Andorra, sólo inmigrantes sanos

Andorra no quiere en su territorio maleantes, drogadictos, ni personas que padezcan algún tipo de enfermedad crónica o contagiosa que con el tiempo puedan representar una carga demasiado onerosa para el sistema público de salud. El Gobierno andorrano admite que, en aplicación de su legislación en materia de inmigración, ha denegado permisos de trabajo y de residencia a un millar de extranjeros que querían instalarse en el país basándose en criterios estrictamente profesionales y en ningún caso por razones de salud de los solicitantes.

La Asociación Médicos Progresistas ha denunciado que, entre 1998 y 2005, el Servicio Médico de Inmigración del Principado rechazó 950 solicitudes de trabajadores por tener hepatitis, diabetes, anticuerpos del virus del sida, problemas con el alcohol o las drogas, ansiedad, sordera, obesidad o miopía.

La ley de inmigración de Andorra tiene entre sus metas la solvencia de la seguridad social

"Si un enfermo tiene capacidad adquisitiva no es rechazado", dice uno de los médicos

La denuncia, dirigida al Colegio Oficial de Médicos de Andorra, ha incomodado al Gobierno que preside el liberal Albert Pintat. Ninguno de sus miembros ha querido manifestarse sobre este asunto [publicado por el EL PAÍS el pasado martes] y remitió a la jefa del gabinete de comunicación y prensa, Maria Teresa Rodrigo.

Rodrigo considera que la polémica "se ha exagerado, extrapolado y descontextualizado" y podría formar parte de una campaña de desprestigio del país. "Andorra concede entre 4.000 y 6.000 permisos anuales y que en siete años se han denegado 950 solicitudes tampoco es un dato espectacular. Se han denegado permisos para ejercer una determinada actividad profesional, pero nunca se ha expulsado a nadie por motivos de salud", explica la portavoz. Defiende a ultranza el derecho de Andorra, como Estado soberano y país receptor de población inmigrante, a establecer mecanismos para "regular la inmigración y proteger los intereses de sus residentes".

Uno de los argumentos esgrimidos para justificar la actual política de inmigración es que hay otros muchos países considerados avanzados, entre ellos Australia, Canadá y Francia, que utilizan el sistema de revisiones médicas para controlar la entrada de inmigrantes. "Nuestra política de inmigración es acogedora para las personas que solicitan un permiso de trabajo y de residencia y para sus familiares", añadió.

El Gobierno del Principado reconoce que una de las finalidades de la vigente ley de inmigración, de 2002, es proteger la solvencia de la seguridad social andorrana, que se rige por un sistema de capitalización que depende de la cotización y aportaciones de los trabajadores. Por ello, considera lógico someter a todas las personas que quieran instalarse en el país a revisiones médicas para detectar posibles enfermedades, principalmente aquellas dolencias crónicas o infectocontagiosas que pueden evolucionar hacia la incapacidad o constituir un peligro para la salud pública.

Desde este punto de vista, las revisiones médicas sirven de filtro y evitan que un trabajador origine gastos sanitarios al poco tiempo de haber obtenido permiso para trabajar, en un momento en que la demanda de servicios médicos y el gasto sanitario aumentan considerablemente. Andorra quiere evitar la picaresca tras haber detectado que ciudadanos españoles en lista de espera de los hospitales públicos solicitan permiso de trabajo y de residencia para ser tratados por la medicina andorrana, más ágil en ciertos casos.

Las autoridades andorranas niegan que el procedimiento denunciado por la Asociación Médicos Progresistas signifique una discriminación o una violación de los derechos humanos, puesto que el Gobierno en ningún momento conoce el motivo por el cual el médico ha declarado apta o no apta a la persona que ha sido sometida a una revisión. Por su parte, el Colegio de Médicos de Andorra rechaza que se vulnere el código deontológico, ya que los médicos informan a los solicitantes del contenido de las revisiones y de las consecuencias posibles del resultado.

Los primeros en denunciar la situación fueron los médicos Alberto de Dios Romero y Gabriela Picco, del Servicio de Medicina Interna del Hospital de La Seu d'Urgell (Lleida). Detectaron en sus consultas a ciudadanos españoles que decían haber sido expulsados de Andorra por motivos de salud. La Asociación Médicos Progresistas es partidaria de que el Gobierno español tome cartas en este asunto y ejerza la presión necesaria ante el Consejo de Europa y el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Judit París, de la Unión Sindical de Andorra(USdA), acusa a los gobernantes del Principado de no respetar los tratados europeos que ha firmado y lamenta que esta organización no pueda denunciar ninguna de las irregularidades que se producen en Andorra "porque los sindicatos somos legales y alegales al mismo tiempo, y los trabajadores tienen miedo porque el 90 % de los contratos son verbales y el despido, libre".

Varias personas a las que en Andorra se les ha detectado una hepatitis B han sido remitidas al hospital de la Seu d'Urgell para que allí se analicen los informes de los médicos andorranos. "Como profesionales que somos, nos limitamos a tratar al paciente", explicó un facultativo del Centro de Asistencia Primaria de La Seu, que compara los reconocimientos que hace Andorra a los que realiza una empresa o aseguradora privada. "¿Es lícito que un sistema de salud pública actúe como una aseguradora privada?", se pregunta. "En un régimen democrático no se puede discriminar a nadie por motivos de salud", añade. "Todo se reduce a un problema de dinero y la enfermedad nunca ha sido rentable. En Andorra tienen un servicio que salvaguarda los intereses del capital andorrano. Si una persona enferma tiene capacidad adquisitiva y depósitos en la banca nacional no es rechazada".

En un comunicado firmado por la presidenta de los médicos andorranos, Meritxell Fiter, se admite que utilizar el criterio de la salud como discriminante para conceder el permiso de inmigración a los solicitantes de un permiso de residencia y de trabajo plantea problemas sobre todo "cuando las finalidades no están claramente expresadas", como cuando se utiliza el término "salud" y debería decirse "contención del gasto sanitario". "Una normativa más explícita y convincente respecto a las razones reales para no aceptar personas portadoras de enfermedades no asumibles por el sistema sanitario andorrano podría hacer disminuir el sentimiento extendido entre nosotros de que en este proceso se pueden rozar los límites de los derechos humanos", añade.