El Gobierno decide cerrar Garoña y descarta ampliar la vida de otras centrales nucleares

La central nuclear de Garoña, en marcha desde 1970, no funcionará mucho tiempo. El Gobierno ha decidido cerrarla e Industria no renovará el permiso de funcionamiento que ha solicitado la planta para seguir después de 2009 y no ampliará más allá de 40 años la vida útil de las centrales, según fuentes del Ejecutivo. Con esta medida, el Gobierno y el PSOE pretenden demostrar que su apuesta antinuclear va en serio, que José Luis Rodríguez Zapatero cumple lo que promete y aplacar a los ecologistas y socios parlamentarios para facilitar la construcción del almacén de residuos nucleares, considerado la prioridad máxima.

La postura del Gobierno en el tema nuclear nunca ha estado muy clara. Mientras la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, arremete abiertamente contra esta energía, el departamento de Industria dirigido por José Montilla la defendía y ahora no se sabe qué dirá Joan Clos. El "doble lenguaje" -como lo define un alto cargo socialista- lo rompió el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando anunció en el Debate del Estado de la Nación de 2005 un calendario de cierre nuclear. Industria afirmó un año después que lo sensato sería dejarlo para la próxima legislatura. Zapatero insistió en que en esta legislatura habrá un "plan de cierre".

Garoña produjo en 2005 el 1,25% de la electricidad consumida en España

El ejecutivo quiere compensar a las eléctricas con el almacén de residuos

Fuentes del Gobierno conocedoras del proceso explican que el primer paso será cerrar Garoña, una potestad de Industria, aunque el Consejo de Seguridad Nuclear tendrá que informar previamente. La decisión se acelerará por la necesidad de construir un almacén de residuos radiactivos. España no cuenta con ningún cementerio nuclear -cada central guarda sus desechos atómicos- y lo necesita con urgencia: en 2011 tienen que volver los residuos enviados a Francia tras el accidente de Vandellòs I en 1989. A partir de ese momento el contrato firmado entre España y Francia fija una penalización de 57.000 euros diarios. Además, el almacén de la central de Cofrentes (Valencia) se satura en 2009 y el desmantelamiento de Zorita obliga a buscar una solución. Hay prisa.

El Gobierno, con una oferta de 700 millones de euros en inversiones, ha pedido ayuntamientos candidatos para albergar el almacén. Pero los primeros amagos -como el fracasado en Peque, Zamora- han demostrado que los ecologistas pueden movilizar mucha gente contra la instalación. Por eso los alcaldes dispuestos a autorizar el almacén en su municipio todavía no lo piden públicamente. Los ecologistas argumentan que construirlo es dar una salida a la energía nuclear y sólo lo aceptarán si hay un plan de cierre de las centrales. Por eso, antes de la campaña de las municipales de 2007, el Gobierno anunciará -"con toda seguridad", según fuentes consultadas- el cierre de Garoña como primer paso. El objetivo de esta medida es desmentir así que el almacén nuclear sea la coartada para mantener las centrales. Sin embargo, un portavoz oficial de Industria afirma que "no hay fecha ni previsión de cierre de centrales".

Garoña es propiedad de Endesa e Iberdrola al 50% y ya ha presentado la solicitud al Consejo de Seguridad Nuclear para funcionar después de 2009. Su cierre, se unirá al de Zorita (Guadalajara), clausurada este año, tras una decisión del PP en 2002.

La falta de las dos centrales no supondrá un gran problema para el sistema eléctrico. Aunque la energía nuclear supone un 23% de la electricidad, Garoña y Zorita son pequeñas comparadas con el resto. Fueron las primeras plantas en abrir y su tecnología es obsoleta. Entre las dos suman 616 megavatios de potencia (150, Zorita y 466 Garoña), poco más de la mitad que los dmás reactores y producen lo mismo que una central de gas. Garoña produjo en 2005 el 1,25% de la electricidad consumida en España.

Izquierda Verde y Los Verdes, socios del PSOE, han pedido al Gobierno el cierre de una nuclear para mantener su apoyo. El Gobierno ha hecho llegar a los ecologistas su intención de cerrar la planta si aceptan el almacén. Ecologistas en Acción y Greenpeace han respondido que "no, si no hay una fecha fija para prescindir de la energía nuclear", pero el Gobierno confía en que el cierre de Garoña disminuirá las protestas.

Un alto cargo socialista señala que "no se entendería que no hubiera pronto una decisión como ésta" con el convencimiento de que el almacén de residuos saldrá en la campaña de las municipales y autonómicas y "hay que demostrar que la energía nuclear no es solución".

Las fuentes consultadas no esperan demasiada oposición de las eléctricas. Cuentan con convencerlas de que ellas son las primeras interesadas en solucionar el problema de los residuos. "Garoña está amortizada y con un almacén ellos se quitan las barras de combustible gastado de sus centrales, que son un problema y así reducen costes", explican las citadas fuentes.

En enero de 2005, el Gobierno cambió la ley y obligó a las eléctricas a pagar el coste de los residuos radiactivos. Hasta entonces, el presupuesto de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) salía de un porcentaje de los recibos de la luz de cada consumidor. Tener un único depósito es cuatro veces más barato y más seguro que construir siete pequeños almacenes en cada central. El combustible gastado emite radiación durante decenas de miles de años y almacenarlos costará 13.018 millones entre 1985 y 2070. No se sabe cuánto a partir de entonces.

Con el cierre de Garoña y la construcción del almacén, el Gobierno cumpliría el grueso de su paquete nuclear. Además, pretende no permitir que las centrales prolonguen su vida más allá de los 40 años para los que fueron diseñadas inicialmente. Eso supone cierres escalonados entre 2020 y 2027. En realidad, las fuentes consultadas mantienen que una declaración de ese tipo es más política que práctica. No se puede prescindir hoy de la energía nuclear y, sin acuerdo de la oposición, lo que diga un Gobierno sobre lo que hará otro dentro de 13 años es una cuestión simbólica.

La tercera pata de la agenda es acelerar la reforma de la ley que regula el CSN, una propuesta de Izquierda Verde y auspiciada por Greenpeace. El PSOE, tras dilatarla durante más de un año en el Congreso, la tramitará este año. La reforma hará públicos todos los documentos del CSN y dará voz a las comunidades.