Vitoria afronta su peor crisis institucional
La oposición fuerza la investigación de la gestión urbanística de Alonso a cinco meses de los comicios
Los escándalos urbanísticos que recorren buena parte de España han activado las alarmas en todos los ayuntamientos. También en el de Vitoria, donde en los últimos diez días se han sucedido dos denuncias de supuestas irregularidades en sendas promociones de viviendas unifamiliares. La crisis política ha sacudido al consistorio vitoriano, que nunca había vivido una situación similar desde que los ayuntamientos democráticos se constituyeron en 1979. A ello ha colaborado la fragmentada composición de la corporación, que el PP gobierna con nueve de los 27 concejales, frente a los ocho del PNV, siete del PSE, dos de EB y uno de EA, las cuatro fuerzas de la oposición que han hecho frente común contra el equipo de gobierno del popular Alfonso Alonso en esta materia. Y todo ello a apenas de cinco meses de las elecciones municipales, con un enfrentamiento abierto entre populares y socialistas que, de momento, no se vive en los grandes ayuntamientos de Vizcaya y Guipúzcoa.
La comisión analizará también la posible coacción a funcionarios de Urbanismo
"No ha habido irregularidades en ningún caso", asegura el concejal Ibarrondo
La crisis parte de los casos de dos promociones urbanísticas. En el barrio de Ibaiondo, la constructora Opacua ha aumentado el precio de 24 chalés bioclimáticos, edificados sobre terrenos municipales, en 54.000 euros cada uno. Y en el pueblo de Ali, también en el término municipal vitoriano, la concejalía de Urbanismo, que dirige el popular Jorge Ibarrondo, ha permitido a la firma Salgado Iglesias construir siete chalés tras sucesivos informes técnicos en contra. "La opinión pública está muy sensibilizada ante los casos de corrupción urbanística, donde las plusvalías inmobiliarias no revierten en la comunidad, sino en bolsillos particulares", resume el portavoz del PSE, Patxi Lazcoz, para explicar la convulsa situación.
De momento, ya se ha creado una comisión de investigación, presidida por el peneuvista Unai Grajales, que estudiará a partir del próximo mes de enero estas presuntas irregularidades, así como la posible coacción a funcionarios del Servicio de Urbanismo. "Vitoria, como tantas localidades gobernadas por el PP, es un paraíso para los asuntos del ladrillo y esta semana ha sido sólo una muestra de lo que hemos vivido durante estos años", apunta el peneuvista Mikel Martínez.
"El equipo de gobierno está practicando el acoso laboral contra técnicos municipales contrarios a sus intereses. Pretendemos que la comisión suponga un rebelión cívica de los funcionarios del Ayuntamiento", añade.
El equipo de gobierno ya afrontó otras dos comisiones municipales de investigación que analizaron irregularidades en la venta del centro cívico Boulevard y en la inauguración de los viales de Sidenor, ambas dependientes de Urbanismo. En los dos casos, el Tribunal Vasco de Cuentas confirmó las sospechas de la oposición. En esta ocasión, el Síndico (Defensor del Vecino) de Vitoria ya ha mostrado su respaldo a los ciudadanos que compraron los chalés de Ibaiondo, de precio tasado por el pleno, aduciendo que el director de Urbanismo vulneró el acuerdo de todos los concejales. "Falta coraje para coger el toro por los cuernos y atajar los comportamientos irregulares", apunta Lazcoz.
El concejal de Urbanismo, Jorge Ibarrondo, replica que está tranquilo. "No ha habido irregularidades en ninguno de los casos", apunta el edil, forzado la semana pasada por toda la oposición a dimitir como presidente de la Agencia de Renovación Urbana (ARU). "En Ibaiondo, el propio consejo de la ARU en pleno admitió la subida del precio de los chalés por el coste del equipamiento bioclimático y los que se presentaron al concurso eran conocedores de este incremento", precisa.
Ibarrondo considera que la oposición miente a sabiendas. "La sensibilización ciudadana ante los fraudes urbanísticos es patente. La oposición ha jugado con este asunto por intereses electoralistas. Me han condenado sin permitirme la oportunidad de explicarme", destaca. Según el concejal, la oposición conoce todo el proceso de incremento del precio y "lo respaldó en su momento, por unanimidad".
En cuanto a los chalés de Ali, Ibarrondo indica que su expediente ha sido complejo, que ha habido diferencias de interpretación entre técnicos por la extensión del terreno. En principio, un estudio cartográfico estimó que no llegaba a los 2.000 metros cuadrados preceptivos para construir hasta ocho chalés. Los 1.900 metros sólo permitían edificar seis. Un nuevo informe resolvió que se podía construir si se asumía una parte de terreno que se había utilizado para lindero.
"Es posible que entre los distintos servicios de Urbanismo no haya habido una coordinación suficiente", apunta el edil. "El expediente está abierto; no hay por qué extrañarse de que se incluyan nuevos documentos", añade. Los documentos se incorporaron año y medio después, con los chalés construidos y horas después de que la oposición revelase las supuestas irregularidades.
Las prisas de un edil
El único concejal de EA en Vitoria, Antxon Belakortu, recibió datos reservados de que el expediente sobre el complejo de chalés proyectado en el número 2 de la calle Asestadero del pueblo de Ali suscitaba dudas. El proyecto de construir siete chalés había sido denegado en las dos ocasiones en que la constructora Salgado Iglesias lo había presentado, a principios de 2004 y 2005. En junio de 2005, se concedió la licencia, en contra de los informes.
Belakortu lo reveló el martes a las 10.30. Apenas dos horas más tarde, se añadía al expediente un informe que justificaba aquella decisión. "Falsificación de documentos", denuncia la oposición; "incorporación de informes explicativos a un expediente abierto", argumenta Jorge Ibarrondo, edil de Urbanismo.
Esa mañana del pasado martes, la actividad en la delegación de Urbanismo del Ayuntamiento fue estresante. Por allí circulaban apresurados el director de Urbanismo, Antón Sáenz de Santamaría, y el concejal Ibarrondo, dispuestos a incorporar ese documento, ante la mirada incrédula de los cuatro portavoces de la oposición, que acudieron al lugar ante sus sospechas de que se hubiese manipulado dicha documentación. Al final, tuvieron acceso al expediente. "El papel estaba caliente, recién salido de la impresora", recuerda Belakortu.
Dos días después de esta denuncia y el consiguiente rifirrafe político, el alcalde ponía a la venta para construir oficinas dos solares municipales donde PNV y PSE apostaban por levantar el Auditorio. La tormenta política en Vitoria no tiene visos de ceder paso a la calma.
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