Anticorrupción revisa documentos que no le envió Zaplana de una campaña publicitaria
El Tribunal de Cuentas remite a la fiscalía información sobre la propaganda de las pensiones
La Fiscalía Anticorrupción estudia si los documentos que el Ministerio de Trabajo bajo mandato de Eduardo Zaplana no le remitió sobre su campaña de publicidad de revalorización de pensiones de 2003 destruyen o no el fundamento con el que archivó en septiembre de 2004 su investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación. Esa campaña fue adjudicada a la empresa Carat, donde trabajaba el ex portavoz del Gobierno Miguel Ángel Rodríguez. La fiscalía del Tribunal de Cuentas envió la documentación a Anticorrupción tras detectar que nunca la recibió.
Anticorrupción archivó el caso aunque su unidad de apoyo de la Intervención General del Estado emitió un escrito que, según la auditoría del Tribunal de Cuentas, "viene a coincidir con este informe en la improcedencia de la aplicación por el INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social) del artículo 210 c de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en el que se fundamentó por el INSS indebidamente la aplicación del procedimiento negociado sin publicidad". "La justificación del expediente es muy débil, que la imperiosa urgencia es inexistente, que los acontecimientos han sido perfectamente previsibles y que para su ejecución, según ley, se disponía de un plazo que finalizaba el 1 de abril de 2003, no existiendo razón alguna -salvo las políticas- para anticipar su pago a 15 de enero de 2003", alertaba. El ex secretario de Estado de Seguridad Social, Gerardo Camps, destaca en sus alegaciones que el caso se archivó "sin que al compareciente ni a ninguno de sus superiores se les recibiera declaración".
En consonancia con el hecho de que la revalorización de las pensiones era un hecho previsible por el Gobierno del PP, el primer bloque de documentos que ha enviado el fiscal del Tribunal de Cuentas a Anticorrupción es el relativo "a los antecedentes de la contratación (referidos tanto a la planificación publicitaria e informativa del INSS para el ejercicio 2003, como el contrato que, teniendo en cuenta los mismos presupuestos de hecho -la desviación del IPC y la revalorización automática de las pensiones- fue celebrado anticipadamente por el propio INSS para la práctica de las notificaciones individualizadas a los pensionistas".
El fiscal del Tribunal de Cuentas también ha remitido a Anticorrupción la "documentación relativa a la modificación del contrato acordada al día siguiente de su adjudicación". Dicho cambio fue sustancial: el objetivo de la campaña dejó de ser los pensionistas, para destinarse a "la ciudadanía en general". También ha sido enviada a la fiscalía Anticorrupción toda la documentación relativa a la ejecución del contrato: facturas, documentos contables, plan de medios, etcétera.
Informe 'post test'
Pero acaso el paquete de documentación más relevante que no fue remitido por el ministerio de Trabajo bajo mandato de Zaplana y que ahora ya obra en poder de Anticorrupción es el referido al post test elaborado por la empresa adjudicataria en cumplimiento del contrato. Particularmente, el certificado de conformidad del INSS con los servicios prestados en el que se refleja "de forma explícita la realización del estudio post test, que analiza la campaña publicitaria desde el punto de vista del objetivo subyacente de destacar el pretendido contraste del MIEDO (Gestión del PSOE) con la SEGURIDAD (Gestión del PP)".
Entretanto, sigue aún en sus primeras fases de tramitación en el Tribunal de Cuentas el proceso de enjuiciamiento, a través de la sección correspondiente, a los ex altos cargos de Trabajo que se determine por supuestos alcances (daño para la hacienda pública) que en común o por separado hallaron el fiscal y el abogado del Estado del Tribunal de Cuentas en cuatro puntos de la gestión de Zaplana: campañas de las pensiones de 2003 y 2004, asesoramiento del plan global de comunicación del ministerio, y campaña contra el fraude social de 2002.
Zaplana se declaró ayer "tranquilo" por dicha revisión del caso, pero bajo un "mecanismo de presión".
Gaspar Llamazares, líder de IU, auguró que "sin duda será castigado por la justicia" porque "aunque intente ocultarlo, tiene un grave problema". El diputado socialista Francesc Vallés considera que "Zaplana hizo un uso partidista de la publicidad institucional".
