Andalucía plantea nuevos criterios de reparto en el modelo de financiación

El Ministerio de Economía ya tiene en su poder la propuesta de la Junta de Andalucía (PSOE) para el nuevo modelo de financiación autonómica. El Ejecutivo andaluz da por bueno el acuerdo que alcanzó en enero el Gobierno con los partidos catalanes CiU, PSC e ICV, para aumentar los ingresos autonómicos: aumentar la atribución a las comunidades del IRPF (del 33% al 50%), el IVA (del 35% al 50%) y de los impuestos especiales, aunque en este caso la Junta cree suficiente llegar al 50%, frente al 58% pactado. Las principales novedades de la propuesta andaluza están en los criterios para determinar las necesidades de gasto de cada comunidad.

Así, en la propuesta que hizo pública ayer la Junta, se apuesta por mantener la población como variable determinante para calcular el gasto por comunidad, pero con varias modificaciones. A imagen de lo que ya pasa con el gasto sanitario y los servicios sociales, la Junta quiere desgajar también de las competencias comunes la educación, para la que se establecería otro bloque de financiación específico con la población en edad escolar como criterio básico. A las variables que ya se tienen en cuenta al calcular el gasto sanitario (población protegida, mayores e insularidad), la Junta quiere añadir la "población menor de cuatro años" y "el estado de salud de la población", que plantea medir a través de la mortalidad por grupo de edad. En cuanto a los servicios sociales, se agrega a los mayores, la población dependiente y la renta relativa de cada comunidad.

La Junta también concreta su exigencia de incrementar el Fondo de Compensación Interterritorial, ideado para compensar a las comunidades más pobres. De su petición inicial de doblar el fondo, dotado en 2006 con 1.159 millones, ha pasado ahora a vincularlo a "la capacidad de crecimiento de la economía española", con una aportación equivalente al 0,3% del PIB nacional.