El centro comercial de Roquetas cuadruplica la superficie permitida por el PGOU

La polémica por el centro comercial Gran Plaza de Roquetas de Mar (Almería) no cesa. La superficie del edificio, construido con una licencia ilegal por una empresa de Tomás Olivo, imputado en la operación Malaya, cuadruplica lo permitido por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad. La superficie construida asciende 180.016 metros cuadrados, según la Oficina del Catastro, dependiente del Ministerio de Economía. Sin embargo, la ficha municipal del edificio contempla que el centro comercial no podía superar los 41.216 metros cuadrados.

El centro fue construido por Olivo en una parcela que había sido propiedad del alcalde de Roquetas y presidente provincial del PP, Gabriel Amat. El regidor concedió al empresario una licencia que la Junta de Andalucía recurrió. Los tribunales han declarado nula esta licencia, pero no han decretado su cierre por el "inconmensurable daño social" que produciría esta medida.

La diferencia entre lo que la ficha urbanística municipal permitía construir y lo que realmente se construyó es de casi 139.000 metros cuadrados. A esto se suma la intención del gobierno municipal de unir el sector 36 (S-36), donde se ubica el centro Gran Plaza, con el sector 35 (S-35). Al unir los dos sectores la edificación sería muy superior.

En una modificación puntual del PGOU, el Consistorio intentó agrupar el sector 35 y el 36 en uno sólo, con lo que se concedía una superficie de 190.814 metros cuadrados para uso comercial e industrial.

La aprobación definitiva del cambio se llevó a cabo en un pleno celebrado el 9 de septiembre de 2002. Sin embargo, el cambio fue anulado por la Consejería de Obras Públicas en enero de 2003. De este modo, ni los dos sectores están unidos ni tampoco está aprobado el cambio de uso de suelo.

Retirada de competencias

Por ésta y otras irregularidades el colectivo Manos Limpias en el Urbanismo de Roquetas, integrado por vecinos del pueblo, pidió ayer que el Parlamento apruebe la retirada de las competencias urbanísticas al Ayuntamiento, además de solicitar su disolución, medidas que, hasta la fecha, sólo se han adoptado en Marbella.

Gabriel Amat no quiso pronunciarse sobre los hechos denunciados por Manos Limpias, si bien enfatizó que éstos se equivocan en sus cuentas. "Qué tiene que ver el catastro con la edificabilidad. No tienen ni idea. Si piden la disolución del Ayuntamiento, qué voy a decir ante un disparate de esta envergadura. Es una plataforma que ha hecho el PSOE para ellos no decir nada y que lo digan otros", señaló.

El portavoz del colectivo, Francisco Hurtado, destacó ayer la cantidad de irregularidades del centro comercial. Entre otras, subrayó que el Ayuntamiento vendió a la empresa de Olivo, General de Galerías, el 10% del aprovechamiento urbanístico que correspondía por ley al Ayuntamiento. Este aprovechamiento, que consta en una nota del Registro de la Propiedad, equivale a 2.500 metros cuadrados de suelo urbanizado y construido. "Estas unidades de aprovechamiento urbanístico fueron vendidas por el Ayuntamiento por 357.885 euros, cuando podrían estar valoradas en el mercado en 4,5 millones de euros", dijo Hurtado.

El senador socialista y secretario general del PSOE roquetero, Juan Miguel Peña, ve en la actuación del Consistorio un "pelotazo urbanístico". El senador se mostró favorable a que la Junta intervenga en el municipio en temas urbanísticos. "Si es cierto, la verdad es que la Junta debería quitarle las competencias de urbanismo", afirmó.

Desde el grupo político Independientes de El Parador y Aguadulce (Indapa) su portavoz, José Porcel, recordó que su partido ya planteó la necesidad de quitar estas competencias. "Modifican alineaciones, construyen más alturas de las permitidas, hacen lo que quieren", dijo.

El colectivo Manos Limpias ha decidido elevar la documentación con la que cuenta ante la Fiscalía de Almería.