AL: administrar la impaciencia social
Como todos los años desde hace tres, un grupo de economistas latinoamericanos y españoles se reúne en la Fundación Cidob para reflexionar sobre América Latina (AL), en los días previos a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, esta vez en Montevideo. El objetivo de la reunión es que sus conclusiones sean trasladadas a los mandatarios. La primera cita, en 2004, fue la más ambiciosa, pues parió la llamada Agenda del Desarrollo de Barcelona, que intentaba ser una especie de alternativa al Consenso de Washington; la segunda fue en Salamanca, el año pasado, y centró sus conclusiones en los equilibrios entre el Estado y el mercado. La tercera ha tenido lugar en Barcelona el fin de semana y el eje de la discusión ha sido la necesidad de una reforma fiscal en ingresos y gastos.
Más significativa que el comunicado final (que, a fuerza de consensuarse, lleva en ocasiones al tópico) ha sido la riqueza de la discusión y la comparación con los documentos anteriores de Barcelona 2004 y Salamanca 2005, lo que permite observar la variación de las tendencias. En la Agenda del Desarrollo se insistía, con prevalencia, en la recurrencia y la severidad de las crisis financieras sistemáticas, así como en las grandes deudas (públicas y privadas) y en bancos mal regulados. En Salamanca se mencionaba el papel del FMI, que, después de tanta presencia, no es ahora sino un actor secundario; y se decía que AL crecía menos que otras zonas emergentes por las consecuencias devastadoras de las crisis macroeconómicas y financieras de las últimas décadas.
La discusión del fin de semana pasado no fue sobre las crisis, sino sobre cómo administrar la abundancia. América Latina crecerá este año por cuarto año seguido (un 5% como media) y espera continuar igual en 2007. Pese a ello, los dos países más grandes de la región, México y Brasil, son menos dinámicos que sus homólogos de otras zonas emergentes como China e India. Pero el centro del debate fue la urgencia de una reforma fiscal que aborde el problema de la desigualdad. La baja calidad del gasto público dificulta hacer del mismo un verdadero instrumento de justicia y desarrollo. Los economistas abordaron el concepto de "violencia fiscal", una violencia sutil y devastadora, totalmente legal, votada por los parlamentos y sancionada por los órganos legales, que está formada por todo el entramado del sistema fiscal, con sus reglas, procesos e instituciones, que se consiguen distorsionar y alterar en favor de un sector empresarial, gremio social o grupo político. Se trata de la apropiación legal de los recursos fiscales a través de salarios, pensiones, subsidios, exenciones, exoneraciones, rescates, etcétera. Determinadas élites, aprovechando los resquicios, no pagan impuestos.
A ello se le añade la confiscación del gasto social por parte de otros poderes fácticos. Habiendo unanimidad entre los economistas presentes (lo cual indica una cierta y buscada homogeneidad ideológica) en que la redistribución se produce a través del gasto y no de los ingresos fiscales, la idea quiebra si los principales beneficiarios del gasto social en AL están en los quintiles más favorecidos de la población. La suma de excepciones en los impuestos y el apoderamiento del gasto público elevan las inequidades del sistema.
Enrique Iglesias, secretario de las cumbres iberoamericanas, bajó a tierra el economicismo rampante de algunos momentos de la reunión en su intervención final: primero fueron las reformas (el Consenso de Washington), después se reclamaron las instituciones (las políticas públicas tienen un gran papel), y ahora es el momento de la política pura: elección tras elección, AL está cambiando (y no mediante golpes de Estado).
No hay que tener miedo del resultado de las elecciones, sino a no saber administrar la impaciencia social; las élites creen que las cosas van mejor, pero la sociedad da muestras de un gran pesimismo ante la persistencia de los déficit sociales y de la mala distribución de los ingresos.
