La Generalitat proyecta la demolición de los juzgados del paseo de Lluís Companys

El Departamento de Justicia está considerando la posibilidad de demoler el edificio de los juzgados del paseo de Lluís Companys o, por el contrario, mantener su estructura y reformarlo íntegramente. El plan de edificios y equipamientos elaborado por la Generalitat prevé que esas dependencias acojan en el futuro la Audiencia de Barcelona y los juzgados de lo contencioso-administrativo. El dilema sobre el que decidirá Justicia a partir de un informe técnico que estará listo en septiembre es si resulta más rentable y funcional construir un edificio nuevo o conservar el actual.

El edificio judicial de Lluís Companys está situado junto al parque de la Ciutadella y acoge los 33 de instrucción más los 22 juzgados penales, además de los juzgados de guardia, inagurados con motivo de los Juegos Olímpicos de 1992.

Se trata de una construcción de cinco plantas con un diseño muy poco funcional, con largos y anchos pasillos y un patio interior que ocupa un espacio totalmente desaprovechado. Eso se traduce en unas oficinas judiciales reducidas, en las que los expedientes se amontonan en las estanterías de los pasillos y en las que el espacio en el que trabajan el juez, el secretario y los funcionarios es muy limitado. Los informes técnicos han concluido que el edificio está sano desde el punto de vista arquitectónico y no es necesaria su demolición, pero otra cosa es la escasa funcionalidad que puede ofrecer cuando se instalen en ese edificio las salas de vistas de la Audiencia de Barcelona.

El Departamento de Justicia adoptará una decisión antes de que se constituya el nuevo Gobierno, que, en función del resultado electoral del 1 de noviembre, podría ser distinto que hay ahora. El plan de equipamientos redactado por el actual equipo prevé que este edificio, reformado o nuevo, sea uno de los tres que se mantengan en la ciudad, de los 20 que hay y en los que están dispersos los juzgados de los diferentes ámbitos.

El Palacio de Justicia

Los otros tres edificios que se mantendrán serán el simbólico Palacio de Justicia -situado en la otra acera del paseo de Lluís Companys y que albergará todas las salas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y la jefatura de la fiscalía- y los dos edificios ubicados al inicio de Via Laietana, que ahora acogen los juzgados de primera instancia. En el futuro albergarán únicamente los juzgados de lo social, disperos ahora por Barcelona en cinco sedes distintas.

La previsión del Departamento de Justicia es que para finales de 2010 haya concluido definitivamente el traslado y construcción de todos los edificios judiciales de Barcelona. Es primer paso es que finalicen las obras la Ciudad de la Justicia, que se está construyendo junto a la plaza de Cerdà para ir iniciando el traslado progresivo.

El resto de los edificios que actualmente se utilizan en varios enclaves de Barcelona serán traspasados al Departamento de Patrimonio de la Generalitat para que decida sobre su uso, cuando sean de propiedad, o bien se abandonarán, en el caso de los de alquiler. El más significativo es quizá el que acoge la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, propiedad de La Caixa, en la Via Laietana.

La inversión en estas obras y en el macroproyecto de la Ciudad de la Justicia será muy cuantioso, pero el secretario general del Departamento de Justicia, Joan Turró, recalca que "más importante es aún el presupuesto destinado para construir edificios judiciales por toda Cataluña".

Actualmente se están edificendo nueve edificios judiciales en Vilanova y la Geltrú, Igualada, Vilafranca del Penedès, El Prat de Llobregat, Cornellà, Sant Boi, Olot, Santa Coloma de Gramenet y Cerdanyola. Todos estarán acabados a lo largo del próximo año y la inversión total es de 60,62 millones de euros. Después del verano se iniciarán las obras de los edificios judiciales de Manresa, El Vendrell, Granollers, Terrassa y La Bisbal d'Empordà, con un coste de 56 millones de euros. Otros seis edificios están en fase de redacción de proyecto, seis más están en planeamiento urbanístico y en otros ocho inmuebles se realizarán obras de rehabilitación o mejora. En total, 314,9 millones de euros hasta 2010, al margen de la Ciudad de la Justicia.

"Esta cantidad sólo se justifica por los déficit acumulados durante años. Es una apuesta decidida para abordar la herencia que recibimos" de los Gobiernos de CiU, afirma Turró.