es beneficiar a las clínicas privadas, descapitalizando a la sanidad pública", precisa la diputada socialista.

Salvador Roig, de CC OO, es contundente a la hora de explicar el modelo sanitario aplicado por el PP: desconfianza en la propia estructura pública, de ahí su apuesta por las clínicas privadas; e incluso desconfianza en la gestión de sus propios recursos humanos. "La Consejería de Sanidad incentiva a sus profesionales a simultanear la actividad pública con la privada eliminando el complemento de dedicación exclusiva", asevera Roig. El dirigente sindical va mas allá en su crítica a la gestión sanitaria del Consell del PP: "La Generalitat ha convertido la Ley de Incompatibilidades en papel mojado".