La fiscal intenta elevar las penas para los ex directivos de Tele 5

La fiscal Pilar Melero intentó ayer presentar un nuevo escrito de conclusiones, que suponía un cambio en la calificación jurídica de varios delitos y un posible aumento de penas para Miguel Durán y los otros siete ex directivos de Tele 5, en el primer día del juicio que se celebra contra ellos en la Audiencia Nacional. El abogado del Estado se sumó a la estrategia de la fiscalía, pero el tribunal rechazó los escritos para no tener que suspender el juicio.

La Fiscalía Anticorrupción había elaborado en febrero de 2003 un escrito de conclusiones provisionales en el que solicitaba 14 años de prisión y multas que sumaban 103 millones de euros para el principal imputado, el ex presidente de Tele 5 y de la ONCE Miguel Durán. El escrito, elaborado por el fiscal Carlos Castresana, pedía penas de 10 años y multa de 37 millones de euros para Santiago Muñoz Machado; de ocho años y multa de 50 millones de euros para Rafael Álvarez-Buiza y Ángel Medrano; de cinco años de cárcel y multa de 30 millones de euros para Javier de la Rosa; de dos años para Alfredo Mesina y Juan Carlos López Cid, y de un año para Giovanni Acampora.

Sin embargo, tres años después, Castresana ya no está en la Fiscalía Anticorrupción y se ha hecho cargo del caso la fiscal Melero. Y ella considera que, aunque el relato de los hechos es correcto y los autores son los mismos, tal y como señalaba su compañero Castresana, la calificación jurídica puede ser diferente, y además de los delitos continuados contra la Hacienda Pública, algunos de los delitos pueden ser calificados como otorgamiento de contrato simulado, apropiación indebida, falsedad documental y delito societario.

La nueva calificación, a la que se ha sumado el abogado del Estado, no supone grandes modificaciones en las penas solicitadas, aunque sí un leve aumento de un año de prisión para la mayoría de los acusados y al menos 30 millones de euros más de multa para Durán, que podría ser condenado hasta con 143 millones de euros de multa.

La intención de la fiscal Melero era buena. Pretendía informar a las defensas de cuáles iban a ser sus líneas de actuación durante el juicio y que no se encontrasen en el trámite de conclusiones definitivas con unas acusaciones diferentes a las que no habrían podido combatir durante el juicio. En definitiva, trataba de jugar limpio.

Sin embargo, los abogados de la defensa, con Javier de la Rosa a la cabeza, reclamaron la suspensión del juicio por entender que la fiscal no podía presentar una nueva calificación jurídica en un trámite procesal, como el de las cuestiones previas, en el que no está previsto hacerlo.

Formalmente, los letrados de la defensa tenían razón y, además, la admisión de los escritos hubiera obligado al tribunal a suspender la vista, por una razón técnica, ya que uno de los acusados se encuentra preso en Italia y puede juzgar en ausencia, porque la petición para él es de un año. Como la fiscal iba a elevar la petición para él a dos años, habría que haber suspendido el juicio.

Por ello, tras una breve deliberación, la presidenta, Manuela Fernández Prado, decidió no admitir la nueva calificación de la fiscal, y el juicio prosigue con la presentación de las cuestiones previas.