Imágenes de boxeo
La masiva llegada el pasado verano a Canarias de miles de inmigrantes irregulares en precarias embarcaciones procedentes de países subsaharianos y la emocional reacción de la opinión pública ante ese dramático éxodo (fueron numerosos los naufragios con resultado de muerte) cogieron de sorpresa al Gobierno, que dio un marcado giro a sus orientaciones sobre la materia consideradas demasiado permisivas por otros miembros de la Unión Europea. Después de haber anunciado hace unas semanas que antes o después (no precisó las fechas) la totalidad de los inmigrantes sin documentación en regla (tampoco dio las cifras de una población seguramente superior al medio millón de personas) serían expulsados del territorio español, la vicepresidenta Fernández de la Vega se reúne hoy con los portavoces de los grupos parlamentarios para iniciar formalmente las negociaciones de un Pacto de Estado sobre Inmigración suscrito por todos los partidos.
El cargado calendario del próximo año y medio -la cita catalana ante las urnas dentro de pocas semanas, las municipales y autonómicas de mayo de 2007, las legislativas de 2008- explica los cambios y las prisas del Gobierno y de sus socios parlamentarios. La experiencia europea enseña que la inmigración es una preocupación transversal movilizadora del voto al margen de las ideologías: esa eventual versatilidad ciudadana ante las urnas suscita los temores y despierta las codicias en todos los partidos. El PP ha anunciado su intención de instalar en el centro mismo de su programa la crítica a la política gubernamental sobre la materia. Los populares no se sumarán al acuerdo parlamentario sobre inmigración: el pasado fin de semana celebraron una conferencia sectorial para aprobar un programa alternativo de cien medidas. En la clausura de esas jornadas, Rajoy explicó con una metáfora pugilística su rechazo al Pacto de Estado propuesto por el Gobierno: la oferta es "el viejísimo truco del boxeador sonado" que se agarra al contrario cuando le faltan las fuerzas.
La prohibición por ley de las regularizaciones masivas -una moción que ya fue rechazada por el Congreso de los Diputados el jueves de la pasada semana- constituye la iniciativa más pregonada de ese nutrido paquete. Según el PP, la legalización en 2005 por el Gobierno socialista de 578.000 inmigrantes que se hallaban en situación administrativa irregular (ininterrumpida o sobrevenida) pero que trabajaban en la economía sumergida habría provocado el efecto llamada responsable de los cayucos africanos; sin embargo, los populares guardan silencio sobre los 480.000 inmigrantes legalizados durante su mandato y se desentienden de la herencia de irregulares -por encima de 700.000- dejada en 2004 a los socialistas. La ausencia de datos fiables sobre los inmigrantes sin permiso de residencia permite lanzar en ese debate todo tipo de exageraciones inverificables: Rajoy, por ejemplo, sostuvo en su intervención del sábado que la bolsa ilegal abarca ya a un millón y medio de personas. El Parlamento debería promover cuanto antes la creación de una comisión de expertos encargada de elaborar un Libro Blanco sobre inmigración que impidiera en el futuro la demagógica e irresponsable utilización de cifras inventadas con fines alarmistas.
Entre las cien medidas del PP figura también la propuesta según la cual sólo los inmigrantes con un permiso de residencia en regla expedido por el Ministerio del Interior podrían ser inscritos en el padrón municipal, hasta ahora la fuente documental utilizada por la población irregular para defender sus derechos a los servicios educativos y sanitarios. Aunque el discurso de los populares haya cambiado el tono castizo de sus antiguas denuncias xenófobas y reconozca ahora los beneficios aportados por la inmigración a la sociedad española, el programa del PP dirigido a promover la contratación legal de trabajadores y a impedir su entrada clandestina en la economía sumergida está lejos de aclarar el mecanismo para que la oferta y la demanda de mano de obra foránea cuadren. Pero ahí reside el busilis del asunto: un reciente estudio del catedrático Josep Oliver -España 2020: un mestizaje ineludible, Instituto de Estudios Autonómicos- estima que España necesitará cuatro millones de inmigrantes en los tres próximos lustros si quiere mantener sus ritmos de crecimiento.
