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Aumenta la demanda de asistencia sanitaria de las prostitutas tras la ordenanza de Barcelona

Las mujeres se quejan de que muchos clientes no quieren utilizar preservativos

El número de prostitutas que solicitan asistencia sanitaria se ha disparado en los últimos meses tras la entrada en funcionamiento de la ordenanza de civismo y convivencia de Barcelona. La mayor presión policial sobre algunas calles ha precarizado más el trabajo de las mujeres, que muchas veces se encuentran obligadas a ceder a las exigencias de los clientes de no utilizar preservativos. Ese es el diagnóstico que hacen entidades que trabajan con el colectivo de prostitutas y que se ha comunicado a los responsables municipales en una comisión creada con la ordenanza.

La presencia de prostitutas en la calle de Sant Ramon, y la ronda de Sant Antoni, de Barcelona, no es tan constante como lo era antes de la entrada en vigor de la ordenanza. Sus idas y venidas -y las de los clientes- dependen de la aparición de la Guardia Urbana. Por tanto, a ratos hay más movimiento o menos.

Una joven con acento eslavo explica que en los últimos meses los clientes exigen más que no se utilicen preservativos: "Yo me niego, pero algunas acceden. Supongo que según les vaya el día". O que se vean forzadas a ello, que es lo que ocurre cuando están en manos de redes de proxenetas. Diez metros más lejos, otra mujer -de origen brasileño- cuenta una historia parecida: "Yo no accedo, pero conozco a otras que sí". La misma pregunta obtiene parecidas respuestas de más mujeres en las esquinas de la ronda de Sant Antoni. Está claro que el problema existe, pero siempre les pasa a "otras".

Clarisa Velocci, portavoz del Colectivo Genera, una de las entidades que atienden a las prostitutas, asegura que en los últimos meses el número de mujeres que recurren a esa asociación y a otras solicitando asistencia sanitaria, especialmente ginecológica, se ha duplicado. "Nosotros ya no podemos derivar a más mujeres ni en el mes de octubre ni en noviembre al servicio ginecológico de las Drassanes", afirma, y añade que las prostitutas en situación más débil son las que acceden a no utilizar preservativos ante la inseguridad de que ese día puedan tener más clientes, lo cual depende de la presión policial. "Yo intento convencer al cliente, pero si se va...". Ese es, explica Velocci, un relato que se repite en las asociaciones.

Bien por sentir molestias de algún tipo o por prevención si han mantenido prácticas de riesgo -sin preservativo-, cada vez son más las prostitutas que piden a las entidades Colectivo Genera, Àmbit Dona y El Lloc de la Dona más recursos médicos.

Comisión municipal

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La petición de las entidades quedó reflejada expresamente hace unos 10 días en una comisión, presidida por Pilar Vallugera, concejal de Derechos Civiles y Mujer del consistorio. Se trata de una comisión creada después de la entrada en vigor de la ordenanza municipal -que sanciona la prostitución si se invade el espacio público- y que supuso también la puesta en marcha de una agencia para abordar ese y otros problemas de las trabajadoras sexuales, como el de buscar circuitos, formación y recursos para las que quieran dejar la prostitución. Vallugera reconoció que se ha producido una situación de más vulnerabilidad en las mujeres y añadió que se está recogiendo toda la información sobre la situación para adoptar medidas.

Una de ellas, la de disponer de más recursos de atención ginecológica, podría pasar por dirigir a las mujeres a otros tres centros, el de la calle de Manso, el de la plaza de Goya y otro en Poble Sec. Pero todo ello todavía no ha pasado de ser conversaciones entre técnicos de salud. "Está claro que un solo servicio es insuficiente", reconoció la edil en referencia al Programa de Asistencia a la Salud Sexual y Reproductora (Pasir) de Drassanes. Otra medida que se considera es la de emprender una campaña preventiva dirigida a los clientes. "Porque son ellos los que no quieren utilizar los preservativos. Las mujeres que ejercen la prostitución hace tiempo que están concienciadas", aclara la edil.

Parecido diagnóstico hace Ramón Lamiel, técnico municipal y uno de los responsables del progama de atención a las prostitutas, quien considera que el ojo del huracán está en los hábitos sanitarios de los clientes: "Desde el primer día se sabe que el problema está en el consumidor y que algunas mujeres acaban aceptando relaciones sin preservativos porque se ven forzadas". Tanto Lamiel como algunas entidades que agrupan a las trabajadoras sexuales coinciden en que quienes se niegan a usar los condones no son los autóctonos, sino un sector de la inmigración que culturalmente lo rechaza. Este técnico considera que la creciente demanda de asistencia sanitaria de las prostitutas es lógica porque ahora tienen un lugar determinado donde plantearlo: "Si se crea un circuito de ayuda, se corre la voz".

En cuanto al riesgo sanitario que esas prácticas pueden suponer, nadie quiere ser alarmista, aunque fuentes municipales señalaron que están recabando información. Este diario, intentó, sin éxito, conocer la versión de la responsable del Pasir de Drassanes, que, por ahora, es el que presta asistencia a las prostitutas.

"Lo que ha ocurrido es lo que denunciamos que iba a pasar, que la ordenanza perjudicaría al eslabón más débil", subraya Velocci como representante del colectivo: "Se ha llegado al chantaje de los clientes que bajan las tarifas y se niegan a utilizar el preservativo".

Una estampa frecuente en la Ronda de Sant Antoni de Barcelona.
Una estampa frecuente en la Ronda de Sant Antoni de Barcelona.GIANLUCA BATTISTA

Recursos contra las sanciones de la Guardia Urbana

Las prostitutas que han sido multadas por la Guardia Urbana están empezando a recibir las notificaciones formales de la sanción. Las multas, de acuerdo con la ordenanza, se imponen cuando la oferta de los servicios sexuales se hace a menos de 200 metros de una escuela o cuando se monopoliza la calle. El importe de las multas es de 375 euros. "Estamos recurriendo contra ellas básicamente por dos motivos: por falta de pruebas y porque creemos que es un importe desproporcionado", apunta Clarisa Velocci, del Colectivo Genera. Lo de la falta de pruebas lo argumenta, no sin cierta ironía, en que los agentes no pueden saber de qué va la conversación que se mantiene con el cliente.

En cuanto a la desproporción de las sanciones, Velocci razona que si, por ejemplo, una alcoholemia es sancionada con 300 euros, resulta excesivo que ofrecer relaciones sexuales tenga una multa mayor: "Es como si fueran más peligrosas las prostitutas que alguien que conduzca ebrio". Fuentes municipales no precisaron cuántas multas se han impuesto a prostitutas en los últimos meses.

En un balance que presentó el consistorio en junio pasado, la Guardia Urbana había puesto 2.000 sanciones, cerca de 1.500 a prostitutas y otras 500 a los clientes. Lo que sí confirmó el Ayuntamiento es que el importe de las sanciones a las prostitutas es de 375 euros y de 275 a los clientes.

Otra demanda que han planteado las asociaciones a la comisión municipal es que la Guardia Urbana se integre en la mesa técnica porque hay muchas quejas de actitudes prepotentes de los agentes con las prostitutas.

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