La Inspección pide apartar de la carrera al presidente de la Audiencia de Las Palmas
El magistrado intentó influir sobre un fiscal y un juez para lograr la libertad de un 'narco'
El servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pidió ayer la separación de la carrera judicial del presidente de la Audiencia de Las Palmas, José Antonio Martín Martín, investigado por intentar conseguir la libertad bajo fianza de un narcotraficante presionando a un fiscal y a otros jueces. La comisión disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces suspenderá, sin embargo, hoy la resolución del expediente sancionador abierto al magistrado hasta que concluya el caso que se sigue contra él por los mismos hechos en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
El magistrado, según el relato de los hechos recogidos por el inspector, intentó presionar supuestamente al fiscal antidroga Javier García, el 28 de julio de 2004, para que pidiera la libertad bajo fianza de Rafael Bornia, conocido narcotraficante detenido por blanqueo de capitales. Con el argumento de que el abogado del acusado "era muy pesado" pidió al fiscal que solicitara la libertad provisional bajo fianza de 1,2 millones de euros. La acusación se negó respondiendo: "No, los paga y se fuga".
Pero Martín, según la inspección, no sólo intentó presionar al fiscal, sino también a los jueces de la sala que debía decidir sobre la prisión. "En la defensa de su posición de libertad bajo fianza, Martín se mostró firme e insistente llegando incluso a una cierta tensión con un tono elevado en la defensa de las posturas, provocándome una sensación de extrañeza, toda vez que en las ocasiones anteriores en las que había tenido que resolver la situación personal de Rafael Bornia nunca se había planteado una situación similar", aseguró el magistrado ponente de la decisión final, que ratificó la prisión incondicional contra Bornia.
Cita en un restaurante
Un mes antes de que el tribunal tuviera que decidir sobre la prisión o libertad del narcotraficante, Martín Martín se reunió con el hermano del acusado, Julio Bornia, y un tercer comensal, Wilebaldo Yanes, en el restaurante El Figón de Tarifa, de la capital canaria, separados del resto de la clientela con un biombo. Esa reunión fue controlada por la policía que investigaba a Yanes en relación con una trama que supuestamente amañaba un concurso del Gobierno canario para adjudicar la construcción de varios parques eólicos en el archipiélago. La relación entre el magistrado y Yanes era muy estrecha, hasta el punto de que el hijo de Martín trabajaba en una de las empresas de Yanes.
Durante esa comida, Martín Martín se comprometió supuestamente a mediar a favor de Rafael Bornia en la Audiencia Provincial, como se dedujo de las conversaciones que a partir de ese día se produjeron entre Yanes, Julio Bornia y Martín Martín. En una de ellas, fechada el 11 de mayo de 2005, Julio Bornia pidió a Yanes que no se olvidara de ellos. En otra, registrada el 30 de mayo, el diálogo se produjo entre Wilebaldo Yanes y el presidente de la Audiencia. "Julio Bornia quiere hablar contigo, aunque sea ahí, un ratillo en el coche, o lo que sea, ¿es posible?... Esta tarde, a última hora", preguntó el empresario al magistrado. "Sí, llámame por la tarde a ver cómo nos va la cosa, a ver si yo salgo un momento y nos vemos un momento para que se quede tranquilo", le respondió Martín Martín.
Esa misma noche, Yanes comunicó al hermano del narcotraficante que el magistrado les recibiría en su propia casa. El empresario explicó después en qué consistió el encuentro: "Bornia estaba intranquilo por la situación de su hermano y quería trasladárselo al magistrado. No se habló de libertad, pero se habló de una fianza para salir en libertad". El presidente de la Audiencia se mostró incómodo por tener que recibirlos en su casa.
Tres faltas muy graves
El servicio de Inspección considera que mediante esa conducta, el magistrado cometió tres faltas disciplinarias muy graves y solicita su expulsión de la carrera. La primera es "la intromisión mediante órdenes o presiones de cualquier clase, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional de otro juez o magistrado". La segunda, "el ejercicio de cualquiera de las actividades incompatibles con el cargo de juez y magistrado", en concreto, el asesoramiento jurídico del narco. En último lugar, el inspector imputa al juez "la inobservancia del deber de abstención a sabiendas de que concurre alguna de las causas legalmente previstas".
La comisión disciplinaria del Consejo que estudiará hoy el expediente contra Martín Martín remitido por la inspección aplazará, sin embargo, la resolución sobre su separación hasta que termine el proceso que se sigue contra él en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Mientras, el magistrado continuará suspendido cautelarmente de sus funciones, como dispuso la comisión permanente del Consejo el pasado 19 de enero con el informe favorable del Ministerio Fiscal. La Ley Orgánica del Poder Judicial obliga al órgano de gobierno de los jueces a adoptar esa medida con todos los magistrados contra los que se haya abierto una investigación judicial. La suspensión de José Antonio Martín Martín sólo se levantará en caso de que el proceso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias termine archivado o con sentencia absolutoria.
