El Supremo anula los tribunales de Guantánamo

El presidente George W. Bush se extralimitó en su autoridad, falló ayer el Tribunal Supremo de Estados Unidos, cuando, después del 11-S, ordenó que los detenidos como presuntos terroristas en Afganistán y otros lugares fueran procesados en tribunales extraordinarios, las llamadas comisiones militares. Esas comisiones "violan los acuerdos internacionales sobre prisioneros de guerra y las normas militares de EE UU", afirmó John Paul Stevens en nombre de la mayoría del tribunal, que asestó un fortísimo revés a la política de la Casa Blanca. El presidente Bush expresó su deseo de negociar una salida con el Congreso y dijo: "Los norteamericanos deben saber que esta decisión no significa que los asesinos van a ir a la calle".

El Supremo abordó el caso de Salim Ahmed Hamdan, el yemení que trabajó como chófer y guardaespaldas de Osama Bin Laden y uno de los diez únicos procesados de Guantánamo en Comisión Militar. "Estas comisiones no fueron autorizadas específicamente por el Congreso", subrayó Stevens, y añadió que cualquier tribunal "debe incorporar un mínimo de garantías reconocidas en las leyes internacionales". "El juicio mediante comisiones militares suscita preocupaciones de primerísimo orden sobre el principio de separación de poderes", escribió en su justificación de voto Anthony Kennedy, que jugó un papel fundamental en la decisión, porque, como moderado, es uno de los votos habitualmente indecisos del tribunal.

"El Congreso no le dio al Ejecutivo un cheque en blanco", argumentó por su parte el liberal Stephen Breyer en una opinión separada. "De hecho, el Congreso ha denegado específicamente la autoridad legislativa para crear comisiones militares; no hay nada que impida al presidente volver al Capitolio y solicitar la autoridad que él considera necesaria".

El fallo del Supremo -que el Gobierno había anticipado, porque tenía indicios, pero que no por ello dejó de ser una tremenda bofetada a su política antiterrorista- sorprendió al presidente en plena reunión con el primer ministro japonés, Junichiro Koizumi, y Bush no quiso extenderse en su reacción hasta no haber analizado las decisiones, que ocuparon 177 páginas.

Cinco votos contra tres

El presidente trató de restar importancia al hecho de que el fallo pone patas arriba buena parte de su política antiterrorista, justificada por su condición de comandante en jefe en la guerra contra el terrorismo, al margen de controles parlamentarios, judiciales e internacionales. Bush sugirió una vía de avance al acogerse a la vía señalada por el magistrado Breyer: "Puesto que hay espacio para trabajar con el Congreso y determinar si los tribunales militares serán una posibilidad para que la gente comparezca ante la justicia, lo haremos". Y reiteró: "Lo que no voy a hacer es poner en peligro la seguridad de los estadounidenses".

La decisión se tomó por cinco votos contra tres; el presidente del Supremo, John Roberts, se había autorrecusado porque cuando era miembro de un tribunal de recursos falló precisamente contra la petición de juicio ordinario para Salim Ahmed Hamdan.

Entre las opiniones de la minoría llamó la atención la del magistrado Clarence Thomas. El fallo, en su opinión, "dificulta seriamente la capacidad presidencial para enfrentarse a un enemigo mortal y derrotarle". Para subrayarlo, Thomas leyó -por primera vez en los 15 años que lleva en el Supremo- su opinión. "Es al mismo tiempo peligroso y sin precedentes que parezca que el Supremo dude de la determinación del Ejecutivo de que estos conspiradores deban ser procesados". Los otros dos magistrados más conservadores, Antonin Scalia y Samuel Alito, también votaron en contra. "Parece claro que las comisiones cumplen las condiciones establecidas por la Administración para juzgar a los acusados de terrorismo", en opinión de Alito, el último juez incorporado al Supremo.

Hace exactamente dos años, el alto tribunal ya dio una indicación coherente con el fallo de ayer, cuando rechazó la pretensión del Gobierno de mantener detenidos por tiempo indefinido y sin asistencia legal a los prisioneros capturados en Afganistán o en otros lugares.

En Hamdan versus Rumsfeld, 05-184, este yemení de 36 años admitió haber sido conductor y guardaespaldas de Bin Laden, pero negó pertenecer a Al Qaeda. Lleva cuatro años en Guantánamo, acusado de un delito de conspiración de delitos de guerra contra estadounidenses. "Lo que queríamos era exactamente esto: claridad en las normas y un juicio justo, y por eso le damos las gracias al Supremo", dijo el teniente Charles Swift, su defensor, que opinó que ahora debe ser juzgado en dos posibles instancias: un Consejo de Guerra o un tribunal federal ordinario. "El fallo supone volver a nuestros valores fundamentales", dijo Swift, feliz en su blanco uniforme de oficial de la Marina.

El Centro de Derechos Constitucionales, que respaldó la defensa de Hamdan, dijo -a través de su presidente, Michael Ratner- que se trata de "una importante victoria para la Constitución y para la justicia". El Supremo "ha rechazado el intento de Bush de esquivar los tribunales. Ahora, el presidente debe actuar: que juzgue a nuestros clientes o que los ponga en libertad". Ratner valoró especialmente el hecho de que el Supremo afirmara que la Convención de Ginebra afecta a todos los detenidos de la guerra contra el terrorismo: "La gente debe ser tratada de manera humanitaria y el Gobierno no puede colocarse por encima de la ley".

Papel constitucional vital

Los demócratas saludaron la decisión que, en palabras del senador Ted Kennedy, "supone un rotundo rechazo del ilegal comportamiento del Gobierno de Bush en Guantánamo". Para Kennedy, es "muy apropiado" que haya llegado en vísperas del 4 de julio, aniversario de la independencia de EE UU. "El Supremo ha demostrado de nuevo su papel constitucional vital como control y equilibrio del Ejecutivo y el Legislativo", afirmó el también senador Carl Levin. "Es un triunfo del imperio de la ley", para la líder de la minoría en la Cámara, Nancy Pelosi.

Los republicanos sufrieron una ducha de agua fría. John Boehner, líder de la mayoría en la Cámara, destacó que Guantánamo ha ayudado a que los estadounidenses hayan estado más seguros y que tener allí a los participantes en la guerra de Afganistán "ha sido muy útil para la seguridad nacional". John Warner, presidente del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, dijo que el Congreso actuará rápidamente para crear un nuevo marco legal que aborde el tratamiento de los detenidos en Guantánamo. "Estoy seguro de que encontraremos la forma de proporcionarles justicia de acuerdo con nuestras leyes y las leyes internacionales".